Racionalidad, lógica y sentido común

Colombia ha dado un paso con la nueva reforma laboral que, en apariencia, busca dignificar el trabajo y fortalecer las garantías de quienes ya están en la formalidad. Se amplían los recargos nocturnos y dominicales, se restringen los contratos temporales y se establece el contrato a término indefinido como regla general. Todo esto parece avanzar en la dirección correcta desde un punto de vista ético y político: reconocer que el trabajo no puede seguir siendo precario y que los trabajadores necesitan mayor estabilidad y seguridad. Sin embargo, la realidad es más compleja. En un país donde más del 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad y donde el desempleo estructural golpea de manera especial a jóvenes y mujeres, elevar los costos de contratación puede terminar siendo un privilegio para unos pocos y un muro infranqueable para la mayoría que aún busca un empleo estable. Este es el primer contraste: una reforma que promete inclusión puede, paradójicamente, profundizar la e...

Hablar del gobierno es hablar de un dilema que ha acompañado a la humanidad desde que los primeros grupos humanos comprendieron que la convivencia requería de reglas. Pero también es hablar de la eterna tensión entre la necesidad de un orden que proteja a todos y el peligro de que ese mismo orden se convierta en una maquinaria de dominación. Ayn Rand, en su célebre ensayo *The Nature of Government*, planteaba que el único propósito legítimo del gobierno es la protección de los derechos individuales y que cualquier desviación hacia fines distintos lo convierte en un instrumento de coerción. Aunque sus postulados surgen en el contexto del siglo XX norteamericano, resultan sorprendentemente pertinentes para analizar la Colombia del presente, donde el gobierno oscila entre ser garante de libertades y promotor de intervenciones que restringen la iniciativa individual en nombre de objetivos colectivos. La discusión se vuelve especialmente relevante en un país como el nuestro, donde el Estado...

La transformación de los medios de comunicación no es un asunto futurista ni un fenómeno lejano, es una realidad que hoy atraviesa la manera en que nos informamos y la forma en que se construye la opinión pública en Colombia y en el mundo. Lo que antes era una relación vertical entre un medio emisor y un receptor pasivo, hoy es un espacio horizontal, fragmentado, inmediato y permanentemente cuestionado. El ciudadano ya no recibe las noticias como una verdad incuestionable, ahora se pregunta de dónde provienen, quién financia al medio que las transmite y cuáles son los intereses que hay detrás de la narración. Este cambio, que puede parecer natural con el avance tecnológico, tiene implicaciones políticas, económicas y sociales que afectan directamente a la democracia y a la calidad del debate público. El problema no radica únicamente en que los periódicos impresos ya no vendan lo que solían vender o que los noticieros tengan menos audiencia que hace veinte años, sino en la profunda pérd...

En Colombia, hablar de salario mínimo es casi tocar una fibra sensible del debate público. Para muchos, representa el símbolo de la justicia social y la redistribución, una herramienta que garantiza que quienes trabajan reciban una paga más digna. Esa convicción tiene un atractivo moral inmediato, pues resulta intuitivo pensar que, al fijar un ingreso más alto, los trabajadores mejorarán su nivel de vida. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad se esconden dinámicas económicas complejas que rara vez se discuten con la misma pasión con que se enarbola la bandera del “derecho al salario digno”. En la realidad, imponer un salario mínimo por encima del producto marginal del trabajador genera efectos invisibles: encarece la contratación, reduce la demanda de mano de obra y desplaza a quienes se encuentran en las márgenes del mercado laboral, especialmente jóvenes y personas con baja cualificación. En este punto, la experiencia colombiana es reveladora. Según cifras del DANE, la info...

La celebración del desempleo en cifras históricamente bajas en Colombia es hoy uno de los titulares más recurrentes en los medios. Se presenta como un triunfo de la política económica y como evidencia de que el país avanza en la dirección correcta. Sin embargo, detrás de la aparente victoria se esconde una verdad incómoda: la reducción de la tasa de desempleo no necesariamente significa prosperidad, ni mejora de las condiciones de vida, ni estabilidad laboral. La euforia con la que se han recibido los informes del DANE refleja más bien la urgencia de un relato optimista en medio de un clima social y político marcado por la incertidumbre, que un verdadero análisis de las condiciones estructurales del mercado laboral. Celebrar el desempleo bajo sin discutir la calidad de los trabajos creados es como aplaudir la construcción de casas sin preguntarnos si tienen cimientos firmes o techos que protejan de la lluvia. La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,6 % en junio de 2025, el regis...

