El dinero moral de la política

 

Hay una paradoja que atraviesa la política colombiana con una naturalidad inquietante: el dinero es simultáneamente despreciado en el discurso público y venerado en la práctica privada. Se le trata como algo vulgar cuando proviene del ciudadano común, pero se le persigue con ferocidad cuando está ligado al poder, al acceso, a la influencia. En Colombia, donde la política se ha profesionalizado como carrera de élites y no como servicio público, esta contradicción ya no escandaliza; se ha normalizado.

La escena es conocida. Tras la muerte de una figura pública, un líder social, un militar o un funcionario, abundan los discursos solemnes sobre la “deuda moral” del país, sobre el honor de la nación, sobre el sacrificio que no puede medirse en pesos. Se apela a la grandeza simbólica, a la épica republicana, a la idea de que hay valores superiores al dinero. Sin embargo, cuando se propone algo tan concreto como que quienes gobiernan o deciden aporten una semana de su salario para respaldar de manera real esa gratitud, el silencio es casi absoluto. El dinero, que en el discurso es irrelevante, se vuelve intocable cuando debe salir del bolsillo de quienes ostentan poder y riqueza.

Este comportamiento no es anecdótico; es estructural. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, como lo han señalado reiteradamente la CEPAL y el Banco Mundial. La brecha no es solo de ingresos, sino de cargas morales. Al ciudadano común se le exige sacrificio, paciencia, resiliencia y comprensión frente a la escasez fiscal. Al político profesional, en cambio, se le permite la retórica del honor sin costo personal alguno. La política se convierte así en un espacio donde el sacrificio siempre es ajeno.

Aquí conviene detenerse en una idea incómoda: muchos de los hombres —y en menor medida mujeres— que dominan la escena política colombiana no dudan en gastar sumas equivalentes a varias semanas de salario mínimo en una cena privada, en una botella de vino importado o en una reunión estratégica. No lo hacen por placer exclusivamente, sino porque entienden que el dinero es una herramienta eficaz cuando se trata de lograr objetivos. La inversión privada en influencia es vista como racional, incluso inteligente. Pero esa misma lógica desaparece cuando el dinero tiene un destino colectivo y simbólico, cuando proviene del pueblo o se orienta al reconocimiento de una deuda social.

Este doble estándar revela una verdad más profunda: en la política colombiana, el dinero solo es “basura” cuando no genera poder. Cuando no compra lealtades, votos, silencios o favores, se vuelve insignificante. Pero cuando es el medio para ascender, sostenerse o negociar, se convierte en la causa central por la que muchos están dispuestos a sacrificar principios, integridad y, en no pocos casos, la ley misma. Los múltiples escándalos de financiación irregular de campañas, documentados por la Fiscalía y la prensa nacional en las últimas décadas, no son excepciones morales, sino síntomas de una cultura política donde el dinero manda, aunque se le niegue públicamente.

Desde otra orilla ideológica, pensadores como Max Weber advertían que la política exige una ética de la responsabilidad, no solo una ética de la convicción. En Colombia hemos logrado lo contrario: abundan las convicciones declamadas y escasea la responsabilidad material. Se promete justicia social sin tocar privilegios reales. Se habla de solidaridad sin asumir costos personales. Se exalta al pueblo mientras se le pide, una y otra vez, que sea el único que pague.

La contradicción se vuelve aún más grave en un país donde, según el DANE, una proporción significativa de la población vive en la informalidad y depende del ingreso diario para sobrevivir. Para millones de colombianos, una semana de paga no es una metáfora; es la diferencia entre comer y no comer, entre pagar el arriendo o acumular deudas. Cuando desde las élites se minimiza el valor de ese dinero, no solo se incurre en cinismo, sino en una forma sutil de desprecio social.

Hay algo profundamente revelador en el hecho de que nadie responda a una propuesta de aporte voluntario desde el poder. No se trata del monto, sino del gesto. En la política colombiana actual, el honor siempre es abstracto, nunca contable. Y precisamente por eso resulta tan barato. El sacrificio simbólico es cómodo; el sacrificio material incomoda, desnuda, compromete.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pero aquí adquiere matices particulares por nuestra historia de violencia, desigualdad y desconfianza institucional. Mientras en otros contextos el aporte personal de líderes ha sido un mecanismo para reconstruir legitimidad, en Colombia persiste la idea de que el cargo público otorga derechos, no deberes adicionales. El poder se vive como una recompensa, no como una carga.

Tal vez por eso el dinero del pueblo es tratado como desechable. Porque no es percibido como el fruto del esfuerzo de millones, sino como una masa anónima, siempre disponible, siempre exigible. En cambio, el dinero privado del político es sagrado, intocable, incluso cuando se ha construido gracias al acceso al Estado. Esta disociación moral explica por qué la indignación ciudadana crece y la confianza se erosiona.

En el fondo, la discusión no es económica, sino ética. Una política que proclama que el dinero no importa, pero se niega a desprenderse de él cuando se trata de un acto de coherencia, es una política que ha perdido autoridad moral. Y sin autoridad moral, ningún discurso sobre nación, honor o gratitud logra sostenerse.

Colombia no necesita más elogios póstumos ni más discursos solemnes. Necesita coherencia. Necesita líderes dispuestos a demostrar, con hechos medibles y sacrificios reales, que aquello que predican no es solo retórica. Porque mientras el dinero siga siendo basura solo cuando viene del pueblo, y sagrado cuando sirve al poder, la política seguirá siendo, para muchos, no un espacio de servicio, sino un negocio con lenguaje moral.