Racionalidad, lógica y sentido común

En Colombia, el salario mínimo se ha convertido en uno de los símbolos políticos más poderosos de nuestro tiempo. Cada diciembre, el país asiste a un ritual predecible: mesas de concertación fallidas, discursos encendidos, anuncios presidenciales y aplausos inmediatos en nombre de la “justicia social”. El aumento del salario mínimo, decretado cuando no hay acuerdo, se presenta como una victoria moral del trabajador frente al capital. Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde una verdad incómoda: el salario mínimo, tal como se concibe y se ajusta hoy, no está sacando a nadie de la pobreza y, en muchos casos, está profundizando las condiciones que la reproducen. El primer problema es conceptual. El salario mínimo no es un instrumento de movilidad social; es, en el mejor de los casos, un piso de subsistencia. La evidencia empírica en Colombia muestra que un trabajador que devenga el mínimo destina entre el 80 % y el 90 % de su ingreso a gasto corriente esencial: arriendo, alimentos,...

En la Colombia actual se ha consolidado una narrativa tan seductora como peligrosa: el poder político decreta desde una supuesta superioridad moral y, cuando la realidad económica no obedece, el culpable no es la política pública sino el empresario. No el gran capital abstracto que habita los discursos ideológicos, sino el empresario real y cotidiano: el comerciante de barrio, el dueño de una panadería, el pequeño hotelero, el taller mecánico, la microempresa que sostiene empleo en medio de impuestos crecientes, cargas laborales rígidas, inflación persistente y una demanda cada vez más frágil. En ese relato, cuando no puede cumplir la orden “bien intencionada” del poder, deja de ser un agente económico y pasa a ser el villano moral de la historia. El problema de fondo no es una cifra concreta ni un decreto aislado, sino el marco mental desde el cual hoy se gobierna la economía en Colombia. Se ha reforzado la idea de que los fenómenos económicos responden a la voluntad política, a la j...

  Hay decisiones de gobierno que no se explican por ignorancia técnica, sino por convicción ideológica. El aumento del salario mínimo cercano al 23 % decretado por el gobierno de Gustavo Petro pertenece a esa categoría: no es un error de cálculo, es una apuesta política consciente que sacrifica empleo, productividad y estabilidad económica a cambio de réditos simbólicos inmediatos. En un país como Colombia, con una informalidad laboral que ronda el 58 %, una productividad estancada y un tejido empresarial dominado por micro y pequeñas empresas, esta decisión no es progresista ni audaz; es profundamente regresiva. El salario mínimo no es un simple ingreso individual. En Colombia es una variable estructural que indexa buena parte de la economía: salarios públicos, pensiones, contratos estatales, multas, tarifas, aportes a seguridad social y costos empresariales. Aumentarlo muy por encima de la inflación y de la productividad no redistribuye riqueza; problemas de redistribuye. La ev...

  Hay una forma particularmente sofisticada de mentir que no consiste en falsear los hechos, sino en administrarlos. En Colombia, hoy, el debate sobre la inflación se mueve exactamente en ese terreno: el de la verdad incompleta. El gobierno no necesita alterar los datos oficiales para construir un relato conveniente; le basta con escoger cuáles cifras amplificar, cuáles silenciar y, sobre todo, cómo interpretarlas frente a una ciudadanía que vive una realidad económica muy distinta a la que describen los comunicados técnicos. En ese desajuste entre el dato y la experiencia cotidiana se está gestando una fractura profunda de confianza. Formalmente, la inflación en Colombia ha mostrado una desaceleración respecto a los picos alcanzados en 2022 y 2023. El DANE ha registrado una reducción progresiva de la variación anual del IPC, y el gobierno ha presentado ese comportamiento como evidencia de éxito en la conducción económica. Sin embargo, esa lectura es, en el mejor de los casos, inco...

  Colombia discute la inteligencia artificial como si fuera un fenómeno externo, casi inevitable, que llegará a ordenar el caos productivo, cerrar brechas y compensar nuestras deficiencias históricas. El debate público oscila entre el entusiasmo tecnocrático y el miedo laboral, pero rara vez se detiene en lo esencial: la IA no es solo una herramienta, es una arquitectura de poder. Y en una sociedad con instituciones frágiles, informalidad persistente y una creciente dependencia del Estado como proveedor de ingresos, esa arquitectura puede profundizar una forma moderna de servidumbre, menos visible que la del pasado, pero más eficiente y difícil de cuestionar. La promesa central de la IA es la productividad. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, cerca del 40% del empleo global estará expuesto a la automatización basada en inteligencia artificial, con impactos particularmente complejos en economías emergentes donde la informalidad supera el 50%. Colombia no es la exce...

  Hay una paradoja que atraviesa la política colombiana con una naturalidad inquietante: el dinero es simultáneamente despreciado en el discurso público y venerado en la práctica privada. Se le trata como algo vulgar cuando proviene del ciudadano común, pero se le persigue con ferocidad cuando está ligado al poder, al acceso, a la influencia. En Colombia, donde la política se ha profesionalizado como carrera de élites y no como servicio público, esta contradicción ya no escandaliza; se ha normalizado. La escena es conocida. Tras la muerte de una figura pública, un líder social, un militar o un funcionario, abundan los discursos solemnes sobre la “deuda moral” del país, sobre el honor de la nación, sobre el sacrificio que no puede medirse en pesos. Se apela a la grandeza simbólica, a la épica republicana, a la idea de que hay valores superiores al dinero. Sin embargo, cuando se propone algo tan concreto como que quienes gobiernan o deciden aporten una semana de su salario para respa...

