El poder y sus límites

Hablar del gobierno es hablar de un dilema que ha acompañado a la humanidad desde que los primeros grupos humanos comprendieron que la convivencia requería de reglas. Pero también es hablar de la eterna tensión entre la necesidad de un orden que proteja a todos y el peligro de que ese mismo orden se convierta en una maquinaria de dominación. Ayn Rand, en su célebre ensayo *The Nature of Government*, planteaba que el único propósito legítimo del gobierno es la protección de los derechos individuales y que cualquier desviación hacia fines distintos lo convierte en un instrumento de coerción. Aunque sus postulados surgen en el contexto del siglo XX norteamericano, resultan sorprendentemente pertinentes para analizar la Colombia del presente, donde el gobierno oscila entre ser garante de libertades y promotor de intervenciones que restringen la iniciativa individual en nombre de objetivos colectivos.

La discusión se vuelve especialmente relevante en un país como el nuestro, donde el Estado ha crecido hasta ocupar espacios de la vida privada que alguna vez estuvieron reservados a la responsabilidad individual. En Colombia, hablar de gobierno no es una abstracción teórica, es una experiencia diaria: el pequeño empresario que enfrenta trámites interminables y costosos para formalizar su negocio; el ciudadano común que ve cómo la corrupción desvía los recursos destinados a la educación o la salud; el campesino que depende de subsidios inciertos y cambiantes para poder sembrar su tierra. Todos ellos son ejemplos de cómo el aparato estatal puede pasar de protector a opresor, de árbitro imparcial a jugador con intereses propios.

La legitimidad del gobierno, siguiendo el razonamiento de Rand, no proviene de la cantidad de políticas sociales que impulse ni de la magnitud de su presupuesto, sino de su capacidad para garantizar que cada individuo pueda ejercer sus derechos sin ser víctima de la fuerza, el fraude o la violencia. Pero cuando el Estado asume funciones más allá de ese núcleo, termina distorsionando los incentivos naturales de la sociedad. En lugar de ser un garante, se convierte en un competidor desleal o en un proveedor paternalista. Pensemos en el sistema de salud: el debate en torno a la reforma actual no se centra solo en cómo garantizar cobertura, sino en quién debe tener el poder de decidir —si el Estado en su rol centralizador o los individuos y las instituciones que ellos eligen libremente—. En la práctica, lo que está en juego es la naturaleza misma del gobierno: si debe limitarse a asegurar reglas claras y justicia imparcial, o si debe asumir la dirección de nuestras vidas bajo el argumento de protegernos de nosotros mismos.

Las palabras de Friedrich Hayek, otro pensador liberal del siglo XX, resuenan con fuerza en este contexto. Hayek advertía sobre “el camino de servidumbre”, esa pendiente resbaladiza en la que los gobiernos, con buenas intenciones, terminan anulando las libertades en nombre del bienestar. Colombia, con sus intentos constantes de sustituir la iniciativa privada por la planificación estatal, camina peligrosamente cerca de ese sendero. Lo vemos en la creciente desconfianza hacia la inversión privada, en el discurso político que sataniza al empresario mientras promete soluciones mágicas desde el poder central, y en la cultura que ha convertido al Estado en la primera y casi única fuente de soluciones, en lugar de reconocer el potencial creativo de la sociedad civil.

Ahora bien, no se trata de negar la realidad de la desigualdad, ni de ignorar que millones de colombianos dependen de programas sociales. El punto es otro: ¿es legítimo que el gobierno se erija como redistribuidor de riqueza y árbitro de lo que cada ciudadano merece, en lugar de limitarse a proteger el marco en el cual cada persona pueda generar su propio bienestar? Esta pregunta, lejos de ser abstracta, toca el corazón de nuestra cultura política. El “Estado benefactor” ha creado en Colombia una ciudadanía acostumbrada a reclamar derechos sin asumir responsabilidades, lo que genera un círculo vicioso de dependencia y frustración.

La naturaleza del gobierno también se revela en la forma en que se administra la justicia. En teoría, el poder judicial es el árbitro imparcial que garantiza que la fuerza no se use de manera arbitraria. Sin embargo, en la práctica colombiana, la justicia se percibe como lenta, selectiva y politizada. Cuando el ciudadano común sabe que el poderoso rara vez paga por sus delitos, la confianza en el Estado se erosiona y la tentación de recurrir a la justicia por mano propia reaparece. Rand tenía razón al advertir que, sin un sistema objetivo de leyes y tribunales imparciales, la sociedad degenera en una jungla donde prevalece la ley del más fuerte. Colombia, con sus altos índices de impunidad, vive ese riesgo a diario.

Al observar el panorama internacional, las comparaciones se vuelven inevitables. Estados Unidos, pese a sus propias tensiones internas, ha mantenido como principio fundacional la limitación del poder del Estado a través de la Constitución. Países como Venezuela, en cambio, representan la cara opuesta: gobiernos que bajo la promesa de justicia social terminaron devorando las instituciones y reduciendo a cenizas las libertades individuales. En Colombia, estamos permanentemente debatiéndonos entre ambos modelos, atrapados entre la aspiración de un Estado protector y la necesidad de un Estado limitado.

La pregunta de fondo no es si el gobierno debe existir —eso sería un absurdo—, sino qué tan lejos debe llegar. La experiencia histórica demuestra que cada vez que el poder político expande sus fronteras más allá de la protección de derechos, lo que sigue es la erosión de la libertad. Y sin libertad no hay innovación, no hay riqueza, no hay justicia posible. La verdadera grandeza de un país no se mide por el tamaño de su presupuesto estatal, sino por la capacidad de sus ciudadanos para crear, emprender y vivir sin miedo a que la fuerza de la ley sea utilizada contra ellos en beneficio de intereses particulares.

En tiempos en que el discurso político en Colombia se llena de promesas de protección, subsidios y regulaciones, resulta urgente recordar la advertencia de Rand: el gobierno no es un benefactor omnipotente, es un instrumento de coerción que solo se legitima cuando se autolimita. La grandeza de una república radica en que sus gobernantes comprendan que el poder no les pertenece, sino que les ha sido delegado para un fin muy específico: proteger al individuo de la fuerza. En la medida en que olvidemos esta verdad, seguiremos atrapados en un ciclo de frustración, dependencia y conflicto. Y tal vez lo más disruptivo hoy sea defender la idea de un gobierno pequeño, pero fuerte en lo que realmente importa: garantizar que cada ciudadano, sin importar su condición, pueda ejercer sus derechos en libertad.