Racionalidad, lógica y sentido común

La Universidad del Atlántico vuelve a ser el reflejo más claro de una enfermedad que carcome no solo a la educación superior sino a las instituciones públicas del país: la idea de que la “experiencia” es sinónimo de capacidad moral, técnica y liderazgo. Detrás de esa palabra, convertida en fetiche burocrático, se oculta la coartada perfecta de los mismos grupos que han gobernado los espacios académicos y administrativos por décadas. En la reciente elección de Leyton Barrios como rector, más que una discusión sobre méritos o visión institucional, se evidenció la pugna entre dos fuerzas: una que defiende el statu quo amparada en la retórica de la trayectoria, y otra que reclama un nuevo comienzo basado en valores, ética y vocación de servicio. El relato de la experiencia se ha transformado en un argumento de poder. En teoría, se valora por el conocimiento acumulado y la madurez que otorga el tiempo; en la práctica, se usa como una barrera invisible para excluir a quienes no forman parte ...

  La afirmación que sostiene este texto —que buena parte de quienes hoy aspiran a un cargo público en Colombia lo hacen motivados por la perspectiva de enriquecerse a partir del control del gasto público— no es una invectiva moral sin anclaje, sino una hipótesis que explica un conjunto de observaciones empíricas, patrones institucionales y señales de incentivo que están presentes en nuestra realidad contemporánea. No se trata de negar la existencia de gobernantes honestos ni de agentes públicos con vocación de servicio; se trata de entender por qué la política, con su promesa de acceso a recursos, contratos, nombramientos y discrecionalidad, termina siendo para muchos la mejor forma de movilidad social y económica en un país donde las alternativas legítimas de ascenso son limitadas y la rendición de cuentas es débil. Esta lectura exige mirar datos, instituciones, casos y la cultura política que entrelaza todo ello. Para empezar por las cifras: los diagnósticos sobre impunidad y per...

En Colombia, cada cierto tiempo vuelve a resonar el eco de la “reforma agraria” como si fuera el conjuro que todo lo soluciona. Políticos, activistas y voceros de izquierda agitan el discurso de la tierra como si en ella se hallara la raíz de todos los males nacionales. Dicen que sin redistribución no habrá paz, que sin justicia agraria no habrá igualdad, y que sin tierra no hay futuro. Sin embargo, la realidad económica y social del país demuestra lo contrario: la insistencia en una reforma agraria no es un proyecto de desarrollo, sino un relato ideológico que se mantiene vivo porque sirve para justificar la lucha política de quienes ven en el campo no un espacio de producción, sino un escenario de poder. El mito agrario de la izquierda colombiana tiene larga data. Nació de la lectura marxista que dominó el pensamiento político en América Latina durante el siglo XX, donde la propiedad de la tierra era el símbolo de la opresión y el campesino el sujeto revolucionario. Desde los años ci...

En Colombia, la propiedad privada atraviesa un asedio silencioso, disfrazado de justicia social, progreso o seguridad. No es un ataque frontal, sino una erosión constante que avanza con la legitimidad de los decretos, el lenguaje de la equidad y la retórica del bien común. En medio de un país donde el Estado ha crecido desmesuradamente, donde la burocracia decide quién puede construir, vender o producir, y donde los tribunales justifican expropiaciones bajo el argumento de la utilidad pública, la propiedad —que debería ser el baluarte de la libertad— se ha convertido en una concesión temporal. Lo que fue concebido como un derecho inviolable, hoy pende de la discrecionalidad de los funcionarios que interpretan la ley según el clima político del momento. El ciudadano colombiano promedio vive rodeado de advertencias sobre lo que puede o no hacer con lo suyo. Los permisos de uso del suelo, las licencias ambientales, las cargas impositivas y las inspecciones administrativas han convertido e...

Colombia atraviesa una época donde la verdad ha dejado de ser un punto de partida para convertirse en un territorio en disputa. Lo que antes era una confrontación política entre visiones de desarrollo, hoy es una batalla simbólica por el sentido de la historia, por la autoridad moral de los relatos y por la definición misma de lo que el país considera justo, legítimo o verdadero. En este contexto, el revisionismo no es una corriente de pensamiento sino una estrategia de poder. Reescribir el pasado, reinterpretar el presente y condicionar el futuro son los mecanismos mediante los cuales se impone una visión ideológica que se presenta como emancipadora, pero que en realidad busca dominar el relato colectivo. El actual gobierno ha convertido el revisionismo en su instrumento más eficaz de legitimación. No se trata únicamente de discutir el pasado sino de reescribirlo según las necesidades del presente político , reinterpretando la historia reciente con un lenguaje de redención. Los héroes...

La salud pública, que alguna vez fue el rostro más humano del Estado, parece hoy un sofisticado instrumento de gestión poblacional. Su propósito inicial —proteger la vida y garantizar el acceso universal a la atención médica— se ha transformado en un aparato burocrático que decide qué es saludable, cómo debe vivirse y hasta qué punto la libertad individual puede ser sacrificada en nombre del bienestar colectivo. En Colombia, este debate ya no es filosófico, es profundamente político: la reciente reforma a la salud, el creciente control estatal sobre los servicios y la adopción de tecnologías que interpretan datos personales en tiempo real reflejan una tendencia que redefine la relación entre individuo y Estado bajo el discurso de la salud. Lo que antes era un derecho, hoy se aproxima peligrosamente a una obligación moral supervisada por algoritmos y ministerios. El ideal utilitarista del “mayor bien para el mayor número”, que inspiró el desarrollo de la salud pública moderna, ha deriva...

