La asequibilidad no se decreta

En Colombia hablar hoy de crisis de asequibilidad no es una exageración retórica ni una consigna ideológica: es una experiencia cotidiana. El costo de vida aumenta más rápido que los ingresos reales, el acceso a vivienda se vuelve progresivamente inalcanzable para amplios sectores de la clase media, el crédito de consumo reemplaza al salario como mecanismo de supervivencia y el ahorro se ha convertido en un privilegio excepcional. Frente a este escenario, la respuesta dominante desde el poder político ha sido insistir en más regulación, más subsidios, más intervención y más gasto público, como si la causa del problema fuera una insuficiencia de Estado y no, precisamente, su hipertrofia.

La inflación reciente en Colombia, que alcanzó picos superiores al 13 % anual entre 2022 y 2023 según cifras del DANE, no solo erosionó el poder adquisitivo de los hogares, sino que reveló con crudaza una verdad incómoda: el dinero pierde valor no por azar, sino por decisiones políticas. La expansión monetaria, el déficit fiscal persistente y la financiación del gasto público mediante endeudamiento no son fenómenos técnicos neutros, sino mecanismos que trasladan silenciosamente riqueza desde quienes producen y ahorran hacia quienes controlan la emisión, el gasto y la asignación de recursos. En este contexto, la inflación deja de ser un simple indicador macroeconómico y se convierte en una forma de expropiación indirecta que afecta la integridad moral del individuo, forzándolo a vivir en permanente incertidumbre y dependencia.

De ahí que comprender el impacto ético y social de la inflación sea un primer paso imprescindible. Cuando el dinero se deprecia sistemáticamente, se castiga el esfuerzo de largo plazo y se premia la especulación de corto plazo; se desalinea la prudencia y se incentiva el consumo inmediato; se debilita la noción de responsabilidad individual y se normaliza la idea de que el Estado debe compensar, subsidiar o rescatar. En Colombia, esta lógica se refleja en la expansión constante de programas asistenciales que, aunque alivian necesidades inmediatas, no resuelven las causas estructurales de la pobreza ni fortalecen la autonomía de las personas. Como advertía Milton Friedman, no existe almuerzo gratis: cada peso entregado por el Estado ha sido previamente extraído de la sociedad, ya sea vía impuestos, deuda o inflación.

En este escenario, la verdadera salida no pasa por reclamar más ayudas, sino por fortalecer la capacidad productiva de los individuos. Aumentar habilidades técnicas, adaptarse a mercados cambiantes y mejorar la comercialización del propio trabajo se vuelve una estrategia de supervivencia racional. En Colombia, donde más del 55% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, según el DANE, la dependencia del favor político, del contrato estatal o del subsidio termina sustituyendo el mérito y la competencia. La búsqueda de rentas —acceder a recursos no por crear valor, sino por cercanía al poder— se convierte en una aspiración dominante, distorsionando tanto la economía como la cultura cívica.

No es casual que los sectores más dinámicos del mercado laboral colombiano estén hoy ligados a habilidades transferibles y escalables: tecnología, servicios profesionales, economía digital, emprendimiento independiente. Allí donde el ingreso depende menos de la intermediación estatal y más del valor percibido por otros, la asequibilidad mejora no por decreto, sino por productividad. Esta realidad contradice el discurso político que insiste en que el progreso económico es, ante todo, una concesión gubernamental y no el resultado de millones de decisiones individuales coordinadas voluntariamente.

Algo similar ocurre en el terreno educativo. El sistema escolar público colombiano, pese a su expansión presupuestal sostenida, muestra resultados mediocres en pruebas internacionales como PISA, con rezagos persistentes en matemáticas, lectura crítica y ciencias. Más grave aún, se ha transformado en un espacio crecientemente ideologizado, donde la formación en habilidades útiles es desplazada por narrativas políticas, burocráticas o moralizantes. Frente a ello, alternativas como la educación en casa, los modelos híbridos o la formación autodidacta mediada por tecnología emergen no como extravagancias elitistas, sino como respuestas racionales a un sistema que ya no cumple su promesa básica.

Educar fuera del molde estatal no es rechazar el conocimiento, sino recuperar el sentido original de la educación: formar individuos capaces de pensar, crear y adaptarse. En un país donde el desempleo juvenil sigue siendo estructuralmente alto y la desconexión entre educación formal y mercado laboral es evidente, insistir en el monopolio educativo del Estado resulta, cuando menos, irresponsable.

La dimensión financiera de la crisis de asequibilidad tampoco puede ignorarse. El endeudamiento personal en Colombia ha crecido de manera alarmante, especialmente en tarjetas de crédito y créditos de consumo, con tasas de interés que en algunos casos superan el 40% de efectivo anual. La deuda, presentada como herramienta de inclusión financiera, termina atrapando a los hogares en ciclos de pago perpetuo que los hacen dependientes y vulnerables. Evitar el endeudamiento innecesario, reducir el consumo superfluo y priorizar la acumulación de capital propio no es una postura moralista, sino una estrategia de resistencia frente a un sistema que necesita individuos endeudados para sostener su estructura.

Esta lógica conecta inevitablemente con una mirada más lúcida sobre la política. En Colombia, el discurso político se ha convertido en un ejercicio de retórica emocional, donde promesas maximalistas sustituyen el análisis serio y el lenguaje grandilocuente oculta la ausencia de resultados. La política, entendida como lucha por el poder y no como servicio, tiende a expandirse por naturaleza, invadiendo esferas que podrían resolverse mediante acuerdos voluntarios, mercados libres o iniciativas comunitarias. Como advertía Friedrich Hayek, cada ampliación del poder coercitivo del Estado reduce el espacio de la libertad individual, incluso cuando se justifica en nombre del bien común.

Reconocer esta realidad no implica retirarse de la vida social, sino redefinir las prioridades. Gravitar hacia relaciones voluntarias, contractuales y descentralizadas —en el trabajo, la educación, el intercambio económico y la organización social— se convierte en una forma de práctica de preservar la dignidad personal frente a una autoridad que, en muchos casos, demuestra más interés en administrar dependencia que en promover la autonomía.

Estos esfuerzos no son espectaculares ni ofrecen resultados inmediatos. No generan titulares ni votos, pero construyen algo más duradero: individuos menos vulnerables a la manipulación, más resistentes a la inflación, menos dependientes del favor político y más capaces de enfrentar la incertidumbre. En una Colombia marcada por la desconfianza institucional, la inestabilidad económica y la polarización ideológica, quizás la forma más radical de transformación no sea exigir más poder al Estado, sino aprender a vivir —y prosperar— con menos de él. Allí, y solo allí, la asequibilidad deja de ser una promesa electoral y se convierte en una realidad construida desde abajo.