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El Estado que vive del empresario

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En Colombia seguimos atrapados en discusiones superficiales, casi infantiles, como si la política económica fuera una versión sofisticada del dilema del huevo y la gallina. ¿Depende la empresa del Estado o el Estado de la empresa? La respuesta, cuando se abandona el discurso y se entra en la contabilidad nacional, es menos romántica y más contundente: sin actividad productiva no hay base gravable; sin base gravable no hay recaudo; sin recaudo sostenible no hay Estado funcional. Lo demás es retórica. Basta revisar la estructura fiscal colombiana. Más del 80 % de los ingresos corrientes del Gobierno Nacional provienen de impuestos, principalmente renta e IVA, según cifras del Ministerio de Hacienda y la DIAN. Ambos dependen directa o indirectamente de la actividad privada: utilidades empresariales, consumo de hogares, transacciones comerciales. El Estado no crea riqueza en términos netos; la redistribuye, la regula o la consume. Esa no es una consigna ideológica, es un hecho contable. El...
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Derechos sin riqueza

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  Colombia se ha acostumbrado a prometerse a sí misma un país que no ha construido. En el discurso público se repite que los problemas que nos rodean —pobreza, informalidad, desigualdad, acceso precario a servicios— son ante todo “problemas sociales” que deben resolverse ampliando derechos y reforzando el papel del Estado. Sin embargo, la evidencia empírica y la experiencia cotidiana sugieren algo más incómodo: lo que padecemos no es un déficit de proclamaciones jurídicas, sino un déficit de productividad, de crecimiento sostenido y de límites institucionales al poder político. Hemos confundido el lenguaje moral de los derechos con la mecánica económica que hace posible financiarlos. Desde la Constitución Política de Colombia de 1991, el país adoptó un modelo de Estado Social de Derecho que constitucionalizó una amplia gama de derechos prestacionales. Salud, educación, vivienda digna, mínimo vital, seguridad social: todos elevados a rango constitucional. En teoría, esta arquitectur...
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Estado sin pérdidas, coca sin freno

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Hay una verdad incómoda que Colombia se resiste a discutir con rigor técnico y sin consignas: las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico operan bajo una arquitectura organizacional que no castiga el fracaso ni recompensa la eficiencia estructural. En un país donde la producción potencial de cocaína ha alcanzado máximos históricos —según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en sus informes más recientes—, el debate no puede seguir reducido a si debemos erradicar más o dialogar más, si fumigar o sustituir, si militarizar o desescalar. La discusión de fondo es más profunda: ¿puede una estructura estatal que no enfrenta mecanismos de pérdidas reales generar resultados eficientes y sostenibles en un mercado ilícito altamente rentable y adaptable? La Policía Nacional de Colombia, como toda organización estatal financiada por presupuesto público, no opera bajo señales de ganancias y pérdidas. Esto no es un juicio moral; es una característica estr...
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El poder que nos empobrece

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Hay algo casi ritual en Colombia cada vez que el gobierno anuncia una nueva inversión millonaria para “resolver” un problema social. Las cifras se pronuncian con solemnidad, los titulares repiten la magnitud del presupuesto y una parte de la opinión pública asume que el tamaño del gasto equivale automáticamente a la magnitud de la solución. Pero la experiencia acumulada durante décadas obliga a una pregunta incómoda: ¿desde cuándo el volumen del dinero público garantiza resultados y no, más bien, amplía el margen de captura política? No se trata de cinismo, sino de evidencia institucional. Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, Colombia adoptó un modelo de Estado social de derecho con amplias funciones económicas y sociales. El gasto público como porcentaje del PIB pasó de niveles cercanos al 20 % en los años noventa a cifras que hoy superan el 30 %, según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Paralelamente, el número de entidades, programas y f...
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El poder no pide permiso

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  En Colombia seguimos discutiendo política como si el problema fuera de personas y no de estructuras. Nos enfrentamos entre amigos, familias y colegas por la figura del presidente de turno, por el ministro que cae o por el congresista que sube el tono, mientras el mecanismo real del poder estatal opera intacto, silencioso y eficaz. El Estado moderno no gobierna porque la sociedad lo haya autorizado de manera consciente y permanente, sino porque ha perfeccionado una lógica mucho más eficiente: crear o aprovechar crisis, administrar el miedo colectivo y convertir la obediencia en una obligación moral antes que en una imposición explícita. La idea del consentimiento de los gobernados, tan repetida en manuales de educación cívica y discursos oficiales, se ha vaciado de contenido real. En teoría, los ciudadanos delegan poder; en la práctica, el Estado actúa como si ese poder fuera irreversible y automático. Votar no es consentir cada política fiscal, regulatoria o monetaria; es, en el ...
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La vivienda cara no es un error, es un diseño

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  En Colombia se ha normalizado una paradoja que ya casi nadie cuestiona: trabajar toda una vida y aun así no poder acceder a una vivienda digna sin endeudarse durante treinta años. Se repite que el problema es la falta de ingresos, la especulación privada o el “mercado salvaje”, pero rara vez se mira con rigor al actor que más ha intervenido, distorsionado y condicionado el precio de la vivienda: el poder político. La vivienda cara no es una anomalía del sistema, es una consecuencia lógica de cómo el Estado colombiano ha decidido ordenar el suelo, el crédito, la tributación y el relato económico del progreso. Durante las últimas décadas, los distintos gobiernos han presentado el aumento del precio de la vivienda como una señal de desarrollo. Se celebra el crecimiento del sector constructor como motor del PIB, se anuncian récords de ventas y se presume la valorización de los activos inmobiliarios como sinónimo de bienestar. Sin embargo, detrás de esa narrativa optimista se esconde ...
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La prosperidad no se legisla

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  Hay frases que incomodan porque obligan a mirar la realidad sin el filtro del discurso político. Decir que los políticos no construirán prosperidad, mientras los emprendedores sí, no es una consigna ideológica ni una provocación gratuita; es una constatación empírica que la Colombia de hoy confirma a diario. En un país donde el debate público gira obsesivamente alrededor del poder, del presupuesto y del control estatal, resulta casi herético afirmar que el bienestar colectivo no nace de la política, sino a pesar de ella. La economía de mercado, entendida no como un dogma sino como un proceso social de cooperación voluntaria, es el único sistema que permite que millones de personas persigan sus propias multas sin imponerlos a otros. No promete igualdad de resultados, pero sí algo mucho más valioso: igualdad de reglas para intercambiar, competir y crear. En Colombia, donde las diferencias regionales, sociales y culturales son profundas, esta característica no es un defecto, sino ...
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