  Hay una idea que se repite con ligereza en el debate público colombiano: la inflación es un mal transitorio, una consecuencia inevitable de choques externos, una variable técnica que se corrige con paciencia y confianza institucional. Sin embargo, esa forma de narrarla es profundamente engañosa. La inflación no es solo un aumento generalizado de precios; es una alteración estructural de los incentivos económicos y una redistribución silenciosa del poder entre quienes ya poseen activos y quienes apenas intentan construirlos. En la Colombia de hoy, ese fenómeno está produciendo algo más grave que encarecimiento del costo de vida: está expulsando a una generación completa del proceso de acumulación de riqueza. Basta observar un hecho cotidiano para entender la magnitud del problema. Un joven profesional en una ciudad como Bogotá, Medellín o Barranquilla puede destinar más del 40 % de su ingreso mensual al arriendo de una vivienda modesta. El acceso al crédito hipotecario exige ingre...

  En Colombia, la idea de igualdad se ha convertido en un dogma político que rara vez se somete a examen crítico. Se la invoca como principio moral incuestionable, como justificación última de reformas, impuestos, regulaciones y programas estatales, y como vara para medir la legitimidad de cualquier proyecto de gobierno. Sin embargo, en medio de esa exaltación constante de la igualdad, hay una ausencia llamativa: la defensa explícita, sistemática y sin complejos de la libertad individual. No porque la libertad haya sido derrotada en el debate público, sino porque ha sido desplazada, casi sin resistencia, por una narrativa que promete justicia social mientras erosiona silenciosamente los márgenes de autonomía personal. La discusión política actual en Colombia lo demuestra con claridad. Cuando se presentan reformas estructurales —tributarias, laborales, pensionales o de salud— el debate se concentra en aspectos técnicos: si la reforma recauda lo suficiente, si es fiscalmente sostenib...

En la Colombia de hoy, atravesada por una crisis de confianza institucional, estancamiento productivo, inflación persistente y una creciente polarización cultural, el progresismo se presenta como la respuesta moral a todos los males históricos del país. Habla en nombre de los excluidos, invoca la ciencia, se apropia del lenguaje de los derechos y se autoproclama heredero del progreso humano. Sin embargo, cuando se examina con rigor, esta visión del mundo no descansa sobre diagnósticos empíricos sólidos ni sobre principios coherentes, sino sobre una constelación de mitos políticos que funcionan más como dogmas que como hipótesis contrastables. En ese sentido, el progresismo contemporáneo en Colombia no opera como una corriente crítica abierta al debate, sino como una moral oficial que clasifica, sanciona y excluye a quien se atreva a cuestionarla. El primer mito fundacional es el racial. Bajo la premisa de corregir injusticias históricas, el progresismo ha reemplazado el ideal liberal d...

La afirmación de Elon Musk según la cual el dinero se volverá irrelevante en un futuro dominado por la inteligencia artificial no es una simple provocación tecnológica; es una tesis que interpela directamente la estructura misma de nuestras sociedades. Plantea, en apariencia, una promesa de abundancia, de automatización total y de liberación del ser humano del trabajo forzado por la necesidad. Sin embargo, observada desde la realidad concreta de un país como Colombia —desigual, informal, con baja productividad y profundas brechas institucionales— esta idea no suena a emancipación, sino a advertencia. Porque el problema no es que el dinero deje de ser relevante, sino que, para millones, ya está dejando de ser accesible. En los países desarrollados, el debate sobre la automatización se centra en la redistribución del tiempo, la renta básica universal o el rediseño del trabajo. En Colombia, en cambio, la discusión ocurre en un contexto donde más del 55 % de la población ocupada trabaja en...

En Colombia la inflación ha dejado de ser una estadística técnica para convertirse en una experiencia cotidiana. Está en la factura del supermercado, en la cuota del crédito hipotecario, en el transporte público, en el arriendo que sube sin preguntar y en el salario que nunca alcanza. No se trata solo de precios más altos, sino de una sensación persistente de retroceso social, de trabajar más para sostener menos, de vivir en un país donde el esfuerzo pierde valor con el paso del tiempo. En ese escenario, la clase media se ha convertido en la principal víctima silenciosa de un fenómeno que muchos insisten en explicar como coyuntural, cuando en realidad tiene raíces estructurales profundamente políticas. La inflación monetaria no es un accidente ni una catástrofe natural. Es el resultado de decisiones conscientes sobre cómo se financia el Estado. En los últimos años, Colombia ha enfrentado un aumento significativo del gasto público, impulsado por mayores compromisos sociales, expansión b...

En Colombia hablar hoy de crisis de asequibilidad no es una exageración retórica ni una consigna ideológica: es una experiencia cotidiana. El costo de vida aumenta más rápido que los ingresos reales, el acceso a vivienda se vuelve progresivamente inalcanzable para amplios sectores de la clase media, el crédito de consumo reemplaza al salario como mecanismo de supervivencia y el ahorro se ha convertido en un privilegio excepcional. Frente a este escenario, la respuesta dominante desde el poder político ha sido insistir en más regulación, más subsidios, más intervención y más gasto público, como si la causa del problema fuera una insuficiencia de Estado y no, precisamente, su hipertrofia. La inflación reciente en Colombia, que alcanzó picos superiores al 13 % anual entre 2022 y 2023 según cifras del DANE, no solo erosionó el poder adquisitivo de los hogares, sino que reveló con crudaza una verdad incómoda: el dinero pierde valor no por azar, sino por decisiones políticas. La expansión m...