Racionalidad, lógica y sentido común

Hay una idea que se ha instalado silenciosamente en la conversación pública colombiana, disfrazada de sensibilidad social, pero profundamente contradictoria en su esencia: la convicción de que el problema no es la escasez de recursos ni la falta de acción individual, sino la manera en que otros —generalmente el Estado o los individuos exitosos— deciden usar su dinero. Esta idea, repetida hasta el cansancio en redes sociales y discursos políticos, ha terminado por moldear una cultura donde la indignación sustituye a la responsabilidad, y donde la moral se ejerce con la billetera ajena. El ejemplo es casi caricaturesco, pero precisamente por eso revelador: críticas al gasto en exploración espacial, como el programa Artemis program, bajo el argumento de que “hay necesidades más urgentes en la Tierra”. En Colombia, esa lógica se replica a menor escala: cuestionamientos a la inversión empresarial, al consumo de lujo o incluso a la acumulación de capital, siempre acompañados de una lista de ...

  Antes de que el debate económico contemporáneo se sofisticara en modelos, ecuaciones y marcos teóricos aparentemente más refinados, la historia ya había dejado una advertencia clara: la riqueza no puede decretarse. John Law lo intentó con papel moneda en una Francia quebrada; hoy, el lenguaje ha mutado, pero la lógica persiste bajo nuevas justificaciones técnicas, nuevos autores y nuevas promesas. Colombia, en medio de su tensión fiscal, social y política, está peligrosamente cerca de repetir ese patrón con un matiz moderno: la idea de que el problema no es crear dinero, sino cómo distribuirlo. Porque si algo distingue el debate actual es que ya no se habla únicamente de expansión monetaria, sino de desigualdad estructural. Thomas Piketty ha documentado, con una base empírica extensa, que en las economías capitalistas modernas existe una tendencia persistente a la concentración de la riqueza cuando la rentabilidad del capital supera el crecimiento económico. Su planteamiento, res...

Durante años, en Barranquilla se instaló una idea silenciosa pero persistente: que el desarrollo podía esperar, que la ciudad era apenas un punto de paso, un lugar funcional sin mayores aspiraciones estructurales. No era una capital política como Bogotá, ni un centro industrial consolidado como Medellín, ni un nodo logístico estratégico como Cali. Era, en muchos sentidos, una ciudad contenida en sus propias limitaciones. Sin embargo, algo cambió. Y ese cambio no vino de una narrativa épica ni de una revolución discursiva, sino de una decisión mucho más concreta: construir. Esa decisión tiene nombre propio en el debate contemporáneo: Alejandro Char. Un perfil atípico en la política colombiana reciente, no por carecer de poder, sino por la forma en que lo ejerce. Ingeniero de formación, su lógica de gobierno ha sido eminentemente ejecutiva: resolver problemas a través de obra pública. En un país donde la política suele moverse entre la retórica moral y la confrontación ideológica, su est...

Hay una idea incómoda que rara vez se dice con la crudeza que merece: en Colombia, las decisiones económicas que se toman desde el poder rara vez las pagan quienes las diseñan. Las pagan quienes madrugan, quienes emprenden, quienes arriesgan capital propio sin red de seguridad, quienes sostienen hogares en medio de una economía volátil. Y en ese desfase —entre quien decide y quien asume las consecuencias— se esconde una de las raíces más silenciosas del deterioro de la salud mental en el país. No se trata de una afirmación emocional ni de una consigna ideológica. Es una observación que puede rastrearse en los datos. Durante las últimas dos décadas, la tasa de suicidio en Colombia ha pasado de niveles relativamente estables cercanos a 4,5–5 por cada 100.000 habitantes a cifras que hoy oscilan entre 5,5 y 6,3, según registros del DANE. No es un salto dramático, pero sí sostenido, y lo más relevante: ocurre en paralelo a transformaciones económicas que han alterado la percepción de estabi...

Hay algo profundamente revelador en lo que está ocurriendo con las panaderías en Barranquilla. A simple vista, podría parecer una discusión menor: formatos modernos desplazando negocios tradicionales. Pero si se observa con rigor, lo que realmente está en juego es una radiografía precisa de cómo funcionan —o no— los incentivos en Colombia, y de cómo muchas veces el discurso va por un lado mientras la realidad económica avanza por otro. Mientras algunos critican la aparición de panaderías más completas por “acabar con el pan de barrio”, otros —sin hacer ruido— simplemente toman decisiones. Caminan unas cuadras más, pagan con datáfono, se sientan en un espacio más cómodo, acceden a mayor variedad y, en esencia, eligen lo que perciben como mejor. No hay ideología en ese acto, hay preferencia revelada. Y esa preferencia es el mecanismo más honesto que existe en una economía. Aquí conviene detenerse un momento. Porque lo que parece una discusión sobre pan es, en realidad, una discusión sobr...

  Hay una paradoja incómoda que define el momento actual de Colombia: mientras el país aún no resuelve sus fallas estructurales más básicas —informalidad laboral persistente, baja productividad, debilidad institucional, inseguridad jurídica— adopta con entusiasmo narrativas globales que responden a preocupaciones propias de economías que ya resolvieron, al menos parcialmente, esos problemas. No se trata de negar la relevancia de fenómenos como el cambio climático ni de desconocer la necesidad de transiciones energéticas, sino de cuestionar la jerarquía de prioridades y, sobre todo, la forma acrítica en que se importan discursos internacionales sin un análisis riguroso de su pertinencia en el contexto colombiano. El origen de este fenómeno no es reciente. Puede rastrearse, al menos conceptualmente, hasta la Ilustración, cuando emergieron ideas de pretensión universal que, con el tiempo, evolucionaron en estándares normativos globales. Hoy, esos estándares ya no se limitan a derechos...