El ocaso del trabajo estable

La economía laboral en Colombia atraviesa un momento crítico que no puede seguir siendo maquillado con cifras parciales de reducción en la tasa de desempleo. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es qué tipo de empleo se está creando y bajo qué condiciones. La respuesta, incómoda pero necesaria, es que el trabajo a tiempo completo, formal y con estabilidad está desapareciendo progresivamente, y con él también se extinguen los empleos industriales que en el pasado fueron el pilar del desarrollo, la movilidad social y la consolidación de una clase media con capacidad de consumo. La economía laboral empeora porque lo que se ofrece en su lugar es empleo precario, de baja productividad y sin garantías, lo que erosiona las bases de la cohesión social y perpetúa un círculo de desigualdad.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la industria manufacturera fue sinónimo de progreso en Colombia. Ciudades como Medellín se convirtieron en capitales textiles, Cali en un epicentro de bienes de consumo y Barranquilla en una plataforma de comercio industrial gracias a su puerto y sus zonas francas. Estos sectores absorbieron mano de obra, ofrecieron contratos estables y permitieron que millones de familias accedieran a vivienda, educación y una vida digna. Pero las reformas de apertura económica de los noventa, acompañadas de un modelo de libre comercio que no estuvo soportado en una política industrial seria, destruyeron buena parte de esas estructuras. Entre 1990 y 2005, Colombia perdió más del 40% de sus empleos en manufactura, según datos del DANE y del Banco de la República, y en su lugar se expandió el sector servicios, en gran parte en condiciones informales.

El problema no es exclusivo de nuestro país. En Estados Unidos, la llamada “Rust Belt” o cinturón del óxido se convirtió en un cementerio de fábricas cerradas, dejando tras de sí desempleo, desesperanza y el caldo de cultivo para populismos que capitalizaron el resentimiento social. En Europa, la desindustrialización también provocó crisis regionales que todavía hoy son utilizadas como argumento para discursos nacionalistas. Y en contraste, en Asia, países como Corea del Sur o Vietnam apostaron por mantener y sofisticar su industria, lo que les permitió no solo sostener el empleo formal, sino también insertarse en cadenas de valor globales con mayor poder de negociación.

En Colombia, el discurso oficial celebra una reducción del desempleo al 9,5% en 2024, pero detrás de esa cifra hay una trampa estadística: más del 55% de los ocupados pertenecen a la informalidad, según el mismo DANE, y una parte significativa de quienes tienen empleo lo hacen en condiciones de precariedad, sin contrato, sin prestaciones y con ingresos que no superan el salario mínimo. Esto significa que el mercado laboral se está llenando de trabajadores “ocupados” que no logran superar la pobreza, fenómeno que la CEPAL ha denominado el de los “trabajadores pobres”.

La transformación tecnológica y la automatización son otros factores que explican la desaparición del trabajo estable en el sector industrial. Máquinas capaces de sustituir obreros, software que reemplaza a técnicos y plataformas digitales que convierten a los trabajadores en piezas desechables de un engranaje global han ido reduciendo las oportunidades de empleo masivo en manufactura. Sin embargo, en lugar de reaccionar con políticas de reconversión laboral y apoyo a la innovación local, el país ha optado por importar tecnología y depender del capital extranjero, profundizando así la pérdida de empleos nacionales.

El deterioro del trabajo no solo tiene implicaciones económicas, sino también políticas. A medida que desaparece la clase media asalariada, crece la polarización y la frustración social. Hannah Arendt advertía que la precariedad es terreno fértil para el autoritarismo, y la historia reciente parece confirmarlo. Cuando grandes sectores de la población sienten que el sistema no les ofrece oportunidades, se vuelven receptivos a discursos que prometen soluciones inmediatas, ya sea desde la izquierda populista que ofrece redistribución masiva o desde la derecha radical que promete protección frente a las amenazas externas. En ambos casos, la precariedad del trabajo es el combustible silencioso que alimenta la crisis democrática.

En la vida cotidiana, el cambio es evidente. Jóvenes recién graduados aceptando contratos de prestación de servicios que se renuevan mes a mes, conductores de aplicaciones que trabajan más de 12 horas para sobrevivir sin seguridad social, madres que dividen su jornada entre varios empleos informales para poder cubrir el arriendo, o profesionales altamente capacitados que reciben pagos por horas sin estabilidad alguna. Todos son ejemplos de cómo la desaparición del empleo industrial y del trabajo a tiempo completo ha desdibujado la promesa de progreso que en otro tiempo ofrecía la economía formal.

El debate no puede seguir evadiéndose. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Una basada en empleos precarios, con un Estado que se limita a subsidiar la pobreza que el mercado genera, o una que recupere la centralidad del trabajo estable y productivo como fundamento del desarrollo? El país necesita una política industrial moderna que apueste por sectores estratégicos como la manufactura avanzada, la economía verde y las industrias creativas, pero que lo haga con el propósito explícito de generar empleo formal, no solo de atraer inversión extranjera sin encadenamientos locales.

El ocaso del trabajo estable es también el ocaso de un pacto social que alguna vez sostuvo la esperanza de millones de familias colombianas. Y sin un trabajo digno, no hay democracia sólida ni economía sostenible. La pregunta de fondo es si estamos dispuestos a seguir aceptando un modelo donde la estadística del desempleo mejora, pero la realidad laboral se degrada, o si, por el contrario, vamos a recuperar la idea de que el verdadero progreso se mide no por la cantidad de empleos, sino por su calidad.