El salario que no libera

En Colombia, el salario mínimo se ha convertido en uno de los símbolos políticos más poderosos de nuestro tiempo. Cada diciembre, el país asiste a un ritual predecible: mesas de concertación fallidas, discursos encendidos, anuncios presidenciales y aplausos inmediatos en nombre de la “justicia social”. El aumento del salario mínimo, decretado cuando no hay acuerdo, se presenta como una victoria moral del trabajador frente al capital. Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde una verdad incómoda: el salario mínimo, tal como se concibe y se ajusta hoy, no está sacando a nadie de la pobreza y, en muchos casos, está profundizando las condiciones que la reproducen.

El primer problema es conceptual. El salario mínimo no es un instrumento de movilidad social; es, en el mejor de los casos, un piso de subsistencia. La evidencia empírica en Colombia muestra que un trabajador que devenga el mínimo destina entre el 80 % y el 90 % de su ingreso a gasto corriente esencial: arriendo, alimentos, transporte y servicios públicos. No hay espacio para el ahorro, la inversión en capital humano ni la acumulación patrimonial. Sin acumulación, no hay salida estructural de la pobreza. El salario mínimo, incluso cuando aumenta por encima del IPC, sigue siendo un ingreso de supervivencia, no de progreso.

Aquí aparece la primera ilusión que alimenta el discurso político. Se asume que si el salario sube más que la inflación promedio, el trabajador necesariamente estará mejor. Pero el IPC es un promedio estadístico, no una experiencia real de vida. El trabajador que gana el mínimo no consume la canasta del “hogar promedio”; consume una canasta concentrada en bienes que suelen subir más que el IPC general. Los arriendos, los alimentos básicos, el transporte y los servicios públicos tienen dinámicas propias, muchas veces impulsadas por decisiones administrativas, rezagos tarifarios, choques climáticos o devaluación. En la práctica, el trabajador enfrenta una inflación efectiva superior a la que reportan las cifras oficiales. Así, el aumento nominal se evapora rápidamente en el mercado.

Cuando se observa el fenómeno desde el lado del empleo, la paradoja se profundiza. Colombia tiene una estructura productiva dominada por micro y pequeñas empresas con baja productividad, márgenes estrechos y alta informalidad. En ese contexto, decretar aumentos significativos del salario mínimo sin una mejora equivalente en productividad no elimina el ajuste económico; simplemente lo desplaza. El ajuste aparece en menos contratación formal, mayor informalidad, reducción de horas, tercerización, automatización forzada o cierre de unidades productivas. El salario sube en el papel, pero el empleo se vuelve más escaso o más precario.

Este punto ha sido ampliamente discutido por economistas de distintas corrientes ideológicas. Desde Milton Friedman hasta estudios contemporáneos del Banco Mundial y la OCDE, el consenso básico es claro: cuando el salario mínimo se fija por encima de la productividad marginal de amplios segmentos del mercado laboral, los más afectados son precisamente los trabajadores menos calificados, los jóvenes y quienes buscan su primer empleo. En Colombia, donde la informalidad ronda el 55 % a nivel nacional y supera el 60 % en muchas regiones, este efecto no es una hipótesis teórica; es una realidad cotidiana.

Y, sin embargo, el salario mínimo sigue siendo una herramienta política extraordinariamente rentable. ¿Por qué? Porque su efecto simbólico es inmediato y su costo real es diferido y disperso. El anuncio del aumento genera gratitud política hoy; el desempleo, la informalidad y el encarecimiento del costo de vida aparecen mañana y no siempre se atribuyen a la misma causa. Esta asimetría explica por qué el salario mínimo se ha convertido en un instrumento clásico del populismo económico, especialmente en proyectos de izquierda latinoamericana que privilegian la redistribución por decreto sobre la creación de condiciones estructurales para el crecimiento.

No se trata de negar la legitimidad de la preocupación por el ingreso de los trabajadores. Se trata de reconocer que el problema de fondo no es el nivel nominal del salario, sino la baja productividad, el alto costo no salarial del empleo formal y un Estado que encarece sistemáticamente la vida mediante impuestos, regulaciones y tarifas. En Colombia, el costo real de un trabajador que gana el mínimo para una empresa puede superar en un 40 % o 50 % el ingreso bruto del empleado cuando se suman prestaciones, seguridad social y parafiscales. Ese sobrecosto no lo paga un “capital abstracto”; lo paga un tejido empresarial frágil que responde como puede.

La consecuencia política de este enfoque es profundamente regresiva. Al trabajador formal se le ofrece un aumento que no mejora sustancialmente su poder adquisitivo; al desempleado se le promete dignidad salarial mientras se reduce su probabilidad de conseguir empleo formal; al informal se le deja fuera del debate; y al pequeño empresario se le presenta como antagonista moral. El discurso divide, pero no resuelve. Genera ilusión, pero no movilidad.

La experiencia internacional refuerza esta lectura. Países que han logrado reducir pobreza de manera sostenida no lo han hecho mediante aumentos salariales decretados, sino mediante crecimiento económico, aumento de productividad, formalización y reducción del costo de vida. El salario crece como consecuencia del desarrollo, no como su causa. Invertir esa lógica puede ser políticamente atractivo, pero económicamente es un atajo que conduce a un callejón sin salida.

Por eso, afirmar que el aumento del salario mínimo por decreto es una medida populista no es una descalificación ideológica, sino una descripción funcional. Es populista porque promete más de lo que puede cumplir, porque privilegia el efecto discursivo sobre el resultado real y porque traslada los costos a los mismos sectores que dice proteger. Juega con la esperanza legítima de quienes trabajan y de quienes buscan empleo, pero no transforma las condiciones que los mantienen atrapados en la precariedad.

La discusión de fondo que Colombia necesita no es cuánto subir el salario mínimo cada año, sino por qué millones de personas siguen atrapadas en un ingreso que apenas alcanza para sobrevivir. Mientras esa pregunta no se enfrente con honestidad —productividad, informalidad, Estado, costo de vida— el salario mínimo seguirá subiendo en los decretos y la pobreza seguirá intacta en la realidad. Y eso, más que una política social, es una ilusión cuidadosamente administrada.