La larga estafa

El verdadero derrumbe de una sociedad no suele anunciarse con fuegos artificiales ni con un colapso súbito que todos puedan reconocer de inmediato. Por el contrario, se manifiesta en el desgaste silencioso, casi imperceptible, de la vida cotidiana. Colombia, al igual que tantas otras naciones atrapadas en la maquinaria del intervencionismo estatal, no vive a la espera de un cataclismo económico, sino que ya atraviesa su ajuste de cuentas: un deterioro progresivo de la calidad de vida, una erosión paulatina de la confianza en las instituciones y una pérdida constante de la capacidad de generar riqueza. Lo que se presenta como “avance social” no es más que la sofisticación de un sistema que premia la dependencia y castiga la iniciativa.

La historia ofrece ejemplos elocuentes de que la decadencia rara vez ocurre de manera abrupta. Gran Bretaña, potencia indiscutible en el siglo XIX, vio su hegemonía diluirse a lo largo del siglo XX no por una derrota militar repentina, sino por el peso cada vez más asfixiante de un Estado interventor que debilitó la virtud productiva de su pueblo. El imperio de la productividad fue cediendo paso al imperio de la burocracia. En Colombia, salvando las distancias, se repite esa lógica de degradación: los discursos de justicia social y equidad se convierten en pretexto para consolidar aparatos políticos cuya principal función es perpetuarse, no resolver los problemas estructurales de la nación.

Es suficiente observar la manera en que la inflación golpea a la clase media para entender que no se trata de un fenómeno accidental ni coyuntural, sino de una herramienta deliberada de financiamiento estatal. Cada punto de inflación es, en realidad, un impuesto encubierto que se lleva de los bolsillos de quienes producen y ahorran para sostener la maquinaria política. Cuando los precios del mercado se disparan, no es simplemente el resultado de la “codicia de los empresarios”, como suelen repetir algunos líderes, sino el efecto inevitable de una expansión monetaria y de un gasto público que no reconoce límites. En este escenario, el ciudadano común pierde su poder adquisitivo sin comprender que el responsable último es el mismo Estado que promete protegerlo.

El discurso oficial intenta revestir esta realidad con una narrativa de progreso social. Se nos dice que los subsidios, las transferencias y las políticas redistributivas son el camino hacia la equidad. Sin embargo, la evidencia muestra que lo que en realidad ocurre es un desplazamiento del esfuerzo individual hacia la dependencia colectiva. La clase media, motor natural de la prosperidad, se encuentra atrapada: demasiado rica para acceder a subsidios, demasiado exprimida para acumular patrimonio. Mientras tanto, las élites políticas mantienen intactos sus privilegios y amplían su control sobre la economía, administrando la pobreza en lugar de generar riqueza.

No se trata de un fenómeno exclusivamente colombiano. En Estados Unidos, políticos como Bernie Sanders han defendido la expansión del Estado bajo la bandera de la justicia social, mientras que voces como la de Thomas Sowell han advertido que cada “derecho” garantizado por el gobierno se convierte en una obligación que alguien más debe financiar. En América Latina, los experimentos populistas de gobiernos como el de Venezuela muestran cómo la promesa de igualdad terminó por devastar la riqueza nacional, transformando a la otrora potencia petrolera en un laboratorio de miseria. En Colombia, aunque aún estamos lejos de ese escenario extremo, la lógica es la misma: el Estado se expande sobre la base del sacrificio silencioso de quienes trabajan y producen, mientras la narrativa oficial insiste en que el bienestar depende de la redistribución.

Lo más perverso de esta larga estafa es que ha logrado moldear la mentalidad de los ciudadanos. En lugar de exigir menos control estatal, buena parte de la población reclama más intervención, convencida de que la solución a sus problemas vendrá de decretos, subsidios o programas sociales. La cultura política se convierte entonces en un círculo vicioso: un pueblo que espera todo del Estado y un Estado que necesita mantener ese clientelismo para sobrevivir. Así, se profundiza el desprecio por la libertad individual y la responsabilidad personal, al mismo tiempo que se glorifica la dependencia.

Pero basta observar situaciones cotidianas para entender la magnitud del problema. Una familia en Barranquilla que hace diez años podía proyectarse para comprar vivienda propia, hoy encuentra que su ingreso mensual se diluye entre intereses de créditos cada vez más costosos, impuestos crecientes y una inflación que devora cualquier ahorro. Un joven emprendedor en Medellín que decide iniciar un pequeño negocio descubre que la mayor parte de sus energías no se invierte en innovar o crecer, sino en cumplir con trámites, pagar cargas tributarias y enfrentar la burocracia. Un trabajador en Bogotá ve cómo, pese a las promesas de aumentos en el salario mínimo, sus ingresos reales se reducen porque el alza de precios supera con creces el ajuste decretado. Todo esto no es casualidad, es la expresión concreta de la estafa estructural que opera de manera sistemática.

El problema es que, mientras esta degradación avanza de forma lenta, muchos ciudadanos no logran identificarla como una crisis. A diferencia de una recesión abrupta o una devaluación súbita, el deterioro progresivo de la calidad de vida se normaliza, se convierte en costumbre. El ciudadano termina adaptándose a comprar menos, a vivir con más restricciones, a endeudarse para lo básico, a ver en los subsidios un derecho natural y no una trampa. La indignación se diluye, y la estafa se perpetúa.

Quizás el mayor desafío de Colombia, más allá de la coyuntura política, es romper esa inercia cultural. Reconocer que la prosperidad no se construye desde arriba, sino desde la libertad de cada individuo para emprender, crear y arriesgar. Reconocer que cada peso inflado, cada impuesto encubierto, cada regulación excesiva es un obstáculo para que la sociedad despliegue su verdadero potencial. Reconocer, finalmente, que la justicia social que se construye a costa de la libertad individual no es justicia, sino el disfraz más sofisticado de la desigualdad.

La larga estafa no culminará en un colapso repentino, sino en una lenta y dolorosa resignación colectiva, a menos que la sociedad despierte y reclame lo que le corresponde: la posibilidad de prosperar sin que el Estado le arrebate, bajo mil disfraces, el fruto de su esfuerzo. Mientras no ocurra ese despertar, seguiremos atrapados en el espejismo de un progreso prometido que en realidad no es más que el refinamiento de un saqueo institucionalizado.