El verdadero derrumbe de una sociedad no suele anunciarse con fuegos artificiales ni con un colapso súbito que todos puedan reconocer de inmediato. Por el contrario, se manifiesta en el desgaste silencioso, casi imperceptible, de la vida cotidiana. Colombia, al igual que tantas otras naciones atrapadas en la maquinaria del intervencionismo estatal, no vive a la espera de un cataclismo económico, sino que ya atraviesa su ajuste de cuentas: un deterioro progresivo de la calidad de vida, una erosión paulatina de la confianza en las instituciones y una pérdida constante de la capacidad de generar riqueza. Lo que se presenta como “avance social” no es más que la sofisticación de un sistema que premia la dependencia y castiga la iniciativa. La historia ofrece ejemplos elocuentes de que la decadencia rara vez ocurre de manera abrupta. Gran Bretaña, potencia indiscutible en el siglo XIX, vio su hegemonía diluirse a lo largo del siglo XX no por una derrota militar repentina, sino por el peso ca...

La afirmación es simple y conviene repetirla con crudeza: querer importar las normas de calidad del sector privado al Estado sin cambiar la estructura de incentivos es como poner timón de fibra de carbono a un barco sin timón. En Colombia, la Nueva Gestión Pública intentó introducir herramientas como las certificaciones ISO, los indicadores de gestión o los contratos por desempeño, todas ellas pensadas para mercados donde el cliente tiene la libertad de elegir y castigar al proveedor que no cumple. Pero el Estado no compite: en buena parte de sus funciones existe un monopolio legal que obliga al ciudadano a volver indefinidamente a la misma ventanilla, sea cual sea la calidad del servicio. Esa asimetría inicial, el hecho de que el proveedor público es el único posible, desactiva el motor más potente de mejora que existe en el sector privado: la amenaza real de perder mercado. Conviene detenerse en esta idea porque no es un tecnicismo. En el mercado, el cliente insatisfecho castiga reti...

En Colombia hablar de salud pública es tocar una fibra sensible de la sociedad. No hay colombiano que no haya experimentado la desesperante espera en una sala de urgencias, la angustia de una autorización negada o la sensación de que el sistema de salud, en lugar de estar al servicio de la vida, se sostiene sobre un entramado de trámites, papeles y protocolos que parecen diseñados más para proteger a la institución que al paciente. El problema, sin embargo, no se reduce a una simple queja ciudadana; es estructural, y radica en la lógica misma de cómo funciona la burocracia estatal en el ámbito de la salud. Max Weber advirtió que la burocracia es necesaria para garantizar la previsibilidad y la organización, pero también alertó sobre sus excesos y su rigidez. Ludwig von Mises fue más radical: sin mercado, sin precios y sin competencia, toda burocracia se vuelve incapaz de medir si lo que hace es valioso o si desperdicia recursos. La salud pública, atrapada en ese dilema, encarna de mane...

Cuando se analiza el devenir económico y político del siglo XX y lo que va del XXI, resulta inevitable poner frente a frente dos paradigmas que han marcado la historia: el keynesianismo y la visión liberal austríaca, representada con contundencia por Ludwig von Mises. El primero, erigido como salvación en medio de la Gran Depresión, prometió que la intervención estatal en la economía —a través del gasto público, el déficit fiscal y la manipulación monetaria— era el camino para garantizar el pleno empleo y la estabilidad. El segundo, con una mirada mucho más escéptica hacia el poder del Estado, advertía que esas mismas medidas no eran sino el preludio de distorsiones, ciclos de auge y caída cada vez más violentos y, en última instancia, el debilitamiento de las bases mismas de la libertad. El keynesianismo tuvo su momento de gloria en la posguerra. Europa, devastada, encontró en el Estado benefactor y en la planificación económica parcial una narrativa de reconstrucción. En Estados Unid...

