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Rousseau en Colombia: la desconfianza como política

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Colombia vive hoy un momento intelectual y político marcado por una profunda sospecha hacia la acción humana organizada a través del mercado, la empresa y la cooperación voluntaria. Se desconfía del lucro, se cuestiona la propiedad privada, se romantiza la naturaleza como un orden puro que el hombre inevitablemente corrompe y se exalta una noción difusa de “bien común” que debe imponerse incluso contra la voluntad individual. Aunque rara vez se lo menciona, este clima intelectual tiene una raíz clara y reconocible: Jean-Jacques Rousseau. No el Rousseau histórico leído con rigor, sino el Rousseau filtrado, simplificado y moralizado que sigue alimentando buena parte del discurso político, ambiental y social contemporáneo en el país. Rousseau fue una de las mentes más influyentes del siglo XVIII y una de las más contradictorias. Defendió la libertad con una pasión innegable, pero lo hizo desde una profunda desconfianza hacia la sociedad, la civilización y las instituciones que emergen es...
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La especialización sin empresarios es una ilusión peligrosa

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  En Colombia se habla con frecuencia de productividad, de competitividad y de modernización del aparato productivo, pero casi siempre se hace desde un lenguaje tecnocrático que reduce la economía a planes, programas y diagnósticos de escritorio. En ese marco, la división del trabajo aparece como una variable técnica más, algo que puede diseñarse, corregirse o “optimizarse” desde el Estado mediante políticas industriales, subsidios sectoriales o reformas educativas desconectadas del mercado. Lo que rara vez se discute es que esa visión está conceptualmente incompleta y políticamente sesgada, y que al ignorar el papel del empresario y de la incertidumbre termina debilitando precisamente aquello que dice querer fortalecer: el crecimiento económico y el bienestar social. Adam Smith entendió mejor que nadie que la división del trabajo es la base misma del crecimiento económico. Su ejemplo de la fábrica de alfileres sigue siendo una lección poderosa sobre cómo la especialización multipl...
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El dinero no es neutral

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  Hablar de cataláctica y de dinero en la Colombia de hoy no es un ejercicio académico distante ni una discusión reservada a seminarios universitarios; es una necesidad intelectual urgente en un país donde la política económica se ha convertido en un escenario de promesas morales desconectadas de los mecanismos reales del mercado. La ciencia de los intercambios voluntarios, de los precios y de la coordinación social nos recuerda que la economía no gira alrededor de decretos ni de discursos, sino alrededor de decisiones humanas concretas, tomadas bajo escasez, incertidumbre y expectativas. En ese marco, el dinero no puede seguir tratándose como una ficha neutra que el Estado mueve a voluntad sin consecuencias reales sobre la estructura productiva, el ahorro y el bienestar de millones de personas. En Colombia, el debate público suele presentar el dinero como una herramienta política casi ilimitada. Se habla de gasto social, de expansión del crédito público, de financiamiento estata...
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Fraude como política: cuando el Estado de bienestar se convierte en botín

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  En Colombia, hablar de fraude es hablar a la vez de un fenómeno administrativo y de una decisión colectiva: no siempre se trata solo de delincuentes que vulneran normas, sino de contextos y estructuras que hacen del desvío de recursos una herramienta política rentable. El Estado de bienestar moderno —esa promesa de protección social, salud, educación y transferencia de ingresos— genera flujos masivos de recursos y discrecionalidad en su asignación. Cuando las reglas, los incentivos y las redes de poder convergen perversamente, esos flujos no solo se desperdician por ineficiencia: se reproducen y se institucionalizan como mecanismos para sostener clientelas, financiar campañas y afianzar clientelismos. Esta es una reflexión que parte de la evidencia acumulada en Colombia y del debate internacional sobre cómo el diseño institucional y la cultura política tornan el fraude en política pública, con graves consecuencias para la legitimidad y la equidad. Las políticas sociales y compras...
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Decretar salarios, empobrecer realidades

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  En Colombia, el salario mínimo ha dejado de ser una variable económica para convertirse en un instrumento político. El anuncio del presidente Gustavo Petro de incrementarlo en un 23% por decreto, tras el fracaso de la mesa de concertación, no solo rompió una tradición de diálogo social imperfecto pero funcional, sino que expuso una visión de la economía más cercana al voluntarismo ideológico que al análisis técnico. No se trata de negar la legítima aspiración de los trabajadores a mejorar sus ingresos, sino de cuestionar si el camino elegido conduce realmente a ese objetivo o, por el contrario, profundiza los problemas estructurales que se dicen combatir. Resulta revelador que incluso las centrales sindicales, históricamente proclives a aumentos agresivos, plantearan un techo cercano al 16%. Ese dato no es menor: indica que actores directamente interesados en la mejora salarial reconocen los límites que impone la productividad, el empleo formal y la sostenibilidad empresarial. Cu...
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El salario que no libera

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En Colombia, el salario mínimo se ha convertido en uno de los símbolos políticos más poderosos de nuestro tiempo. Cada diciembre, el país asiste a un ritual predecible: mesas de concertación fallidas, discursos encendidos, anuncios presidenciales y aplausos inmediatos en nombre de la “justicia social”. El aumento del salario mínimo, decretado cuando no hay acuerdo, se presenta como una victoria moral del trabajador frente al capital. Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde una verdad incómoda: el salario mínimo, tal como se concibe y se ajusta hoy, no está sacando a nadie de la pobreza y, en muchos casos, está profundizando las condiciones que la reproducen. El primer problema es conceptual. El salario mínimo no es un instrumento de movilidad social; es, en el mejor de los casos, un piso de subsistencia. La evidencia empírica en Colombia muestra que un trabajador que devenga el mínimo destina entre el 80 % y el 90 % de su ingreso a gasto corriente esencial: arriendo, alimentos,...
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Cuando obedecer destruye y disentir condena

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En la Colombia actual se ha consolidado una narrativa tan seductora como peligrosa: el poder político decreta desde una supuesta superioridad moral y, cuando la realidad económica no obedece, el culpable no es la política pública sino el empresario. No el gran capital abstracto que habita los discursos ideológicos, sino el empresario real y cotidiano: el comerciante de barrio, el dueño de una panadería, el pequeño hotelero, el taller mecánico, la microempresa que sostiene empleo en medio de impuestos crecientes, cargas laborales rígidas, inflación persistente y una demanda cada vez más frágil. En ese relato, cuando no puede cumplir la orden “bien intencionada” del poder, deja de ser un agente económico y pasa a ser el villano moral de la historia. El problema de fondo no es una cifra concreta ni un decreto aislado, sino el marco mental desde el cual hoy se gobierna la economía en Colombia. Se ha reforzado la idea de que los fenómenos económicos responden a la voluntad política, a la j...
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