Racionalidad, lógica y sentido común

  En Colombia se ha normalizado una paradoja que ya casi nadie cuestiona: trabajar toda una vida y aun así no poder acceder a una vivienda digna sin endeudarse durante treinta años. Se repite que el problema es la falta de ingresos, la especulación privada o el “mercado salvaje”, pero rara vez se mira con rigor al actor que más ha intervenido, distorsionado y condicionado el precio de la vivienda: el poder político. La vivienda cara no es una anomalía del sistema, es una consecuencia lógica de cómo el Estado colombiano ha decidido ordenar el suelo, el crédito, la tributación y el relato económico del progreso. Durante las últimas décadas, los distintos gobiernos han presentado el aumento del precio de la vivienda como una señal de desarrollo. Se celebra el crecimiento del sector constructor como motor del PIB, se anuncian récords de ventas y se presume la valorización de los activos inmobiliarios como sinónimo de bienestar. Sin embargo, detrás de esa narrativa optimista se esconde ...

  Hay frases que incomodan porque obligan a mirar la realidad sin el filtro del discurso político. Decir que los políticos no construirán prosperidad, mientras los emprendedores sí, no es una consigna ideológica ni una provocación gratuita; es una constatación empírica que la Colombia de hoy confirma a diario. En un país donde el debate público gira obsesivamente alrededor del poder, del presupuesto y del control estatal, resulta casi herético afirmar que el bienestar colectivo no nace de la política, sino a pesar de ella. La economía de mercado, entendida no como un dogma sino como un proceso social de cooperación voluntaria, es el único sistema que permite que millones de personas persigan sus propias multas sin imponerlos a otros. No promete igualdad de resultados, pero sí algo mucho más valioso: igualdad de reglas para intercambiar, competir y crear. En Colombia, donde las diferencias regionales, sociales y culturales son profundas, esta característica no es un defecto, sino ...

Colombia vive hoy un momento intelectual y político marcado por una profunda sospecha hacia la acción humana organizada a través del mercado, la empresa y la cooperación voluntaria. Se desconfía del lucro, se cuestiona la propiedad privada, se romantiza la naturaleza como un orden puro que el hombre inevitablemente corrompe y se exalta una noción difusa de “bien común” que debe imponerse incluso contra la voluntad individual. Aunque rara vez se lo menciona, este clima intelectual tiene una raíz clara y reconocible: Jean-Jacques Rousseau. No el Rousseau histórico leído con rigor, sino el Rousseau filtrado, simplificado y moralizado que sigue alimentando buena parte del discurso político, ambiental y social contemporáneo en el país. Rousseau fue una de las mentes más influyentes del siglo XVIII y una de las más contradictorias. Defendió la libertad con una pasión innegable, pero lo hizo desde una profunda desconfianza hacia la sociedad, la civilización y las instituciones que emergen es...

  En Colombia se habla con frecuencia de productividad, de competitividad y de modernización del aparato productivo, pero casi siempre se hace desde un lenguaje tecnocrático que reduce la economía a planes, programas y diagnósticos de escritorio. En ese marco, la división del trabajo aparece como una variable técnica más, algo que puede diseñarse, corregirse o “optimizarse” desde el Estado mediante políticas industriales, subsidios sectoriales o reformas educativas desconectadas del mercado. Lo que rara vez se discute es que esa visión está conceptualmente incompleta y políticamente sesgada, y que al ignorar el papel del empresario y de la incertidumbre termina debilitando precisamente aquello que dice querer fortalecer: el crecimiento económico y el bienestar social. Adam Smith entendió mejor que nadie que la división del trabajo es la base misma del crecimiento económico. Su ejemplo de la fábrica de alfileres sigue siendo una lección poderosa sobre cómo la especialización multipl...

  Hablar de cataláctica y de dinero en la Colombia de hoy no es un ejercicio académico distante ni una discusión reservada a seminarios universitarios; es una necesidad intelectual urgente en un país donde la política económica se ha convertido en un escenario de promesas morales desconectadas de los mecanismos reales del mercado. La ciencia de los intercambios voluntarios, de los precios y de la coordinación social nos recuerda que la economía no gira alrededor de decretos ni de discursos, sino alrededor de decisiones humanas concretas, tomadas bajo escasez, incertidumbre y expectativas. En ese marco, el dinero no puede seguir tratándose como una ficha neutra que el Estado mueve a voluntad sin consecuencias reales sobre la estructura productiva, el ahorro y el bienestar de millones de personas. En Colombia, el debate público suele presentar el dinero como una herramienta política casi ilimitada. Se habla de gasto social, de expansión del crédito público, de financiamiento estata...

  En Colombia, hablar de fraude es hablar a la vez de un fenómeno administrativo y de una decisión colectiva: no siempre se trata solo de delincuentes que vulneran normas, sino de contextos y estructuras que hacen del desvío de recursos una herramienta política rentable. El Estado de bienestar moderno —esa promesa de protección social, salud, educación y transferencia de ingresos— genera flujos masivos de recursos y discrecionalidad en su asignación. Cuando las reglas, los incentivos y las redes de poder convergen perversamente, esos flujos no solo se desperdician por ineficiencia: se reproducen y se institucionalizan como mecanismos para sostener clientelas, financiar campañas y afianzar clientelismos. Esta es una reflexión que parte de la evidencia acumulada en Colombia y del debate internacional sobre cómo el diseño institucional y la cultura política tornan el fraude en política pública, con graves consecuencias para la legitimidad y la equidad. Las políticas sociales y compras...