El espejismo de la protección

En Colombia, hablar de salario mínimo es casi tocar una fibra sensible del debate público. Para muchos, representa el símbolo de la justicia social y la redistribución, una herramienta que garantiza que quienes trabajan reciban una paga más digna. Esa convicción tiene un atractivo moral inmediato, pues resulta intuitivo pensar que, al fijar un ingreso más alto, los trabajadores mejorarán su nivel de vida. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad se esconden dinámicas económicas complejas que rara vez se discuten con la misma pasión con que se enarbola la bandera del “derecho al salario digno”. En la realidad, imponer un salario mínimo por encima del producto marginal del trabajador genera efectos invisibles: encarece la contratación, reduce la demanda de mano de obra y desplaza a quienes se encuentran en las márgenes del mercado laboral, especialmente jóvenes y personas con baja cualificación.

En este punto, la experiencia colombiana es reveladora. Según cifras del DANE, la informalidad laboral en el país ronda el 55% en promedio, superando el 60% en ciudades intermedias. Esto significa que, aun con un salario mínimo fijado por ley, más de la mitad de los trabajadores no se benefician de él porque están fuera del mercado laboral formal. La paradoja es evidente: cuanto más se eleva el salario mínimo, más incentivos existen para que pequeños empleadores eviten la formalización o reduzcan el número de trabajadores contratados. El resultado es que los más vulnerables terminan excluidos, mientras que la norma protege a quienes ya están empleados en sectores con mayor productividad. El discurso de equidad se convierte, así, en un mecanismo de exclusión que mantiene la brecha entre trabajadores formales e informales.

Un fenómeno análogo ocurre con los aranceles, defendidos con el mismo ímpetu emocional con que se promueve el salario mínimo. La lógica es parecida: se trata de proteger lo propio, de evitar que la competencia extranjera arrase con las industrias nacionales. Los defensores del proteccionismo evocan un relato de soberanía económica y defensa del trabajo local, como si el cierre de fronteras fuera una muralla de prosperidad. Pero, en la práctica, los aranceles funcionan como un impuesto encubierto al consumidor, pues elevan los precios de los bienes importados y de los insumos necesarios para la producción local. Colombia ha sido un país históricamente tentado por esta política, sobre todo en el agro y en sectores industriales con poca competitividad internacional. Cada vez que se aplican aranceles para proteger al productor nacional, se distorsiona la estructura de precios, se encarece la vida cotidiana de los ciudadanos y se frena la eficiencia productiva.

Lo que se oculta en estos debates es la magnitud de los costos invisibles. Cuando se protege un empleo a través de un arancel, inevitablemente se destruyen otros que no se ven. Henry Hazlitt lo resumía con lucidez al afirmar que los buenos economistas deben mirar más allá de los efectos inmediatos y visibles para detectar los efectos secundarios y ocultos. Un ejemplo cercano: cuando se imponen aranceles al maíz o al trigo con el argumento de proteger al campesino colombiano, la industria de alimentos procesados enfrenta mayores costos y, en consecuencia, reduce producción, inversión o empleo. De este modo, el supuesto beneficio de un sector específico termina siendo una carga para todos los demás. Y lo que es aún más grave: al encarecerse los alimentos básicos, los salarios reales de los trabajadores se reducen, pues el dinero alcanza para menos, incluso si nominalmente se gana más.

En la actualidad, con una inflación que en Colombia apenas empieza a estabilizarse tras haber alcanzado picos superiores al 13% en 2022, cualquier política que encarezca artificialmente los precios es un golpe directo al bolsillo del ciudadano común. El proteccionismo, lejos de blindar el empleo nacional, erosiona la capacidad adquisitiva de millones de hogares, particularmente los de ingresos bajos, para quienes la proporción del gasto en alimentos es mucho más alta que en los estratos medios y altos. Aquí aparece otra contradicción: la política que se presenta como protectora de los más pobres termina perjudicándolos de manera desproporcionada.

Las dos políticas, salario mínimo y aranceles, comparten además un defecto estructural: ambas distorsionan la ventaja comparativa. Colombia, como país en desarrollo, necesita orientar su economía hacia los sectores donde realmente es más productiva y competitiva, no hacia aquellos que requieren muletas estatales para subsistir. El salario mínimo por encima de la productividad empuja al desempleo y a la informalidad, mientras que los aranceles sostienen industrias ineficientes que sobreviven gracias a la protección, no gracias a su capacidad de competir en el mercado global. En ambos casos, se sacrifican oportunidades de crecimiento y de innovación que podrían surgir si los recursos se asignaran de manera más libre y eficiente.

Si se observa la experiencia internacional, los ejemplos son igualmente elocuentes. Chile, en las décadas de 1970 y 1980, experimentó una liberalización comercial radical que, aunque polémica en sus primeros años, le permitió abrirse a los mercados globales, diversificar su economía y alcanzar tasas de crecimiento sostenidas que lo llevaron a ser uno de los países con mayor ingreso per cápita en América Latina. En contraste, países que han optado por políticas proteccionistas prolongadas, como Argentina, han visto ciclos recurrentes de inflación, estancamiento y desempleo, precisamente por la incapacidad de competir bajo un esquema de aislamiento.

Colombia se encuentra en un punto crucial. Mientras algunos sectores insisten en elevar el salario mínimo por encima de los niveles de productividad y en cerrar la economía con medidas arancelarias, el país enfrenta retos estructurales de empleo, informalidad y competitividad global. Persistir en estas políticas es apostar por un espejismo: se gana un beneficio inmediato, visible y políticamente atractivo, pero se siembran distorsiones que hipotecan el crecimiento a largo plazo. El debate debería centrarse no en cuánto podemos proteger artificialmente, sino en cómo generar un entorno donde la productividad, la innovación y la competencia sean los verdaderos motores de mejores salarios y más empleo.

Al final, el verdadero reto es político y cultural. Defender el salario mínimo o los aranceles es defender lo visible, lo que se puede mostrar en un discurso o en un titular de prensa. Lo invisible —los empleos no creados, las inversiones que no llegaron, los salarios reales que se deterioraron— carece de representación inmediata y, por lo tanto, es más fácil de ignorar. Sin embargo, si queremos un país donde la prosperidad no sea un privilegio para unos pocos, sino una posibilidad para muchos, debemos atrevernos a cuestionar estas políticas y reconocer que, en economía, no siempre lo que parece más justo o protector es lo que verdaderamente libera.