La generación expulsada

 

Hay una idea que se repite con ligereza en el debate público colombiano: la inflación es un mal transitorio, una consecuencia inevitable de choques externos, una variable técnica que se corrige con paciencia y confianza institucional. Sin embargo, esa forma de narrarla es profundamente engañosa. La inflación no es solo un aumento generalizado de precios; es una alteración estructural de los incentivos económicos y una redistribución silenciosa del poder entre quienes ya poseen activos y quienes apenas intentan construirlos. En la Colombia de hoy, ese fenómeno está produciendo algo más grave que encarecimiento del costo de vida: está expulsando a una generación completa del proceso de acumulación de riqueza.

Basta observar un hecho cotidiano para entender la magnitud del problema. Un joven profesional en una ciudad como Bogotá, Medellín o Barranquilla puede destinar más del 40 % de su ingreso mensual al arriendo de una vivienda modesta. El acceso al crédito hipotecario exige ingresos altos, estabilidad laboral formal y una cuota inicial que, ajustada año tras año por inflación inmobiliaria, se vuelve una meta móvil. Según cifras del DANE y del Banco de la República, mientras los salarios reales han mostrado estancamiento o crecimientos marginales en los últimos años, los precios de la vivienda y el costo financiero del crédito han crecido muy por encima de la inflación promedio. No se trata de percepciones generacionales: son datos estructurales.

Este quiebre tiene una raíz clara. La inflación opera como un impuesto no legislado que castiga de forma desproporcionada a quienes dependen del ingreso laboral y del ahorro monetario. Las generaciones anteriores, aun en contextos inflacionarios, accedieron a activos reales —vivienda, tierra, pequeños negocios— cuando su precio relativo frente al ingreso era menor y el crédito era más accesible. Hoy, la inflación persistente, combinada con tasas de interés elevadas y regulaciones que encarecen la formalidad, ha convertido esos mismos activos en bienes de difícil acceso, casi patrimoniales, reservados para quienes ya están dentro del sistema.

Aquí aparece el elemento político que agrava el conflicto. En Colombia, el discurso oficial ha tendido a minimizar el impacto intergeneracional de la inflación y, al mismo tiempo, a justificar un mayor intervencionismo económico como respuesta a la desigualdad. Se regulan precios, se amplía el gasto público, se multiplican subsidios y se promete protección frente al “mercado”, sin reconocer que muchas de esas políticas se financian con déficit, endeudamiento o presión monetaria que termina retroalimentando la inflación. Economistas como Milton Friedman advertían que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario; Thomas Sowell ha insistido en que sus efectos más dañinos no son visibles de inmediato, sino acumulativos y sociales. Colombia parece empeñada en confirmar esas advertencias.

El resultado es una paradoja inquietante. En nombre de la justicia social, se adoptan políticas que debilitan el principal mecanismo de movilidad social: la acumulación de capital por parte de nuevas generaciones. Los jóvenes reciben transferencias temporales, alivios parciales o programas focalizados, pero se les niega el entorno macroeconómico estable que permitiría transformar esfuerzo en patrimonio. Se protege el consumo presente sacrificando la inversión futura. Y cuando el horizonte de largo plazo desaparece, lo que emerge no es solidaridad, sino frustración.

Este es el punto donde la inflación deja de ser una variable económica y se convierte en un problema moral y político. La justicia intergeneracional, concepto trabajado por autores como John Rawls, implica que las decisiones de hoy no deben comprometer de manera sistemática las oportunidades de quienes vienen después. En Colombia, esa premisa se está violando de forma constante. Cada punto de inflación que erosiona el ahorro de un joven, cada año en que la vivienda se aleja de su alcance, cada reforma que aumenta la carga sobre el trabajo formal mientras protege rentas ya consolidadas, profundiza una brecha que no es ideológica, sino material.

No sorprende entonces el surgimiento de un resentimiento intergeneracional cada vez más visible. Para muchos jóvenes, el sistema parece diseñado para premiar a quienes llegaron antes y castigar a quienes intentan entrar. Desde la otra orilla, generaciones mayores suelen atribuir esa frustración a falta de disciplina o cultura del esfuerzo, sin advertir que las reglas del juego cambiaron. No es que los jóvenes no quieran ahorrar; es que ahorrar en un contexto inflacionario sostenido es, en términos reales, una estrategia perdedora. No es que no quieran invertir; es que los activos básicos se han convertido en bienes especulativos.

Este resentimiento es terreno fértil para narrativas radicales. Cuando el acceso a la propiedad y a la estabilidad se percibe como imposible, las propuestas de control, redistribución forzada o castigo al capital ganan atractivo. Sin embargo, la historia económica —desde América Latina en los años setenta hasta episodios más recientes— muestra que esas salidas no corrigen la raíz del problema. Al contrario, suelen profundizar la inflación, debilitar la inversión y cerrar aún más las oportunidades para quienes están empezando.

Colombia se encuentra, entonces, ante una disyuntiva silenciosa pero decisiva. O reconoce que la estabilidad monetaria y la limitación del intervencionismo no son concesiones al capital, sino condiciones necesarias para la equidad entre generaciones, o seguirá normalizando un modelo que consume el futuro para sostener el presente. La inflación no es neutral, no es técnica, no es pasajera cuando se vuelve estructural. Es una fuerza que redistribuye poder, expectativas y oportunidades.

Si el país continúa ignorando este conflicto, no solo estará empobreciendo a sus jóvenes en términos materiales, sino debilitando la confianza en el orden económico y democrático. Porque una sociedad que expulsa sistemáticamente a una generación del acceso a la riqueza no solo produce desigualdad: produce ruptura. Y cuando esa ruptura se consolida, ya no se debate sobre precios o tasas de interés, sino sobre legitimidad. En ese punto, la inflación habrá hecho su trabajo más destructivo: no encarecer la vida, sino vaciar de sentido la promesa de futuro.