Racionalidad, lógica y sentido común

En Colombia se ha vuelto casi un axioma político repetir que “el 1% posee casi toda la tierra” y que, por tanto, la solución natural es redistribuirla. La frase, poderosa en lo retórico, funciona como un atajo intelectual que evita una pregunta más incómoda: ¿cómo se formó esa concentración y qué mecanismos la sostienen? Porque en economía, como en derecho, el origen importa tanto como el resultado. Y sin embargo, el debate público ha preferido simplificar la realidad en una narrativa moral donde hay culpables evidentes y soluciones aparentemente obvias. Es necesario partir de un punto que suele omitirse deliberadamente: Colombia no es, ni ha sido, un ejemplo histórico de libre mercado en el sentido estricto del término. La formación de la propiedad rural en el país ha estado profundamente marcada por procesos políticos, violencia, informalidad jurídica y privilegios institucionales. Desde las adjudicaciones de baldíos en el siglo XIX hasta los fenómenos de despojo documentados por ent...

  Si algo deja en evidencia el análisis del programa de gobierno de Iván Cepeda es una paradoja profundamente reveladora: lo dice todo, pero no dice nada. Es un documento cargado de conceptos nobles, de palabras que apelan a la ética, a la justicia, a la dignidad, pero que, al ser sometidas al más mínimo rigor técnico, se disuelven en ambigüedad. Es, en esencia, el típico programa diseñado para seducir a incautos y a amantes del discurso, a quienes confunden la retórica con la realidad, pero que no resiste el escrutinio de lo real, de lo viable, de lo ejecutable. No hay rutas, no hay cifras, no hay límites. Solo promesas que, precisamente por no aterrizarse, pueden decirlo todo sin comprometerse con nada. Y en un país como Colombia, esto no es una simple falla estética, es un riesgo estructural. Gobernar no es emocionar, es resolver. No es construir relatos, es administrar escasez. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el país arrastra problemas persistentes...

  En Colombia se habla de crecimiento, de justicia social, de redistribución, de reformas estructurales y de un supuesto “cambio” que promete corregir los errores históricos del país. Sin embargo, en medio de ese ruido político y retórico, hay una figura esencial que sistemáticamente se diluye, se caricaturiza o, en el peor de los casos, se convierte en sospechosa: el empresario capitalista. Se le presenta como un privilegiado, como un beneficiario del sistema, como un agente que extrae valor más que crearlo. Pero esta narrativa, cada vez más instalada en el debate público, omite —o ignora deliberadamente— que es precisamente ese empresario quien hace posible la existencia misma de la estructura productiva que sostiene a la sociedad. Conviene partir de una premisa incómoda: la economía no es un tablero estático donde los recursos se distribuyen mecánicamente, sino un proceso dinámico de coordinación bajo incertidumbre. En ese proceso, el empresario no actúa como un simple ejecutor ...

  Hay una trampa intelectual profundamente arraigada en el debate público colombiano: creemos que el problema es la corrupción, cuando en realidad la corrupción es apenas el síntoma visible de un diseño institucional que opera, desde su origen, sobre la base de incentivos perversos. En Colombia, la indignación ciudadana suele activarse cuando estalla un escándalo —contratos inflados, sobrecostos, clientelismo descarado—, pero rara vez se cuestiona con igual intensidad la estructura que hace posibles, repetitivos y, en muchos casos, racionales esos comportamientos. El error no es menor: centrar la discusión en la moral de los gobernantes nos distrae de analizar la lógica del sistema que los produce. La narrativa dominante sugiere que bastaría con elegir “personas correctas” para que el aparato estatal funcione adecuadamente. Sin embargo, esta idea ignora una premisa fundamental de la teoría económica moderna: los individuos responden a incentivos, no a aspiraciones morales abstracta...

  Hay una trampa intelectual que Colombia no ha terminado de desmontar: creer que la legitimidad del uso de la fuerza depende de quién la ejerce y no de contra quién se ejerce. Durante décadas, el país ha oscilado entre narrativas que justifican la violencia en nombre del orden, la seguridad, la paz o incluso la justicia social. Pero si hay un punto de partida ético que debería ser innegociable —y que, sin embargo, ha sido sistemáticamente vulnerado— es este: lo cuestionable no es la fuerza en sí, sino su uso contra personas pacíficas e inocentes. Esa distinción, que puede parecer elemental, se diluye con facilidad en contextos donde el lenguaje político se convierte en instrumento de legitimación. Desde la doctrina clásica de la guerra justa, articulada por Santo Tomás de Aquino, hasta los desarrollos modernos del derecho internacional, se ha intentado establecer criterios que diferencien la violencia legítima de la ilegítima. Sin embargo, la experiencia colombiana muestra que eso...

  Hay momentos en la historia económica de un país en los que el conflicto deja de ser un simple desacuerdo técnico y se convierte en una señal profunda de fragilidad institucional. Colombia parece estar atravesando uno de ellos. La reciente confrontación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República no es, como se ha querido presentar, una diferencia legítima de opiniones sobre política monetaria. Es algo más delicado: la tensión entre la urgencia política del corto plazo y la disciplina económica del largo plazo, entre la voluntad de gobernar y la necesidad de limitar el poder. En apariencia, la discusión gira en torno a una decisión concreta: el aumento de la tasa de interés para contener la inflación. Sin embargo, reducir el problema a esa medida sería ingenuo. Lo que está en juego es el rol del banco central como árbitro independiente, diseñado precisamente para evitar que el manejo del dinero se convierta en una herramienta subordinada a las presiones política...