Cuando obedecer destruye y disentir condena

En la Colombia actual se ha consolidado una narrativa tan seductora como peligrosa: el poder político decreta desde una supuesta superioridad moral y, cuando la realidad económica no obedece, el culpable no es la política pública sino el empresario. No el gran capital abstracto que habita los discursos ideológicos, sino el empresario real y cotidiano: el comerciante de barrio, el dueño de una panadería, el pequeño hotelero, el taller mecánico, la microempresa que sostiene empleo en medio de impuestos crecientes, cargas laborales rígidas, inflación persistente y una demanda cada vez más frágil. En ese relato, cuando no puede cumplir la orden “bien intencionada” del poder, deja de ser un agente económico y pasa a ser el villano moral de la historia.

El problema de fondo no es una cifra concreta ni un decreto aislado, sino el marco mental desde el cual hoy se gobierna la economía en Colombia. Se ha reforzado la idea de que los fenómenos económicos responden a la voluntad política, a la justicia declarada, al mandato ético pronunciado desde el Estado. Se actúa como si salarios, precios, empleo e inversión fueran variables dóciles al discurso, y no el resultado de relaciones complejas entre productividad, capital, riesgo, expectativas y confianza. Cuando ese mundo imaginado colisiona con la realidad, el poder no revisa sus supuestos: busca responsables.

Así, el empresario deja de ser analizado desde la lógica económica y se convierte en un sujeto moralmente juzgable. Si no puede pagar el salario decretado, no es porque sus márgenes sean estrechos, porque su sector esté golpeado o porque la productividad no lo permita, sino porque es “egoísta”, “insensible” o “enemigo del pueblo”. Este mecanismo no es nuevo. Ha sido recurrente en experiencias populistas de América Latina, en regímenes que fracasaron al intentar sustituir el mercado por el decreto y en proyectos políticos que, como advertía Friedrich Hayek, confundieron el orden espontáneo de la economía con un sistema susceptible de diseño central.

En Colombia, donde más del noventa por ciento del tejido empresarial está compuesto por micro y pequeñas empresas, esta narrativa resulta particularmente dañina. La evidencia estadística del DANE y del propio Ministerio de Comercio muestra que estas unidades productivas operan con márgenes reducidos, alta informalidad estructural y una enorme vulnerabilidad frente a choques regulatorios. No cuentan con la capacidad de trasladar fácilmente mayores costos al consumidor sin perder competitividad, ni con acceso amplio a crédito, ni con reservas suficientes para absorber decisiones políticas tomadas sin análisis técnico. Pero esa realidad no tiene lugar en el discurso oficial. En su lugar, se impone una caricatura: el empresario como actor poderoso que simplemente “no quiere” cumplir.

Aquí se revela el rasgo más autoritario del momento actual: la sustitución del análisis económico por el juicio moral. El decreto se presenta como justo por definición y quien no logra cumplirlo queda automáticamente fuera del campo de la virtud. No hay espacio para discutir la productividad, la informalidad, el desempleo juvenil o la sostenibilidad empresarial. El mensaje implícito es inequívoco: obedezca, aunque quieto; cumpla, aunque despida; ajuste, aunque cierre. Si no lo hace, será señalado.

Esta lógica encaja con la advertencia clásica de Ludwig von Mises: la intervención estatal que ignora los precios y los incentivos no elimina los problemas que dice combatir, sino que los traslada y los amplifica. El control genera distorsiones, las distorsiones generan consecuencias indeseadas, y esas consecuencias se usan luego para justificar nuevas intervenciones. En Colombia, el salario mínimo elevado por decreto no erradica la pobreza; el desplazamiento hacia la informalidad, el subempleo y el desempleo. Sin embargo, cuando esto ocurre, el relato oficial no reconoce el error de diseño: acusa al empresario de sabotaje o falta de compromiso social.

La contradicción es profunda. El mismo Gobierno que afirma defender el empleo formal adopta medidas que lo encarecen y lo restringen. El mismo poder que invoca la justicia social termina castigando al actor que efectivamente puede crear empleo sostenible. Y cuando la informalidad persiste, cuando los jóvenes no acceden a su primer trabajo, cuando las pequeñas empresas desaparecen sin titulares, la responsabilidad nunca recae sobre la política pública, sino sobre quienes no pudieron sostenerla.

Hay en todo esto un desprecio sistemático por el conocimiento económico. Se gobierna como si décadas de teoría y evidencia empírica no existen, como si las lecciones sobre productividad, salarios y empleo en economías de baja productividad no se aplicarán a Colombia. Se gobierna desde la convicción de que la intención moral sustituye al cálculo económico, de que el deseo político puede reemplazar la realidad. Y cuando la realidad contradice esa fe, la respuesta no es corrección, sino estigmatización.

El empresario colombiano, especialmente el pequeño y mediano, no es una figura ideológica ni un símbolo del privilegio. Es un actor que asume riesgos reales, invierte su ahorro, enfrenta inseguridad jurídica, cambios normativos constantes y un entorno cada vez más hostil. Convertirlo en antagonista de una relación moral puede ser rentable políticamente, pero es devastador económicamente. Porque cuando el empresario se retira, no lo hace con discursos: lo hace cerrando, despidiendo o informalizando. Y ese costo no lo asume quien firma el decreto, sino el trabajador que pierde la oportunidad.

El problema, en última instancia, no es que el Gobierno pretenda mejorar las condiciones de vida, sino que lo haga desde la ignorancia económica y el autoritarismo moral. La economía no es un espacio para premiar intenciones ni castigar disidencias, sino un sistema complejo que responde a incentivos. Ignorar esto no es progresismo; es irresponsabilidad. Y convertir al empresario en el “malo” por no cumplir órdenes inviables no es justicia social, sino una forma sofisticada de negar la realidad.

Colombia necesita menos épica moral y más honestidad intelectual. Necesita reconocer que la creación de riqueza precede a su distribución, que el empleo no se decreta y que la dignidad no nace del papel firmado, sino de la productividad, la inversión y la libertad económica. Mientras ese debate no se asuma con seriedad, seguiremos atrapados en una narrativa donde el poder siempre tiene razón, la economía siempre estorba y el empresario siempre termina condenado por no obedecer al rey desnudo.