La inflación que no se dice

 

Hay una forma particularmente sofisticada de mentir que no consiste en falsear los hechos, sino en administrarlos. En Colombia, hoy, el debate sobre la inflación se mueve exactamente en ese terreno: el de la verdad incompleta. El gobierno no necesita alterar los datos oficiales para construir un relato conveniente; le basta con escoger cuáles cifras amplificar, cuáles silenciar y, sobre todo, cómo interpretarlas frente a una ciudadanía que vive una realidad económica muy distinta a la que describen los comunicados técnicos. En ese desajuste entre el dato y la experiencia cotidiana se está gestando una fractura profunda de confianza.

Formalmente, la inflación en Colombia ha mostrado una desaceleración respecto a los picos alcanzados en 2022 y 2023. El DANE ha registrado una reducción progresiva de la variación anual del IPC, y el gobierno ha presentado ese comportamiento como evidencia de éxito en la conducción económica. Sin embargo, esa lectura es, en el mejor de los casos, incompleta. La inflación no es un evento puntual ni una cifra aislada; es un proceso acumulativo que deja secuelas persistentes sobre el ingreso real de los hogares. Que los precios crezcan más lento no implica que hayan dejado de ser altos, ni mucho menos que los salarios hayan alcanzado a compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante los últimos años.

Aquí aparece la primera gran omisión del discurso oficial: la inflación acumulada. Entre 2021 y 2023, Colombia experimentó uno de los episodios inflacionarios más severos de las últimas décadas. Los precios de los alimentos superaron ampliamente el promedio general, golpeando con mayor fuerza a los hogares de ingresos bajos y medios, donde este rubro representa una proporción sustancial del gasto. Esa pérdida no se ha revertido. El salario mínimo ha tenido incrementos nominales importantes, pero en la práctica buena parte de ese ajuste fue absorbido por el aumento en alimentos, arriendos, transporte, servicios públicos y tasas de interés. El resultado es evidente: el salario real permanece estancado o deteriorado para amplios sectores de la población.

Cuando el gobierno afirma que la inflación “está cediendo”, evita deliberadamente confrontar una pregunta incómoda: ¿está mejorando la capacidad real de consumo de los hogares? La respuesta, para millones de colombianos, es negativa. Basta recorrer cualquier mercado popular, hablar con pequeños comerciantes o revisar los estados financieros de los hogares endeudados para entender que la presión no ha desaparecido. El crédito sigue siendo caro, las cuotas hipotecarias y de consumo continúan ajustadas por tasas elevadas, y el acceso a bienes básicos se ha vuelto más restrictivo. La inflación, en su dimensión social, sigue plenamente vigente.

Hay, además, un elemento metodológico que rara vez se discute en el debate público: el IPC es un promedio ponderado que no refleja con precisión la inflación que enfrentan distintos grupos sociales. La canasta que usa el DANE no pesa igual para un hogar de ingresos altos que para uno de ingresos medios o bajos. En Colombia, donde la desigualdad es estructural, esta diferencia es crucial. Para la clase media urbana, por ejemplo, el peso del arriendo, la educación, el transporte y los servicios públicos es significativamente mayor que el reflejado en el promedio nacional. Que el índice general baje no significa que estos rubros, estratégicos para la estabilidad familiar, estén bajando en la misma proporción o siquiera estabilizándose.

A esta distorsión técnica se suma una distorsión política más profunda: la inflación no es solo un fenómeno monetario, también es un fenómeno institucional. Las expectativas inflacionarias se alimentan de la confianza en las reglas del juego. En Colombia, el clima de incertidumbre regulatoria, la confrontación permanente con el sector productivo, los mensajes ambiguos sobre propiedad privada, pensiones, salud y energía, y la tendencia a gobernar a través del conflicto han tenido un efecto claro sobre los precios. Las empresas ajustan costos ante el riesgo, los inversionistas exigen primas más altas y los consumidores adelantan decisiones por temor al encarecimiento futuro. Todo eso presiona la inflación, aunque no siempre aparezca explícitamente en los discursos oficiales.

Este patrón no es nuevo ni exclusivo de Colombia. Desde la Argentina de controles de precios hasta la Venezuela del negacionismo económico, pasando por experiencias más moderadas en Europa y Estados Unidos, la historia muestra que los gobiernos con dificultades económicas tienden a subestimar la percepción ciudadana y a refugiarse en el dato técnico. Milton Friedman advertía que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno político antes que estadístico. No porque los números no importen, sino porque las decisiones que los generan son profundamente políticas. Ignorar esa dimensión es una forma elegante de eludir responsabilidades.

En el caso colombiano, la paradoja es evidente. Un gobierno que se autodefine como defensor de los sectores populares termina minimizando el impacto del impuesto más regresivo que existe: la inflación. Ninguna política social compensa plenamente la erosión constante del ingreso real. Los subsidios alivian momentáneamente, pero no corrigen la pérdida estructural de capacidad adquisitiva. La clase media, en particular, queda atrapada en una zona gris: no es lo suficientemente pobre para recibir ayudas significativas, pero sí lo suficientemente vulnerable para sufrir de lleno el aumento sostenido del costo de vida.

La inflación que el gobierno no dice es la inflación de la incertidumbre, de la desconfianza y del deterioro silencioso. Es la inflación que se siente cuando el mercado rinde menos, cuando el ahorro pierde sentido, cuando planear a mediano plazo se vuelve un acto de fe. Es la inflación que no aparece en los gráficos oficiales, pero que define las conversaciones familiares, las decisiones empresariales y el ánimo social. Negarla no la elimina; al contrario, la profundiza.

En última instancia, el problema no es técnico, es ético y político. Gobernar implica decir la verdad completa, no solo la parte conveniente. Implica reconocer que una desaceleración inflacionaria no equivale a bienestar y que los ciudadanos no son ignorantes de su propia realidad económica. Cuando el discurso oficial insiste en una mejora que no se percibe, lo que se erosiona no es solo la credibilidad del gobierno, sino la confianza en las instituciones y en el debate público.

Colombia no necesita relatos triunfalistas ni cifras aisladas. Necesita un diagnóstico honesto que reconozca que la inflación sigue siendo un problema central, que sus efectos no se han revertido y que las políticas adoptadas han contribuido, en parte, a prolongar la presión sobre el costo de vida. Mientras esa verdad no se diga con claridad, la inflación seguirá siendo maquillada en los informes, pero sufrida en la vida real. Y esa distancia, tarde o temprano, siempre pasa factura.