Los mitos morales del progresismo

En la Colombia de hoy, atravesada por una crisis de confianza institucional, estancamiento productivo, inflación persistente y una creciente polarización cultural, el progresismo se presenta como la respuesta moral a todos los males históricos del país. Habla en nombre de los excluidos, invoca la ciencia, se apropia del lenguaje de los derechos y se autoproclama heredero del progreso humano. Sin embargo, cuando se examina con rigor, esta visión del mundo no descansa sobre diagnósticos empíricos sólidos ni sobre principios coherentes, sino sobre una constelación de mitos políticos que funcionan más como dogmas que como hipótesis contrastables. En ese sentido, el progresismo contemporáneo en Colombia no opera como una corriente crítica abierta al debate, sino como una moral oficial que clasifica, sanciona y excluye a quien se atreva a cuestionarla.

El primer mito fundacional es el racial. Bajo la premisa de corregir injusticias históricas, el progresismo ha reemplazado el ideal liberal de igualdad ante la ley por una lógica de identidades colectivas jerarquizadas. La persona deja de ser individuo para convertirse en representante de un grupo étnico al que se le asigna un estatus moral previo. En Colombia, este enfoque se refleja en políticas públicas y discursos institucionales que explican fenómenos complejos —pobreza, violencia, informalidad— casi exclusivamente desde la variable racial, ignorando factores estructurales como la debilidad del Estado de derecho, la baja calidad educativa, la informalidad económica o la captura del Estado por redes clientelistas. Autores como Thomas Sowell han advertido que este tipo de enfoques no reduce desigualdades, sino que las congela, al desplazar el énfasis del desarrollo de capacidades individuales hacia la administración permanente de agravios colectivos. El resultado es una sociedad fragmentada, donde la identidad se convierte en moneda política y la responsabilidad personal es vista como una forma de opresión discursiva.

Desde allí, casi de forma natural, se pasa al mito feminista progresista, que ha mutado de una legítima lucha por igualdad jurídica —ya consagrada en el ordenamiento colombiano— a una narrativa de antagonismo estructural entre hombres y mujeres. El conflicto social se reinterpreta como una guerra de sexos, donde uno es opresor por definición y el otro víctima por naturaleza. En el contexto colombiano, esta visión ha influido en marcos normativos y políticas públicas que, bajo la bandera de la protección, han debilitado principios básicos del Estado de derecho, como la presunción de inocencia y la neutralidad jurídica. Paradójicamente, mientras se afirma defender la autonomía femenina, se consolida una imagen de la mujer como sujeto permanentemente vulnerable, dependiente del Estado y de tutelas morales para validar sus decisiones. La igualdad deja de ser un principio jurídico universal y se convierte en una herramienta selectiva, aplicada solo cuando coincide con la narrativa ideológica dominante.

Al profundizar en esta lógica, emerge el mito progresista sobre la riqueza, especialmente nocivo en un país subdesarrollado como Colombia. Según esta visión, la riqueza no es el resultado de procesos productivos, innovación o creación de valor, sino una señal de privilegio injusto o explotación. El empresario exitoso es sospechoso por definición, mientras el Estado es presentado como el único actor moralmente legítimo para redistribuir recursos. Esta narrativa ignora datos elementales de la economía política: Colombia no es un país desigual porque tenga demasiados ricos, sino porque tiene muy pocos productivos formales y una clase media frágil que soporta la mayor carga fiscal. La CEPAL ha señalado reiteradamente que el problema estructural de América Latina no es la existencia de riqueza, sino la baja productividad. Sin embargo, el progresismo colombiano insiste en políticas fiscales expansivas, aumento del gasto y discursos punitivos contra el capital, generando desincentivos a la inversión, presión inflacionaria y una creciente dependencia del endeudamiento. Se promete justicia social, pero se entrega precarización y pérdida de poder adquisitivo, especialmente para quienes no pueden protegerse de la inflación.

En este punto, el progresismo suele invocar la ciencia como legitimación final, dando lugar a otro de sus mitos centrales: el pseudocientífico. Se habla de “consenso científico” como si fuera una verdad revelada, pero solo cuando ese consenso respalda la posición ideológica previamente adoptada. La biología es incuestionable para hablar de cambio climático, pero irrelevante cuando se discute la diferencia sexual. La estadística es válida para denunciar desigualdades, pero se descarta cuando muestra el fracaso de determinadas políticas públicas. Este uso instrumental del conocimiento científico ha sido criticado por filósofos como Karl Popper, quien advertía que una teoría que no admite falsación deja de ser ciencia para convertirse en dogma. En Colombia, donde la cultura científica es débil y el debate público es altamente emocional, esta distorsión resulta especialmente peligrosa, pues transforma la discusión racional en una lucha de consignas morales.

Las contradicciones éticas del progresismo no son errores accidentales, sino expresiones coherentes de una moral relativista que prioriza la emoción política sobre principios universales. Se condenan las corridas de toros en nombre del sufrimiento animal, pero se defiende el aborto como un derecho incuestionable incluso cuando existe vida humana en desarrollo. Se proclama la sacralidad de la vida cuando sirve a la agenda ambiental, pero se relativiza cuando entra en conflicto con la autonomía redefinida ideológicamente. Se exige tolerancia absoluta, pero se normaliza la cancelación social, la censura y la estigmatización del disidente. En Colombia, esto se traduce en un clima donde el debate académico es reemplazado por etiquetas morales, y donde disentir del progresismo no es una diferencia intelectual, sino una falta ética.

Figuras internacionales como George Orwell advirtieron que cuando el lenguaje político se corrompe, deja de describir la realidad y comienza a ocultarla. Algo similar ocurre hoy en el país: conceptos como justicia social, equidad, inclusión o derechos humanos son utilizados de forma expansiva y ambigua, no para resolver problemas concretos, sino para blindar ideológicamente al poder. Mientras tanto, los problemas estructurales —educación deficiente, inseguridad jurídica, informalidad, corrupción— permanecen intactos o se agravan.

El verdadero progreso, como lo han demostrado las sociedades que lograron desarrollarse, no nace de mitologías políticas ni de identidades administradas desde el poder, sino de instituciones sólidas, reglas claras, respeto por la libertad individual y responsabilidad personal. En una Colombia que aún lucha por salir del subdesarrollo, abrazar mitos morales en lugar de diagnósticos rigurosos no es solo un error intelectual, sino una irresponsabilidad histórica. Cuestionar el progresismo no es rechazar la justicia ni la dignidad humana; es exigir que esas aspiraciones se construyan sobre realidad, coherencia y libertad, y no sobre dogmas que prometen redención, pero entregan estancamiento.