La igualdad que asfixia la libertad

 

En Colombia, la idea de igualdad se ha convertido en un dogma político que rara vez se somete a examen crítico. Se la invoca como principio moral incuestionable, como justificación última de reformas, impuestos, regulaciones y programas estatales, y como vara para medir la legitimidad de cualquier proyecto de gobierno. Sin embargo, en medio de esa exaltación constante de la igualdad, hay una ausencia llamativa: la defensa explícita, sistemática y sin complejos de la libertad individual. No porque la libertad haya sido derrotada en el debate público, sino porque ha sido desplazada, casi sin resistencia, por una narrativa que promete justicia social mientras erosiona silenciosamente los márgenes de autonomía personal.

La discusión política actual en Colombia lo demuestra con claridad. Cuando se presentan reformas estructurales —tributarias, laborales, pensionales o de salud— el debate se concentra en aspectos técnicos: si la reforma recauda lo suficiente, si es fiscalmente sostenible, si está bien diseñada o si su implementación será viable. Incluso las críticas más severas suelen limitarse a señalar ineficiencias, errores de cálculo o riesgos macroeconómicos. Lo que casi nunca se cuestiona es la premisa ideológica de fondo: la idea de que el Estado debe intervenir activamente para corregir desigualdades de resultado, aun cuando ello implique restringir decisiones individuales, concentrar poder político y reducir los espacios de acción privada. La igualdad se da por sentada como fin supremo; la libertad, como daño colateral aceptable.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pero aquí adquiere una gravedad particular por nuestra historia institucional. Un Estado débil para garantizar seguridad, justicia y reglas estables, pero fuerte para recaudar, regular y redistribuir, es un terreno fértil para que la promesa igualitaria derive en clientelismo, dependencia y captura política. Los datos son elocuentes: según cifras del DANE, más del 60 % de los ocupados en Colombia permanece en la informalidad, mientras el gasto social como porcentaje del PIB ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas sin lograr una reducción estructural de la pobreza ni un aumento significativo de la movilidad social. La paradoja es evidente: más intervención, más subsidios y más regulación no han producido una sociedad más libre ni más próspera, pero sí una ciudadanía cada vez más dependiente de decisiones políticas.

Aquí conviene hacer una pausa y cambiar el ángulo del análisis. La igualdad que hoy se defiende en el discurso político no es igualdad ante la ley ni igualdad de derechos, principios esenciales de cualquier orden liberal. Es igualdad de resultados o, al menos, igualdad de condiciones impuesta desde arriba. Esta concepción parte de una premisa discutible: que las diferencias económicas y sociales son, en su mayoría, el producto de injusticias estructurales que deben ser corregidas mediante la acción estatal. Bajo esta lógica, el éxito económico se vuelve sospechoso, la acumulación de capital se asocia al privilegio y el mercado se presenta como un mecanismo inherentemente injusto que requiere corrección permanente.

En Colombia, esta narrativa ha calado con fuerza. Se habla con ligereza de “redistribuir la riqueza”, sin explicar cómo se crea esa riqueza ni qué incentivos se destruyen cuando el esfuerzo, el riesgo y la inversión son castigados sistemáticamente. Se propone aumentar impuestos al sector productivo como si el capital fuera un recurso inagotable y no un factor altamente móvil y sensible a la incertidumbre jurídica. Se ignora que, según la CEPAL y el Banco Mundial, el crecimiento económico sostenido ha sido el principal factor de reducción de la pobreza en América Latina, muy por encima de las transferencias directas. Sin crecimiento, no hay nada que redistribuir; sin libertad económica, el crecimiento se estanca.

La historia económica ofrece lecciones claras que el debate colombiano prefiere omitir. Pensadores como Friedrich Hayek advirtieron que cuando el Estado asume la tarea de corregir resultados individuales, termina necesariamente decidiendo qué fines deben perseguir las personas, sustituyendo elecciones privadas por decisiones políticas. John Rawls, frecuentemente citado para justificar políticas igualitarias, nunca defendió la eliminación de las libertades básicas en nombre de la justicia distributiva; por el contrario, estableció la libertad como un principio prioritario. Incluso Amartya Sen, referente obligado en discusiones sobre desarrollo, entendía la igualdad como expansión de capacidades, no como uniformidad impuesta de resultados. Estas distinciones, fundamentales en la teoría, se diluyen en la práctica política colombiana.

Volviendo al contexto cotidiano, basta observar cómo operan muchas políticas públicas. Subsidios generalizados a servicios, controles indirectos de precios, barreras regulatorias para emprender y una maraña normativa que castiga al formal mientras tolera al informal. El pequeño empresario, el trabajador independiente y el profesional autónomo enfrentan un Estado que les exige cada vez más, pero les ofrece poco en términos de seguridad jurídica y servicios de calidad. La igualdad prometida se traduce en cargas crecientes para quienes producen, mientras los beneficios se distribuyen según criterios políticos más que según resultados verificables.

Aquí emerge una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando la libertad deja de ser el punto de partida y se convierte en una variable secundaria? Una sociedad que desconfía del individuo y deposita su fe en la planificación estatal termina infantilizando a sus ciudadanos. La responsabilidad personal se diluye, el mérito se relativiza y la iniciativa se castiga. En nombre de la igualdad, se normaliza que el Estado decida qué es suficiente, qué es excesivo y qué debe ser corregido. La línea entre justicia social y control político se vuelve peligrosamente difusa.

Cuestionar la premisa igualitaria no implica negar la existencia de desigualdades injustas ni desconocer la necesidad de redes de protección para los más vulnerables. Implica, más bien, reconocer que la libertad no es un lujo de sociedades desarrolladas, sino una condición indispensable para que países como Colombia puedan salir del subdesarrollo. La experiencia comparada lo confirma: las economías que han logrado reducir pobreza de forma sostenida lo han hecho fortaleciendo instituciones, protegiendo la propiedad privada, garantizando reglas claras y ampliando las oportunidades para que las personas tomen decisiones libres.

La discusión que Colombia necesita no es si una reforma es más o menos progresiva, sino si respeta la autonomía de los individuos y limita adecuadamente el poder del Estado. Mientras la igualdad siga siendo tratada como un fin absoluto e incuestionable, la libertad seguirá retrocediendo sin hacer ruido. Y cuando una sociedad descubre que ha perdido su libertad, suele ser demasiado tarde para recuperarla sin costos profundos.

Tal vez el verdadero debate pendiente no sea cuánto debe intervenir el Estado, sino qué tan dispuestos estamos a sacrificar nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos a cambio de promesas de igualdad que, una y otra vez, terminan beneficiando más al poder político que a los ciudadanos. En esa tensión silenciosa entre igualdad impuesta y libertad erosionada se juega buena parte del futuro de Colombia.