El colapso anunciado

La sorpresa colectiva que hoy muchos proclaman como estrepitosa es, en realidad, una ceguera voluntaria: no tanto la incapacidad de prever, sino la voluntad de no ver. Cuando se estudia la política como fenómeno humano —no como espectáculo, sino como suma de incentivos, estructuras y consecuencias— resulta evidente que las promesas radicales, las rupturas bruscas con reglas de juego económicas y las negociaciones con actores armados tenían el potencial de generar fricciones profundas en la sociedad colombiana. Sin embargo, en la práctica electoral y mediática se impuso la narrativa del “cambio inmediato” y la convicción de que la buena intención bastaría para anular costos. Esa convicción se pagó con pérdida de confianza, aumento de la incertidumbre y tensiones económicas que hoy se manifiestan con claridad.

La evidencia macroeconómica más visible —y la que menos consuela a quien sufre en el día a día el alza de precios— es que el costo de la vida ha vuelto a apretar. La inflación anual en Colombia se ubicó recientemente por encima del 5%, una cifra que, más allá de su lectura técnica, representa hogares cuyo presupuesto básico pierde poder de compra y empresas que enfrentan mayores costos operativos. Ese dato no es una sensación: es la medición estadística del deterioro del poder adquisitivo que explica, en buena medida, la indignación social cuando los salarios y las pensiones no rinden lo que antes.

No es casual que, frente a un aumento del costo de la vida, el Gobierno proponga mecanismos de mayor recaudación. La hoja de ruta fiscal presentada en el Congreso busca recaudar cifras históricas para financiar nuevos programas sociales, pero incluye aumentos significativos en distintos rubros tributarios y plantea una presión mayor sobre la actividad económica privada. La política fiscal es, por definición, una herramienta legítima del Estado; el problema surge cuando su diseño y ritmo colisionan con una economía que demanda confianza, inversión y previsibilidad. El resultado previsible de esa combinación es la desaceleración del crecimiento y el aumento de la informalidad, que ya supera el 55% en algunas ciudades intermedias.

La reacción empresarial y la respuesta de los flujos de capital no se hicieron esperar. Las señales de inversión extranjera directa mostraron una tendencia a la desaceleración en 2025, un síntoma clásico de desconfianza: cuando los incentivos aparentes cambian de forma abrupta, el capital busca refugio o reevaluación; cuando el marco regulatorio parece menos predecible, la decisión de invertir —que depende de horizontes largos— se posterga o se desvía. La caída en la inversión no solo afecta cifras macroeconómicas: se traduce en empleos no creados, proyectos detenidos y menor capacidad de crecimiento futuro, algo que golpea directamente a las regiones donde se esperaba dinamismo productivo.

A la par de la cuestión económica, la promesa política más emblemática del Gobierno —la llamada “Paz total”— ha mostrado que la lógica de los discursos no equivale a la dinámica real en territorios donde operan estructuras criminales con incentivos perversos. El intento de integrar o negociar con actores armados sin una estrategia de Estado que combine fuerza legítima, inteligencia y mecanismos de sustitución de economías ilícitas corre el riesgo de reeditar escenarios donde la violencia no solo no cede, sino que se transforma y fragmenta. Los registros de masacres y asesinatos de líderes sociales en 2024 y 2025 hablan de esa complejidad: la paz no se decreta, se construye sobre instituciones capaces de garantizar seguridad y desarrollo en los territorios.

La suma de políticas —fiscales más expansivas, diálogo con actores armados sin anclaje institucional firme y una percepción creciente de debilitamiento en la capacidad de control del Estado— termina alimentando otro mal menos cuantificable pero igualmente corrosivo: la percepción de corrupción y la erosión de legitimidad. Los escándalos de gestión, las investigaciones sobre contratos y los episodios que han salpicado a distintas instancias del Gobierno han ocupado un lugar central en la narrativa pública; la consecuencia es una pérdida de capital moral que complica cualquier intento de reformar o redireccionar políticas con consenso. La credibilidad no es un adorno: es una variable que influye sobre la inversión, la cooperación ciudadana y la eficacia del gasto público.

¿Por qué tantas señales claras no se tradujeron en prevención política? La respuesta está en una conjunción de factores: la intensidad del rechazo a las élites tradicionales, la emocionalidad del voto de protesta, la narrativa de vacío moral frente al statu quo y la subestimación —por parte del electorado— de los costos inmediatos de ciertas decisiones. Votar por un cambio profundo —cuando ese voto nace más de la indignación que de un proyecto técnico evaluado en detalle— equivale a asumir riesgos que muchos no cuantificaron: reformas rápidas, ajustes fiscales sin gradualidad, confrontaciones con sectores estratégicos y experimentos de política pública en territorios frágiles. Además, la confianza de los mercados y de los actores productivos tarda en reconstruirse; la política, a diferencia de la retórica, exige paciencia, calibración y acuerdos mínimos.

El análisis comparado con otros países de la región no es gratuito. Las trayectorias de naciones que apostaron por transiciones bruscas hacia mayores presencias estatales y cambios regulatorios repentinos muestran patrones reiterados: choque en la inversión, presión sobre precios y vulnerabilidades institucionales que terminan por amplificar los problemas que pretendían resolver. No es determinismo histórico: es prudencia analítica. Reconocer esa lección no es caer en un conservadurismo inmóvil, sino en aceptar que la reforma inteligente combina visión con límites operativos y con mecanismos claros de corrección.

Llegados a este punto, la pregunta relevante no es quién sorprendió a quién, sino qué hará la sociedad para corregir el rumbo. La solución exige, al mismo tiempo, un realismo frío sobre lo que no funcionó y una generosidad política para rescatar lo útil de la agenda social: reforzar la lucha contra la desigualdad no debe ser sinónimo de desmantelar las reglas básicas que sostienen la economía. Requiere transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas efectiva contra la corrupción, señales claras a inversionistas sobre seguridad jurídica, y una estrategia de paz que combine justicia, desarrollo rural y presencia estatal efectiva en los territorios.

Si algo debería quedar después de reconocer que esta crisis fue más anunciada que inesperada es la necesidad de aprender colectivamente. Eso implica desmontar mitos —como el de la gobernanza posible sin instituciones fuertes— e invertir en capacidades estatales, no solo en programas. Implica también que la oposición y la sociedad civil ofrezcan alternativas viables y no solo crítica retórica. Finalmente, exige que los ciudadanos, al votar, no confundan legitimidad moral con capacidad técnica ni carisma con solvencia institucional.

No era sorpresa. Fue, como tantas veces en la historia política, el precio de creer que los deseos bastan donde se requieren diagnósticos, instituciones y moderación táctica. Entenderlo es el primer paso para evitar que la próxima política transformadora vuelva a pagar la factura de la ingenuidad.