La historia económica y política demuestra que, frente al fracaso masivo de los gobiernos, la respuesta recurrente ha sido otorgarles aún más poder. Es el ciclo descrito con agudeza por Robert Higgs en su obra “Crisis y Leviatán”: cada conmoción social, ya sea provocada por la guerra, el terrorismo, las pandemias o los colapsos financieros, se convierte en la excusa perfecta para ampliar el alcance del Estado. Lo que nace como una medida temporal, con la promesa de resolver una urgencia, termina cristalizado como una estructura permanente de control, gasto y burocracia que se resiste a desaparecer. El caso colombiano no es ajeno a esta dinámica. Hoy, en Colombia, atravesamos una coyuntura en la que el Estado ha asumido un papel cada vez más invasivo en nombre de la justicia social, la redistribución y la necesidad de enfrentar crisis estructurales como la inequidad, la violencia o el cambio climático. Sin embargo, la evidencia muestra que mientras más poder se concentra en las manos de...

La sorpresa colectiva que hoy muchos proclaman como estrepitosa es, en realidad, una ceguera voluntaria: no tanto la incapacidad de prever, sino la voluntad de no ver. Cuando se estudia la política como fenómeno humano —no como espectáculo, sino como suma de incentivos, estructuras y consecuencias— resulta evidente que las promesas radicales, las rupturas bruscas con reglas de juego económicas y las negociaciones con actores armados tenían el potencial de generar fricciones profundas en la sociedad colombiana. Sin embargo, en la práctica electoral y mediática se impuso la narrativa del “cambio inmediato” y la convicción de que la buena intención bastaría para anular costos. Esa convicción se pagó con pérdida de confianza, aumento de la incertidumbre y tensiones económicas que hoy se manifiestan con claridad. La evidencia macroeconómica más visible —y la que menos consuela a quien sufre en el día a día el alza de precios— es que el costo de la vida ha vuelto a apretar. La inflación anua...

En los últimos años, la democracia liberal se ha transformado en un credo que no admite fisuras, en un dogma que exige adhesión total a un conjunto de valores que, bajo la bandera de los derechos humanos y los derechos civiles, han terminado por desplazar el núcleo esencial del liberalismo clásico. La tradición liberal nació para limitar el poder y proteger al individuo frente al Estado, pero el progresismo político contemporáneo la ha reinterpretado como un proyecto inclusivo que exige expandir derechos a través de mecanismos de intervención estatal. En esta disputa se oculta una paradoja: mientras se proclama más democracia y más libertad, se restringe el derecho fundamental que da origen a toda autonomía, el derecho de propiedad. En Colombia este debate no es ajeno, aunque a menudo se camufla en discusiones sobre la equidad social, la redistribución o la justicia económica. Los mismos argumentos que se han instalado en los Estados Unidos o en Europa bajo el discurso de la “inclusión...

La economía laboral en Colombia atraviesa un momento crítico que no puede seguir siendo maquillado con cifras parciales de reducción en la tasa de desempleo. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es qué tipo de empleo se está creando y bajo qué condiciones. La respuesta, incómoda pero necesaria, es que el trabajo a tiempo completo, formal y con estabilidad está desapareciendo progresivamente, y con él también se extinguen los empleos industriales que en el pasado fueron el pilar del desarrollo, la movilidad social y la consolidación de una clase media con capacidad de consumo. La economía laboral empeora porque lo que se ofrece en su lugar es empleo precario, de baja productividad y sin garantías, lo que erosiona las bases de la cohesión social y perpetúa un círculo de desigualdad. Durante la segunda mitad del siglo XX, la industria manufacturera fue sinónimo de progreso en Colombia. Ciudades como Medellín se convirtieron en capitales textiles, Cali en un epicentro de bienes de...

En Colombia hemos caído en la trampa de asumir que todo problema nacional, desde la pobreza hasta el precio de los alimentos, desde la seguridad hasta la educación, debe tener como respuesta inmediata la intervención del Estado. Esta convicción no es un rasgo exclusivo de nuestra sociedad, sino un paradigma que atraviesa a buena parte de las democracias contemporáneas: la idea de que no hacer nada sería sinónimo de abandono, de irresponsabilidad y de negligencia. Lo irónico es que muchas de las dificultades que hoy aquejan a nuestro país tienen su raíz precisamente en las intervenciones pasadas, en la obsesión por regular, subsidiar, decretar y controlar cada aspecto de la vida social y económica. Y sin embargo, cuando el fracaso se hace evidente, la reacción no es cuestionar la pertinencia de la intervención misma, sino clamar por más de lo mismo, en un círculo vicioso que nunca se rompe. El intervencionismo se sostiene en un espejismo de inmediatez. Cuando un gobierno anuncia un subs...