El espejismo intervencionista

En Colombia hemos caído en la trampa de asumir que todo problema nacional, desde la pobreza hasta el precio de los alimentos, desde la seguridad hasta la educación, debe tener como respuesta inmediata la intervención del Estado. Esta convicción no es un rasgo exclusivo de nuestra sociedad, sino un paradigma que atraviesa a buena parte de las democracias contemporáneas: la idea de que no hacer nada sería sinónimo de abandono, de irresponsabilidad y de negligencia. Lo irónico es que muchas de las dificultades que hoy aquejan a nuestro país tienen su raíz precisamente en las intervenciones pasadas, en la obsesión por regular, subsidiar, decretar y controlar cada aspecto de la vida social y económica. Y sin embargo, cuando el fracaso se hace evidente, la reacción no es cuestionar la pertinencia de la intervención misma, sino clamar por más de lo mismo, en un círculo vicioso que nunca se rompe.

El intervencionismo se sostiene en un espejismo de inmediatez. Cuando un gobierno anuncia un subsidio para las familias vulnerables, se genera la impresión de que la pobreza se está combatiendo con eficacia. Pero la otra cara de esa medida es el encarecimiento del costo fiscal, el desincentivo al trabajo formal y la creación de una dependencia crónica de quienes terminan atrapados en la lógica de la ayuda estatal. El programa “Ingreso Solidario”, implementado durante la pandemia, tuvo un impacto indudable en mitigar los efectos de la crisis, pero prolongarlo en el tiempo ha generado presiones fiscales insostenibles. La ilusión del alivio momentáneo se transforma en una carga estructural. Bastiat lo advertía en el siglo XIX con claridad meridiana: lo que se ve es el beneficio inmediato, lo que no se ve son los costos ocultos que terminan hipotecando el futuro.

Colombia ofrece múltiples ejemplos en los que la intervención estatal, con las mejores intenciones declaradas, ha producido consecuencias indeseadas. La política de control de precios en medicamentos, pensada para garantizar acceso, ha terminado en desabastecimientos crónicos, porque las farmacéuticas dejan de importar productos que no les resultan rentables bajo esa regulación. La reforma laboral prometida para mejorar la calidad del empleo corre el riesgo de aumentar la informalidad, al elevar los costos de contratación en un país donde ya más del 55% de los trabajadores está en la economía informal. Y la política de vivienda, basada en subsidios a la demanda, ha impulsado una burbuja que eleva los precios del suelo urbano y margina a quienes no califican en los programas estatales. Cada una de estas medidas fue diseñada con la premisa de que el Estado podía corregir una falla, pero lo que generó fue otra, usualmente más grave y difícil de revertir.

El problema radica en que hemos naturalizado la idea de que el Estado debe tener respuestas para todo, incluso cuando no las tiene o cuando las que ofrece son peores que el problema original. En los debates públicos se repite una y otra vez la acusación de “inacción” como el peor de los pecados. A un alcalde que decide no lanzar un nuevo plan de subsidios se le acusa de insensibilidad, a un presidente que no responde con un paquete regulatorio se le acusa de improvisador. Nadie parece considerar seriamente que, en ciertos contextos, el no hacer nada puede ser la mejor opción, porque permite que las dinámicas sociales y económicas se ajusten por sí mismas, sin distorsiones artificiales. Pero esa posición es impopular porque choca con la narrativa del gobernante salvador, aquel que siempre tiene un decreto o un presupuesto para ofrecer, aunque ello implique endeudar a varias generaciones o deteriorar la productividad.

Si observamos el panorama internacional, encontramos la misma lógica. Estados Unidos, con la crisis hipotecaria de 2008, respondió con una intervención masiva que rescató bancos en lugar de permitir que el mercado corrigiera sus excesos. Europa, con sus políticas de subsidios agrícolas, ha generado distorsiones que afectan tanto a los productores como a los consumidores y han puesto en desventaja a países en desarrollo. En América Latina, Venezuela es el ejemplo extremo del paradigma intervencionista llevado a sus últimas consecuencias: cada problema se enfrentó con más controles, más subsidios, más regulaciones, hasta el colapso de toda la estructura productiva. Lo que se prometía como justicia social terminó en desabastecimiento, hiperinflación y éxodo masivo. La lección, aunque dolorosa, es clara: el intervencionismo desenfrenado no corrige problemas, los multiplica.

En Colombia la situación es menos dramática, pero no menos preocupante. El actual gobierno insiste en que para resolver los problemas estructurales de salud, educación y pensiones, lo necesario es una mayor intervención. La reforma a la salud plantea un sistema altamente centralizado en el Estado, ignorando que buena parte de los avances en cobertura se dieron gracias a la participación de aseguradoras privadas bajo reglas de mercado. La reforma pensional propone un esquema que debilita la competencia de fondos privados y concentra los recursos en Colpensiones, aumentando el riesgo fiscal a largo plazo. La reforma laboral, como se mencionó, busca dar más garantías a los trabajadores, pero al encarecer la formalidad empuja a miles hacia la informalidad y desalienta la creación de empleo en pequeñas y medianas empresas. Todas estas iniciativas parten de la misma premisa: la confianza absoluta en que el Estado puede y debe corregir con su intervención. Pero lo que realmente reflejan es el miedo político a reconocer que, en muchos casos, lo más sensato sería retroceder, simplificar y permitir que la sociedad funcione con mayor libertad.

Lo más inquietante es que este paradigma no se sostiene solo desde la élite política, sino también desde la ciudadanía que lo ha interiorizado como sentido común. Cuando suben los precios de los alimentos, la reacción inmediata es exigir controles de precios; cuando hay problemas de seguridad, pedir más decretos y más leyes; cuando hay desempleo, reclamar más subsidios. Es como si el ciudadano común ya no concibiera la posibilidad de que los problemas tengan soluciones fuera del aparato estatal. Esta mentalidad paternalista genera una dependencia que erosiona la autonomía individual y limita la creatividad social. En lugar de asumir la responsabilidad de innovar, cooperar y buscar soluciones desde la comunidad y el mercado, se delega todo en un Estado que, a su vez, se vuelve cada vez más grande, más costoso y menos eficiente.

La verdadera discusión que deberíamos dar en Colombia no es sobre cuántos programas más debe lanzar el gobierno, sino sobre cuánto del intervencionismo actual deberíamos desmontar. Es una conversación incómoda porque implica reconocer que parte de los problemas que hoy enfrentamos no son producto de la falta de acción, sino del exceso de ella. Significa aceptar que hay errores que no se corrigen sumando más capas de regulación, sino eliminando las que ya existen. Significa, en última instancia, recuperar la idea de que la libertad económica, la autonomía individual y la responsabilidad ciudadana pueden ser más efectivas que la omnipresencia estatal.

Romper con el paradigma intervencionista no significa promover la indiferencia del Estado, sino redefinir su papel. El Estado debe ser árbitro, garante de derechos, protector de la seguridad y de las reglas de juego, no jugador que interviene en cada jugada. Mientras sigamos atrapados en la creencia de que solo la intervención garantiza justicia, seguiremos construyendo sobre bases inestables. Es hora de abrir el debate sobre la posibilidad de que la inacción, en ciertos contextos, no sea negligencia, sino la forma más sensata de devolverle a la sociedad la capacidad de resolver sus propios problemas.