Inflación: el impuesto que empobrece a la clase media colombiana

En Colombia la inflación ha dejado de ser una estadística técnica para convertirse en una experiencia cotidiana. Está en la factura del supermercado, en la cuota del crédito hipotecario, en el transporte público, en el arriendo que sube sin preguntar y en el salario que nunca alcanza. No se trata solo de precios más altos, sino de una sensación persistente de retroceso social, de trabajar más para sostener menos, de vivir en un país donde el esfuerzo pierde valor con el paso del tiempo. En ese escenario, la clase media se ha convertido en la principal víctima silenciosa de un fenómeno que muchos insisten en explicar como coyuntural, cuando en realidad tiene raíces estructurales profundamente políticas.

La inflación monetaria no es un accidente ni una catástrofe natural. Es el resultado de decisiones conscientes sobre cómo se financia el Estado. En los últimos años, Colombia ha enfrentado un aumento significativo del gasto público, impulsado por mayores compromisos sociales, expansión burocrática, subsidios generalizados y una narrativa política que presenta el gasto como sinónimo de justicia social. Sin embargo, cuando ese gasto no está respaldado por aumentos sostenidos en productividad, inversión privada y crecimiento económico real, el desequilibrio aparece inevitablemente. El déficit fiscal se amplía y la tentación de financiarlo mediante endeudamiento o expansión monetaria se vuelve recurrente.

El Banco de la República, cuya función constitucional es preservar el poder adquisitivo de la moneda, ha advertido de forma reiterada sobre los riesgos inflacionarios derivados del exceso de gasto y de choques persistentes de costos. Aun así, la inflación en Colombia alcanzó niveles no vistos en décadas recientes, superando el rango meta durante varios períodos, según cifras oficiales del DANE. Aunque parte del fenómeno se explicó por factores externos como la inflación global postpandemia y los conflictos internacionales, reducir el análisis a esas variables es intelectualmente insuficiente. Otros países enfrentaron choques similares sin el mismo deterioro prolongado del poder adquisitivo interno.

Aquí aparece el punto central: la inflación no afecta a todos por igual. Para la clase media colombiana, cuyos ingresos dependen en gran medida de salarios, honorarios o pequeños emprendimientos, la inflación actúa como un impuesto regresivo y encubierto. Los salarios se ajustan tarde, cuando se ajustan, y casi nunca al ritmo real del aumento del costo de vida. Mientras tanto, los precios de alimentos, energía, transporte y educación —rubros que pesan desproporcionadamente en el presupuesto familiar— reaccionan de inmediato. El resultado es una pérdida constante de bienestar que no se refleja solo en cifras macroeconómicas, sino en decisiones diarias: posponer estudios, reducir consumo de proteína, abandonar el ahorro, endeudarse para sostener el mismo nivel de vida.

La clase media en Colombia es, además, el segmento que más confía en la estabilidad monetaria. No suele tener acceso a mecanismos sofisticados de cobertura financiera, ni la capacidad de dolarizar su patrimonio con facilidad. Ahorra en pesos, paga impuestos en pesos y planifica su futuro en pesos. Cuando el peso pierde valor, pierde también la confianza en la promesa implícita del sistema económico: que el trabajo sostenido permite progresar. Esta erosión es lenta, pero profundamente corrosiva, porque destruye la base cultural del ahorro, de la previsión y de la movilidad social.

En contraste, los sectores de mayores ingresos suelen protegerse mejor de la inflación. Diversifican activos, invierten en bienes raíces, acceden a instrumentos financieros indexados o trasladan parte de su riqueza al exterior. Los sectores más vulnerables, por su parte, reciben transferencias directas, subsidios o programas asistenciales que, aunque insuficientes, se ajustan con mayor frecuencia en el discurso político. La clase media queda atrapada en un limbo: demasiado “rica” para recibir ayudas, demasiado “pobre” para protegerse de la inflación. Es quien paga el ajuste sin haberlo decidido.

El gasto público, cuando se orienta principalmente al consumo y no a la inversión productiva, agrava este problema. Colombia arrastra históricamente un Estado costoso y poco eficiente, con duplicidad de funciones, baja evaluación de resultados y una débil cultura de responsabilidad fiscal. Aumentar el gasto sin reformar su estructura equivale a postergar el problema, no a resolverlo. Milton Friedman advertía que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, pero detrás de esa afirmación hay una verdad política incómoda: la inflación es la consecuencia de la incapacidad de los gobiernos para decir no al gasto improductivo.

Desde otra tradición intelectual, Friedrich Hayek insistía en que la manipulación de la moneda distorsiona el sistema de precios, que es el principal mecanismo de coordinación social. En Colombia, esta distorsión se traduce en malas decisiones de inversión, informalidad creciente, reducción del horizonte de planificación empresarial y debilitamiento del empleo formal. El emprendedor de clase media ya no piensa en crecer a diez años, sino en sobrevivir al próximo trimestre. La inflación, en ese sentido, no solo empobrece materialmente, sino que acorta el futuro.

El debate público colombiano, sin embargo, suele evitar esta discusión de fondo. Se habla de inflación como si fuera un enemigo abstracto, sin responsables claros, o como un mal necesario para financiar políticas sociales. Esta narrativa ignora que no hay política social sostenible sobre una moneda débil. La historia económica latinoamericana está llena de ejemplos donde la inflación terminó destruyendo precisamente aquello que decía proteger: la cohesión social y la dignidad del trabajo. Colombia no es inmune a esa lección.

Hoy, cuando el país discute el tamaño del Estado, el papel del mercado y la orientación del gasto público, la inflación debería ocupar un lugar central en el debate. No como una cifra del DANE, sino como una cuestión ética y política. Porque permitir que el valor del dinero se erosione sistemáticamente es una forma de expropiación silenciosa. Y en Colombia, esa expropiación recae, una y otra vez, sobre la clase media que sostiene el sistema con su trabajo, sus impuestos y su confianza.

Si la inflación continúa normalizándose como parte del paisaje económico, el mensaje implícito será devastador: en este país, ahorrar no vale la pena, planear es ingenuo y ascender socialmente es una excepción. Defender la estabilidad monetaria no es una postura ideológica extrema, es una condición mínima para que la clase media colombiana no siga desapareciendo lentamente bajo el peso de un impuesto que nadie votó, pero que todos pagan.