Ha ocurrido algo que trasciende la política cotidiana y nos obliga a mirar de frente la relación entre soberanía, justicia y poder en el mundo contemporáneo. La reciente inclusión del presidente Gustavo Petro, su familia y parte de su círculo cercano en la llamada “Lista Clinton” —una medida de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos— no es un hecho menor. Es, en esencia, una declaración internacional sobre el estado del gobierno colombiano y sobre la confianza que el sistema financiero global deposita en su conducción. No se trata simplemente de un titular o de un episodio diplomático, sino de un evento que puede alterar la arquitectura económica y política del país. Esa lista, creada en 1995 y formalmente conocida como la “Specially Designated Nationals and Blocked Persons List”, surgió para combatir el lavado de activos y el narcotráfico en América Latina, pero a lo largo de las décadas se ha convertido en una herramienta ...

La convicción de que la bondad de las intenciones confiere inmunidad moral a los medios es una tentación recurrente en la vida pública. En Colombia, esa tentación no es un ejercicio teórico: es una práctica con consecuencias tangibles. Cuando los actores políticos, los gobiernos o los movimientos sociales asumen que “lo que se busca es justo, por tanto todo vale”, el debate público se desplaza del análisis de resultados hacia la exaltación moral de los fines. Y cuando eso ocurre, la política deja de ser un ejercicio de responsabilidad para convertirse en una cruzada moral. El problema con esa idea —tan frecuente en el discurso progresista latinoamericano— es que transforma la autopercepción de virtud en una forma de poder. La “superioridad moral” se convierte en una licencia para la arbitrariedad: justifica la manipulación institucional, el ataque a los críticos y la descalificación de cualquier oposición. En el fondo, deja de importar si una política funciona o no; basta con que “repr...

Colombia atraviesa una etapa de profunda confusión ideológica, en la que el discurso de la justicia social se ha transformado en una herramienta política para justificar la intervención creciente del Estado en la economía. Bajo el pretexto de proteger a los más vulnerables y garantizar una supuesta “igualdad material”, el actual gobierno ha comenzado a coquetear con viejas fórmulas socialistas de redistribución que, en lugar de reducir la pobreza, terminan anulando los incentivos para crear riqueza. La historia ya ha demostrado —una y otra vez— que los sistemas que buscan controlar la producción y la distribución de los bienes de consumo terminan generando escasez, corrupción y privilegios para quienes se encuentran cerca del poder. Sin embargo, en Colombia parece haber una peligrosa fascinación con repetir los mismos errores que hundieron a otras naciones en la pobreza estructural. La lógica de la planificación socialista parte de una idea aparentemente noble: garantizar que todos ten...

El comunismo nunca se impone de un solo golpe; se filtra, lentamente, bajo la piel de las sociedades que bajan la guardia frente a la concentración del poder. En Colombia, hoy, asistimos a un proceso que recuerda con inquietante precisión los primeros años del experimento cubano: un gobierno que, en nombre del cambio, erosiona la confianza en las instituciones, desincentiva la producción privada y siembra la idea de que solo el Estado puede resolverlo todo. Esa fue exactamente la promesa que, hace más de seis décadas, llevó a Cuba del entusiasmo revolucionario a la ruina económica y la represión política. La historia cubana es una advertencia viva. En 1959, el discurso de Fidel Castro prometía justicia social, soberanía y dignidad para el pueblo. En pocos años, las libertades políticas fueron reemplazadas por la vigilancia estatal, la economía privada desapareció y el pensamiento crítico fue silenciado. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el PI...

Colombia sobrevivió a una pandemia que paralizó al mundo, destruyó millones de empleos y llevó a la economía global a una recesión sin precedentes. Sin embargo, en medio de ese caos, el país demostró una resiliencia admirable: se levantaron pequeñas y medianas empresas, la producción interna se adaptó, y el sector privado —con sus propias fuerzas— logró reactivar una economía que en 2021 crecía al 10,7%, una cifra que parecía anticipar una nueva etapa de dinamismo. Pero ese impulso se detuvo abruptamente con la llegada de un gobierno que, paradójicamente, en nombre del cambio, ha terminado afectando las bases más sensibles de la estabilidad nacional. Hoy, según múltiples analistas, la situación económica, política y social de Colombia ha alcanzado un nivel de deterioro que algunos califican como “peor que la pandemia”, no por el número de vidas perdidas, sino por la magnitud del daño institucional y la profundidad de la incertidumbre generada. El contraste entre una crisis sanitaria gl...

Colombia atraviesa una paradoja que pocos reconocen con franqueza: mientras el gobierno proclama su compromiso con el empleo, sus políticas lo están destruyendo desde adentro. La obsesión estatal por intervenir, controlar y “proteger” el mercado laboral ha terminado asfixiando la capacidad de las empresas para generar trabajo formal. En nombre de la justicia social y la dignidad del trabajador, el Estado ha creado un entramado de regulaciones, costos y rigideces que hacen casi imposible contratar o despedir sin temor a la ruina. Y aunque el discurso oficial sostiene que se trata de garantizar derechos, la realidad económica demuestra que esas intervenciones han convertido al empleo formal en un lujo cada vez más inaccesible. La raíz del problema está en la concepción ideológica que guía al actual gobierno y a buena parte de la clase política. Desde el Palacio de Nariño se habla de “democratizar la economía”, de “equilibrar las fuerzas del trabajo y del capital”, y de “fortalecer los de...