En los últimos años, la democracia liberal se ha transformado en un credo que no admite fisuras, en un dogma que exige adhesión total a un conjunto de valores que, bajo la bandera de los derechos humanos y los derechos civiles, han terminado por desplazar el núcleo esencial del liberalismo clásico. La tradición liberal nació para limitar el poder y proteger al individuo frente al Estado, pero el progresismo político contemporáneo la ha reinterpretado como un proyecto inclusivo que exige expandir derechos a través de mecanismos de intervención estatal. En esta disputa se oculta una paradoja: mientras se proclama más democracia y más libertad, se restringe el derecho fundamental que da origen a toda autonomía, el derecho de propiedad.
En Colombia este debate no es ajeno, aunque a menudo se camufla en discusiones sobre la equidad social, la redistribución o la justicia económica. Los mismos argumentos que se han instalado en los Estados Unidos o en Europa bajo el discurso de la “inclusión” encuentran eco en nuestro país, donde cualquier objeción a las políticas progresistas es calificada inmediatamente como elitista, reaccionaria o incluso racista. Como lo advirtió Paul Gottfried, la idea de que liberalismo y democracia son consustanciales se ha convertido en un dogma religioso moderno. Nadie puede discutir la fórmula sin arriesgarse a ser excomulgado del debate público. Pero ¿qué significa que la democracia dependa necesariamente de los derechos civiles? Y más aún, ¿qué ocurre cuando esos derechos, al ser interpretados como privilegios colectivos, entran en colisión con las libertades individuales?
Lo que para el progresismo resulta esencial —la garantía de igualdad material, el reconocimiento de minorías, la corrección de desigualdades históricas— para el libertarismo constituye una amenaza directa al principio de libertad. En Colombia, cuando se discute sobre subsidios generalizados, regulaciones que obligan a los empresarios a contratar bajo ciertos criterios o normas de inclusión que restringen la libre elección, se está operando sobre esa tensión. El progresismo traduce derechos civiles en mandatos positivos para el Estado y obligaciones para los ciudadanos, mientras el libertarismo insiste en que un derecho no puede consistir en la facultad de exigirle a otro lo que este no está dispuesto a dar. Un comerciante obligado por ley a vender su producto a alguien contra su voluntad no es más libre, sino menos libre. Lo que se presenta como inclusión es, en realidad, una forma sutil de coacción.
Este dilema no es meramente filosófico. Basta observar la realidad nacional. En un país donde más del 60 % de la población económicamente activa trabaja en la informalidad y donde la inseguridad jurídica sobre la propiedad es una de las principales trabas para la inversión, insistir en más “derechos sociales” sin fortalecer la propiedad privada equivale a colocar más peso sobre un edificio con cimientos débiles. El campesino que no tiene título formal de su tierra, el emprendedor que teme que mañana una nueva regulación lo arruine, el ciudadano que ve cómo la inflación devora su salario por políticas fiscales irresponsables, todos ellos sufren la erosión de la propiedad sin que los discursos de inclusión logren compensar ese despojo silencioso.
Ahora bien, los defensores del progresismo sostienen que sin esos derechos civiles no hay democracia auténtica, que se corre el riesgo de regresar a un modelo oligárquico o excluyente. Es cierto que Colombia carga con un pasado donde grandes sectores fueron invisibles o marginados, y negar esa historia sería un error. Sin embargo, el remedio ofrecido, la multiplicación indefinida de derechos civiles convertidos en políticas redistributivas, no solo ha demostrado ser ineficaz en reducir la pobreza de manera sostenible, sino que genera nuevas formas de clientelismo político. La expansión del gasto público, presentada como justicia social, se convierte en herramienta de control electoral, y lo que se proclama como inclusión acaba siendo dependencia.
El problema de fondo es que hemos confundido democracia con moralidad progresista. Personajes internacionales como Barack Obama o Emmanuel Macron han insistido en que la democracia está amenazada cada vez que se cuestiona la ampliación de derechos colectivos, mientras que en Colombia figuras como Gustavo Petro repiten la idea de que la única democracia válida es aquella que promueve la igualdad material. De esta manera, toda crítica al intervencionismo es tachada de autoritaria, y quienes defienden la propiedad privada como principio absoluto terminan estigmatizados como enemigos de la democracia. Se produce un cierre del debate en el que solo se puede opinar dentro de los márgenes fijados por la ortodoxia progresista.
Pero la democracia no debería ser un dogma, sino un procedimiento para limitar el poder y permitir la coexistencia pacífica de proyectos diversos. El liberalismo clásico nunca prometió igualdad de resultados, sino igualdad ante la ley. Cuando la política insiste en corregir todas las desigualdades materiales, en nombre de los derechos civiles, lo que se obtiene es un Estado que invade cada esfera de la vida. En Colombia, esa invasión se manifiesta en la presión fiscal creciente, en regulaciones que desincentivan la inversión, en políticas que castigan el éxito económico bajo la sospecha de que este es ilegítimo si no beneficia a todos por igual.
En este contexto, la acusación de racismo contra quienes rechazan la ideología progresista no es más que un recurso retórico para descalificar al adversario. No se trata de odios raciales, sino de una disputa filosófica y política sobre el fundamento de la libertad. Quien defiende la propiedad privada como derecho absoluto no lo hace para excluir, sino para proteger al individuo de las arbitrariedades del poder y de las demandas infinitas que la política puede imponer. Reducir este debate a un problema de prejuicios raciales es una manera de silenciar la crítica legítima y de mantener intacto el dogma.
Colombia enfrenta hoy un dilema crucial. O seguimos apostando por un modelo donde la democracia se mide por la cantidad de derechos redistributivos que el Estado promete, aunque nunca cumpla, o volvemos a la raíz del liberalismo, donde la propiedad privada es la base que permite construir prosperidad y libertad. La primera opción conduce a más polarización, más clientelismo y más frustración social. La segunda exige valentía para cuestionar el consenso progresista y reconocer que sin propiedad privada no hay libertad, y sin libertad no hay democracia que merezca ese nombre.
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