Racionalidad, lógica y sentido común

  Hay ideas que seducen por su aparente simplicidad: imprimir más dinero para aliviar una crisis, expandir el crédito para reactivar la economía, bajar artificialmente el costo del financiamiento para estimular el consumo. En el corto plazo, estas decisiones parecen racionales, incluso necesarias. Pero la historia económica —y la experiencia reciente de Colombia— muestran que el dinero fácil no elimina los problemas estructurales; los posterga, los redistribuye y, con frecuencia, los agrava. La liquidez artificial no es un atajo hacia la prosperidad, sino una transferencia silenciosa de riqueza y un detonante de desequilibrios que terminan manifestándose en inflación, pérdida de poder adquisitivo y ajustes dolorosos. Durante los años posteriores a la pandemia, Colombia vivió una expansión monetaria y fiscal sin precedentes recientes. Bajo el gobierno de Iván Duque, al igual que en muchas economías del mundo, se adoptaron políticas orientadas a sostener la demanda agregada y evitar ...

  En Colombia se ha instalado una narrativa cómoda, casi automática, para explicar el aumento de la delincuencia urbana: la pobreza, la desigualdad o la falta de oportunidades. Es un diagnóstico políticamente rentable porque desplaza la responsabilidad hacia factores difusos e impersonales. Sin embargo, esa explicación omite un elemento mucho más incómodo: los incentivos institucionales creados desde el propio Estado, que terminan moldeando el comportamiento de quienes operan dentro y fuera de la ley. Cuando el crimen percibe beneficios, indulgencia o incluso legitimidad política, deja de ser un riesgo alto y se convierte en una estrategia racional. La política de “paz total”, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, parte de una premisa que, en teoría, busca reducir la violencia mediante negociación y reincorporación. No obstante, en la práctica, ha generado señales ambiguas. La designación de criminales como “gestores de paz”, el otorgamiento de beneficios jurídicos o la flexi...

Hay algo profundamente inquietante en la aparente normalidad con la que las ciudades colombianas administran su propia fragilidad fiscal. No hay titulares de colapso inminente, no hay cierres abruptos como en el sector privado, no hay liquidaciones visibles que obliguen a enfrentar la realidad con crudeza. Y, sin embargo, bajo esa superficie de continuidad institucional, se acumula una tensión estructural: gobiernos urbanos que gastan más de lo que ingresan, que comprometen recursos futuros para sostener decisiones presentes y que operan sin una restricción efectiva que los obligue a corregir el rumbo. La paradoja no es menor: son entidades que pueden estar financieramente deterioradas sin que exista un mecanismo real que las obligue a detenerse. Si se quiere entender este fenómeno sin caer en explicaciones simplistas, hay que partir de un hecho incómodo: el problema no es coyuntural, ni responde exclusivamente a errores de gestión, ni se explica por la escasez de recursos. Es instituc...

  Hay una tensión silenciosa pero determinante que atraviesa hoy la economía colombiana: la distancia creciente entre la capacidad del Estado para extraer recursos y la capacidad de los individuos para generarlos. No es una discusión superficial sobre si los impuestos son “altos” o “bajos”, sino una cuestión más profunda sobre cómo la tributación, en su diseño y en su intensidad, reconfigura los incentivos que sostienen la vida productiva. En Colombia, esa tensión ha dejado de ser teórica para convertirse en una experiencia cotidiana. Porque basta salir a la calle —no a los grandes discursos, sino a la realidad concreta— para entenderlo. El pequeño comerciante que prefiere no formalizarse, el profesional independiente que fragmenta sus ingresos para reducir su carga fiscal, la empresa mediana que posterga inversiones ante la incertidumbre tributaria. No son anomalías; son respuestas racionales. Cuando el sistema castiga la formalidad y grava con mayor intensidad al que produce, lo ...

  Hay fenómenos económicos que no se quedan en las cifras, que no terminan en los informes técnicos ni en las decisiones de política monetaria. La inflación es uno de ellos. En Colombia, hablar hoy de inflación ya no es únicamente hablar del precio del arroz, del arriendo o del transporte; es hablar de una transformación silenciosa en la manera en que las personas piensan, deciden y se relacionan. Es un proceso que no solo erosiona el poder adquisitivo, sino también la arquitectura moral que sostiene la vida económica cotidiana. Durante los últimos años, el país ha enfrentado un episodio inflacionario significativo. De acuerdo con el DANE, la inflación alcanzó niveles superiores al 13% en 2023, afectando de forma desproporcionada a los hogares de menores ingresos. Aunque las cifras han mostrado una moderación reciente, el impacto no se revierte automáticamente. La inflación deja cicatrices en la conducta. No es un fenómeno neutro: altera los incentivos, acorta los horizontes tempor...

  Hay ideas que no se presentan como lo que son, sino como lo que prometen. En la Colombia actual, pocas narrativas han ganado tanta fuerza como aquella que, bajo el discurso de justicia social, equidad y reparación histórica, termina proponiendo —de forma fragmentada pero constante— una reconfiguración profunda de los incentivos económicos. No se trata de una ruptura abrupta, sino de una acumulación progresiva de decisiones que, tomadas de manera aislada, parecen razonables, pero en conjunto alteran el equilibrio entre producción, inversión y distribución. Ese es el punto donde la discusión deja de ser ideológica y se vuelve estructural. Cuando se analizan las posturas de figuras como Iván Cepeda Castro o incluso del propio Gustavo Petro, no se encuentra una defensa explícita de la abolición del mercado. El problema no está en la retórica formal, sino en la lógica acumulativa de sus propuestas: mayor intervención estatal, presión fiscal creciente sobre sectores productivos, expans...