Más derecho, menos trabajo

Colombia ha dado un paso con la nueva reforma laboral que, en apariencia, busca dignificar el trabajo y fortalecer las garantías de quienes ya están en la formalidad. Se amplían los recargos nocturnos y dominicales, se restringen los contratos temporales y se establece el contrato a término indefinido como regla general. Todo esto parece avanzar en la dirección correcta desde un punto de vista ético y político: reconocer que el trabajo no puede seguir siendo precario y que los trabajadores necesitan mayor estabilidad y seguridad. Sin embargo, la realidad es más compleja. En un país donde más del 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad y donde el desempleo estructural golpea de manera especial a jóvenes y mujeres, elevar los costos de contratación puede terminar siendo un privilegio para unos pocos y un muro infranqueable para la mayoría que aún busca un empleo estable.

Este es el primer contraste: una reforma que promete inclusión puede, paradójicamente, profundizar la exclusión. No se trata de negar la necesidad de proteger a los trabajadores formales, sino de reconocer que Colombia es un país donde la mayoría no pertenece a esa categoría. Las micro y pequeñas empresas, responsables de generar más del 80% del empleo, funcionan con márgenes estrechos y escasa capacidad de absorber costos adicionales. Para ellas, el incremento de cargas laborales significa una decisión incómoda: contratar menos, reducir personal, automatizar o trasladarse a la informalidad. En la práctica, los más beneficiados serán quienes ya tienen un contrato formal, mientras los desempleados e informales se verán aún más lejos de entrar al sistema.

El fenómeno no es exclusivo de Colombia. Basta recordar el caso de los aranceles al acero en Estados Unidos, que buscaban proteger la industria siderúrgica y salvar empleos. A corto plazo, sí hubo un alivio en ese sector, pero a costa de encarecer la producción en todas las industrias que dependían del acero como insumo. El resultado neto fue la pérdida de más empleos de los que se protegieron y un aumento de precios que recayó en los consumidores. Lo mismo ocurre cuando se elevan los costos de contratación laboral sin considerar la productividad: la rigidez no genera más trabajo, lo expulsa hacia sectores menos competitivos o hacia la informalidad.

El problema de fondo es que se legisla como si la economía fuera uniforme, como si todas las empresas fueran grandes corporaciones con suficiente músculo financiero. Pero la realidad es otra: la mayoría son pequeños talleres, comercios familiares y emprendimientos que subsisten día a día. Para ellos, el nuevo marco no se traduce en dignidad laboral, sino en obstáculos adicionales. Un ejemplo cercano es el de una zapatería en Bogotá con cuatro empleados, donde el alza en los recargos y la restricción de contratos temporales puede significar la necesidad de despedir a uno de los trabajadores, trasladar parte de la producción a la informalidad o incluso cerrar. En esa ecuación, nadie gana realmente: ni el empleador, ni el trabajador despedido, ni la sociedad que pierde una fuente de empleo formal.

Las consecuencias sociales de este tipo de medidas se manifiestan en múltiples planos. Por un lado, el consumidor termina pagando más por bienes y servicios porque las empresas trasladan el costo adicional al precio final. Por otro, los trabajadores informales permanecen fuera de cualquier red de protección social, con ingresos volátiles y sin prestaciones. Y, en tercer lugar, el país pierde competitividad frente a economías con marcos laborales más flexibles que atraen inversión y generan empleo. Mientras tanto, el discurso político se refugia en la retórica de la justicia social, aunque los efectos materiales recaen sobre los más vulnerables.

Este es un debate donde las ideologías pesan. Desde la visión de Gustavo Petro y su movimiento, la reforma es un acto de justicia frente a décadas de precarización. Desde la perspectiva de gremios empresariales y economistas de corte liberal, es un golpe a la generación de empleo y a la competitividad. Pero más allá de bandos, el dilema es si una reforma laboral debe concebirse como un fin en sí mismo o como parte de una estrategia integral que incluya educación, formación técnica, incentivos a la formalización, apoyo a las microempresas y un sistema de protección social robusto que no dependa exclusivamente del contrato laboral formal. Sin esas piezas, la reforma es un edificio a medio construir.

La experiencia internacional muestra que las reformas exitosas equilibran seguridad y flexibilidad. En países nórdicos, por ejemplo, se protege al trabajador más que al puesto de trabajo: existen seguros de desempleo amplios, programas de capacitación y políticas activas de empleo que permiten transitar entre trabajos sin perder estabilidad económica. En Colombia, la apuesta parece haber sido la contraria: blindar el puesto de trabajo sin ofrecer garantías efectivas para quienes están fuera del sistema. Esa asimetría es la que puede volver regresiva una reforma que, en principio, se presenta como progresista.

El verdadero reto no es proteger a quienes ya están dentro, sino abrir la puerta para quienes están fuera. Eso exige creatividad institucional: incentivos temporales para la formalización en pequeñas empresas, subsidios a la contratación juvenil, reducción gradual de cargas no salariales, fortalecimiento del seguro de desempleo y, sobre todo, un sistema educativo articulado con el mercado laboral que aumente la productividad de los trabajadores. Sin estas medidas, la reforma puede convertirse en un privilegio de pocos financiado con el sacrificio silencioso de muchos.

Colombia no puede seguir atrapada en el espejismo de creer que la dignidad laboral se decreta por ley. El trabajo digno se construye con productividad, confianza e instituciones que promuevan la inclusión. Una reforma que rigidiza el mercado puede ser técnicamente “buena” para quienes ya tienen empleo formal, pero resulta dañina para quienes buscan un espacio en él. El riesgo es que, en nombre de más derechos, terminemos con menos trabajo. Y ese sería el mayor fracaso de una política que se anunció como bandera de equidad social, pero que podría terminar consolidando una nueva forma de exclusión.