Crisis y Leviatán

La historia económica y política demuestra que, frente al fracaso masivo de los gobiernos, la respuesta recurrente ha sido otorgarles aún más poder. Es el ciclo descrito con agudeza por Robert Higgs en su obra “Crisis y Leviatán”: cada conmoción social, ya sea provocada por la guerra, el terrorismo, las pandemias o los colapsos financieros, se convierte en la excusa perfecta para ampliar el alcance del Estado. Lo que nace como una medida temporal, con la promesa de resolver una urgencia, termina cristalizado como una estructura permanente de control, gasto y burocracia que se resiste a desaparecer. El caso colombiano no es ajeno a esta dinámica.

Hoy, en Colombia, atravesamos una coyuntura en la que el Estado ha asumido un papel cada vez más invasivo en nombre de la justicia social, la redistribución y la necesidad de enfrentar crisis estructurales como la inequidad, la violencia o el cambio climático. Sin embargo, la evidencia muestra que mientras más poder se concentra en las manos del gobierno, menos capacidad de decisión queda en los individuos y en las empresas que constituyen el verdadero motor de la economía. El fracaso de las reformas, la incapacidad de consolidar consensos políticos y la persistencia de la informalidad y el desempleo son señales inequívocas de que la estrategia de más Estado no ha logrado traducirse en más prosperidad.

La paradoja es que el impacto económico directo de estas crisis no siempre resulta devastador. La destrucción de valor, aunque dolorosa, suele representar una fracción pequeña en relación con el tamaño total de la economía. La verdadera secuela está en la manera en que el Estado responde, multiplicando regulaciones, expandiendo su gasto y justificando déficits cada vez más altos. En Colombia, el debate actual sobre un presupuesto de más de quinientos billones de pesos y sobre una nueva reforma fiscal para sostenerlo revela esta lógica: ante la imposibilidad de controlar los efectos de sus propias políticas, el gobierno plantea la solución de siempre, más gasto público y más impuestos.

De hecho, incluso en medio de la incertidumbre, aparecen ciertos efectos que en apariencia pueden parecer favorables. La reconstrucción después de la destrucción, sea física o institucional, obliga a un aumento de la inversión empresarial en sectores específicos. Nuevas oficinas, infraestructuras y programas de ayuda temporalmente dinamizan el gasto privado y maquillan los indicadores. Sin embargo, esto es comparable a romper una ventana para luego justificar el empleo generado al repararla: lo que se pierde en eficiencia y productividad es mucho mayor que lo que se gana con la simple reconstrucción. Es un espejismo económico que ha sido explicado desde Bastiat hasta nuestros días, y que Colombia vuelve a vivir con cada crisis utilizada como justificación para el intervencionismo.

El segundo efecto aparente es la apertura de la puerta a medidas que, de otro modo, serían objeto de un debate intenso. La discusión sobre si aplicar un estímulo keynesiano clásico, con un aumento del gasto público como respuesta a la desaceleración, ejemplifica esta tensión. En condiciones normales, el Congreso difícilmente aprobaría semejante expansión del déficit, y los sectores más conservadores reclamarían responsabilidad fiscal. Pero cuando la crisis se convierte en narrativa dominante, se suspenden las resistencias, se aceptan los excesos y se normaliza el Leviatán. Así, bajo la bandera de una justicia social mal entendida, se perpetúan subsidios que no solucionan las causas de la pobreza y se justifican reformas que, en lugar de aumentar la inversión privada, ahuyentan al capital que sostiene el crecimiento.

El problema es que las medidas presentadas como temporales terminan volviéndose permanentes. La historia reciente lo demuestra: en Estados Unidos, la Ley Patriota fue concebida como una reacción excepcional al 11 de septiembre, pero dos décadas después muchas de sus disposiciones aún limitan libertades civiles. En Colombia, la emergencia económica decretada por la pandemia justificó subsidios, giros y programas que todavía hoy presionan el gasto público y alimentan una cultura de dependencia. Es la trampa de la excepcionalidad: una vez que el Leviatán se expande, difícilmente retrocede.

Esta dinámica no solo tiene un costo fiscal, sino también institucional y cultural. La ciudadanía, acostumbrada a ver al Estado como garante de soluciones inmediatas, delega en él responsabilidades que deberían ser propias de la sociedad civil y del mercado. La creatividad emprendedora se ve reemplazada por la espera del subsidio, y la iniciativa privada por la reglamentación excesiva. El resultado es un círculo vicioso en el que se castiga la productividad y se premia la ineficiencia, en el que los discursos de justicia social encubren un aumento progresivo de la dependencia del ciudadano frente al poder político.

Colombia se encuentra hoy en un punto decisivo. La promesa de redistribución y justicia se enfrenta al límite infranqueable de la realidad económica: un déficit creciente, una deuda que aumenta y un clima de inversión cada vez más incierto. Mientras tanto, el discurso oficial sigue apostando por más Estado, más control y más gasto. La pregunta que deberíamos hacernos es si no estamos repitiendo el ciclo que Higgs describió con tanta claridad: utilizar cada crisis como excusa para crear un Leviatán más grande, más pesado y más difícil de contener.

La verdadera salida no está en seguir alimentando la maquinaria estatal, sino en permitir que la sociedad civil y la iniciativa privada recuperen el protagonismo que se les ha arrebatado. Un país no se levanta con discursos ni con subsidios permanentes, sino con instituciones que respeten la libertad económica, con reglas claras que atraigan la inversión y con un reconocimiento sincero de que la riqueza se genera desde abajo y no desde los escritorios ministeriales. Lo contrario es seguir cosechando los frutos amargos de un Leviatán que, cada vez que fracasa, pide aún más poder para fracasar de nuevo.