Salarios por decreto, pobreza por diseño

 

Hay decisiones de gobierno que no se explican por ignorancia técnica, sino por convicción ideológica. El aumento del salario mínimo cercano al 23 % decretado por el gobierno de Gustavo Petro pertenece a esa categoría: no es un error de cálculo, es una apuesta política consciente que sacrifica empleo, productividad y estabilidad económica a cambio de réditos simbólicos inmediatos. En un país como Colombia, con una informalidad laboral que ronda el 58 %, una productividad estancada y un tejido empresarial dominado por micro y pequeñas empresas, esta decisión no es progresista ni audaz; es profundamente regresiva.

El salario mínimo no es un simple ingreso individual. En Colombia es una variable estructural que indexa buena parte de la economía: salarios públicos, pensiones, contratos estatales, multas, tarifas, aportes a seguridad social y costos empresariales. Aumentarlo muy por encima de la inflación y de la productividad no redistribuye riqueza; problemas de redistribuye. La evidencia empírica del Banco de la República, reiterada durante décadas, es clara: incrementos reales excesivos del salario mínimo tienden a reducir el empleo formal, aumentan la informalidad y, paradójicamente, elevan la pobreza entre los hogares más vulnerables, aquellos que pierden su fuente de ingreso o nunca logran acceder a un empleo formal.

El gobierno insiste en que el aumento “dignifica” al trabajador. Pero dignificar no es decretar cifras desde un escritorio, sino crear condiciones para que más personas puedan trabajar, producir y crecer. En la práctica cotidiana, el aumento se traduce en decisiones silenciosas pero devastadoras: el pequeño comerciante que deja de contratar un ayudante, la microempresa que reemplaza empleo formal por contratos informales, el restaurante de barrio que sube precios o reduce personal, el emprendedor que posterga inversiones. El trabajador que conserva su empleo siente un alivio momentáneo, pero pronto descubre que el mercado ajusta: los precios suben, el arriendo aumenta, el transporte se encarece, y el supuesto “salario vital” se diluye en inflación.

Aquí es donde la experiencia internacional deja de ser teoría y se vuelve advertencia. Hugo Chávez también habló de justicia social, de salarios dignos y de combatir la desigualdad. Nicolás Maduro profundizó esa lógica hasta el absurdo, decretando aumentos salariales desconectados de la realidad productiva. El resultado fue una economía destruida, un mercado laboral colapsado y una población cada vez más dependiente de los subsidios estatales. No porque el salario sea malo en sí mismo, sino porque cuando se separa del valor que realmente produce el trabajador, deja de ser salario y se convierte en ficción contable.

Colombia no es Venezuela, pero las ideas sí viajan. Y la idea central es la misma: creer que el Estado puede crear riqueza por decreto y que el consumo puede sostenerse indefinidamente sin productividad. Esta visión ignora una verdad elemental de la economía política, advertida por autores tan distintos como Adam Smith, Friedrich Hayek o incluso Amartya Sen: la riqueza no se distribuye antes de crearse, y ningún país ha salido de la pobreza castigando el empleo formal.

El efecto más perverso de esta política no se mide en titulares, sino en dependencia. Cuando el empleo formal se vuelve más costoso y escaso, el Estado aparece como único proveedor: subsidios, transferencias, bonos, programas asistenciales. El ciudadano deja de ser trabajador para convertirse en beneficiario. No es emancipación social; es subordinación política. El pobre ya no depende de su esfuerzo ni del mercado, sino de la continuidad del gobierno que le transfiere recursos. Esa relación, lejos de reducir la pobreza estructural, la administración y la perpetúa.

El discurso oficial suele señalar a los empresarios como enemigos del bienestar social. Pero en Colombia el “empresario” típico no es una multinacional, sino una microempresa con márgenes estrechos, baja capitalización y alta vulnerabilidad. Castigarla con costos laborales crecientes no es justicia social; es condenarla a la informalidad o al cierre. Y cuando una empresa cierra, no hay decreto que reponga el empleo perdido.

Se nos dice que el aumento dinamizará la economía vía consumo. Es una tesis keynesiana simplificada y mal aplicada. El propio Keynes advertía que el gasto solo es virtuoso cuando existe capacidad productiva para sostenerlo. En Colombia, el aumento del consumo financiado por salarios artificialmente elevados solo puede tener dos desenlaces: inflación o endeudamiento. En ambos casos, el trabajador termina pagando el costo.

Lo más preocupante no es la medida aislada, sino su coherencia con el proyecto político general: reformas que encarecen la contratación, desconfianza hacia la empresa privada, hostilidad al capital, desprecio por la técnica económica y una narrativa moral que divide al país entre “buenos” y “malos”. Es el mismo libreto que ha fracasado en América Latina una y otra vez, desde el peronismo clásico hasta el socialismo bolivariano.

El debate de fondo no es si los trabajadores merecen mejores ingresos. Eso es indiscutible. El verdadero debate es cómo lograrlos. Y la respuesta incómoda, pero honesta, es que los salarios sostenibles solo crecen cuando aumenta la productividad, cuando hay inversión, cuando el empleo formal se expande y cuando el Estado deja de intervenir como si la economía fuera de un laboratorio ideológico.

Este aumento del salario mínimo no es una política social; es una señal política. Una señal de que el gobierno prefiere aplausos inmediatos sobre consecuencias futuras, relación sobre la realidad y dependencia sobre la autonomía. La historia económica latinoamericana ya escribió el final de este experimento. Ignorarla no es valentía: es soberbia. Y como siempre, el costo no lo pagarán quienes firman los decretos, sino quienes mañana buscarán trabajo y no lo encontrarán.