Algoritmos y servidumbre

 

Colombia discute la inteligencia artificial como si fuera un fenómeno externo, casi inevitable, que llegará a ordenar el caos productivo, cerrar brechas y compensar nuestras deficiencias históricas. El debate público oscila entre el entusiasmo tecnocrático y el miedo laboral, pero rara vez se detiene en lo esencial: la IA no es solo una herramienta, es una arquitectura de poder. Y en una sociedad con instituciones frágiles, informalidad persistente y una creciente dependencia del Estado como proveedor de ingresos, esa arquitectura puede profundizar una forma moderna de servidumbre, menos visible que la del pasado, pero más eficiente y difícil de cuestionar.

La promesa central de la IA es la productividad. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, cerca del 40% del empleo global estará expuesto a la automatización basada en inteligencia artificial, con impactos particularmente complejos en economías emergentes donde la informalidad supera el 50%. Colombia no es la excepción. Aquí, la informalidad ronda el 56% y la productividad laboral lleva décadas estancada. En este contexto, introducir IA sin una base sólida de capital humano, competencia y mercados dinámicos no libera al trabajador; lo desplaza. Y cuando el desplazamiento no se traduce en movilidad hacia sectores de mayor valor agregado, el vacío lo llena el subsidio.

Es aquí donde la discusión sobre socialismo reaparece, aunque de manera distorsionada. No se trata del socialismo clásico, de fábricas estatales y planificación central al estilo del siglo XX. Lo que emerge es un modelo asistencial algorítmico, donde el Estado, apoyado en tecnologías predictivas y sistemas automatizados, administra la escasez en lugar de resolverla. Transferencias condicionadas, subsidios energéticos, apoyos al desempleo y programas de renta se justifican ahora no solo como políticas sociales, sino como respuestas “técnicas” a una supuesta inevitabilidad tecnológica. Si la IA reduce empleos, el Estado compensa. Si el mercado no absorbe, el Estado sostiene. El problema es que compensar no es desarrollar.

La experiencia reciente en Colombia es ilustrativa. En medio de un crecimiento económico débil y una presión fiscal creciente, el discurso político ha reforzado la idea de que el Estado debe ser el garante último del bienestar, incluso a costa de desincentivar la inversión privada. La reforma laboral, el enfoque regulatorio sobre plataformas digitales y la narrativa adversa al empresariado conviven, paradójicamente, con una exaltación acrítica de la tecnología. Se desconfía del mercado, pero se espera que la innovación tecnológica —financiada y controlada mayoritariamente por grandes corporaciones globales— resuelva problemas estructurales internos. Esta contradicción no es menor: se critica al capital, pero se depende de él; se ataca la acumulación privada, pero se celebra la automatización sin preguntarse quién la controla.

Un breve cambio de perspectiva permite entender la profundidad del riesgo. La IA no socializa los medios de producción; los concentra. Los datos, la capacidad de cómputo y los modelos avanzados están en manos de un puñado de empresas y Estados. Thomas Piketty ha advertido que, sin contrapesos institucionales, el progreso tecnológico tiende a aumentar la concentración del ingreso y la riqueza. En Colombia, donde el tejido empresarial es mayoritariamente de micro y pequeñas empresas con baja adopción tecnológica, esta concentración puede traducirse en una nueva brecha: no entre ricos y pobres tradicionales, sino entre quienes controlan sistemas inteligentes y quienes solo interactúan con ellos como usuarios pasivos.

La dependencia, entonces, no será únicamente económica, sino cognitiva. Delegar decisiones en algoritmos —desde procesos de selección laboral hasta asignación de beneficios sociales— puede erosionar la autonomía individual en una sociedad que ya enfrenta déficits educativos significativos. Colombia ocupa posiciones rezagadas en pruebas internacionales de competencias básicas, y el pensamiento crítico no ha sido precisamente el eje del sistema educativo. En este escenario, la IA corre el riesgo de convertirse en una prótesis intelectual permanente: útil, eficiente, pero debilitante a largo plazo. No porque piense mal, sino porque nos acostumbra a no pensar.

Este fenómeno adquiere una dimensión política inquietante. La gestión algorítmica de la población permite un control más sutil y eficaz que la coerción tradicional. Datos, perfiles de riesgo, predicciones de comportamiento y focalización de ayudas crean una ciudadanía administrada, no empoderada. Michel Foucault hablaba del biopoder; hoy podríamos hablar de datapoder. En Colombia, donde la confianza en las instituciones es baja y la polarización es alta, este tipo de control puede legitimarse fácilmente bajo el lenguaje de la eficiencia, la inclusión o la justicia social, sin un debate profundo sobre libertad y responsabilidad individual.

Resulta llamativo que este avance de la dependencia tecnológica conviva con un discurso político que se autodefine como progresista y emancipador. Se habla de derechos, pero no de deberes; de protección, pero no de incentivos; de igualdad, pero no de creación de valor. La IA, en lugar de ser una palanca para liberar talento emprendedor, puede convertirse en el argumento final para normalizar la inactividad productiva financiada por deuda pública. No es una hipótesis teórica: el endeudamiento de Colombia ha crecido de manera sostenida en la última década, y la presión por expandir el gasto social no disminuye, aun cuando el espacio fiscal se reduce.

El contraste con otras visiones es evidente. Pensadores liberales como Friedrich Hayek advertían que el problema central no es la tecnología, sino el conocimiento disperso y la imposibilidad de centralizarlo sin pérdidas. La IA no resuelve ese problema; apenas lo disimula. Puede procesar grandes volúmenes de información, pero no reemplaza el sistema de precios, la competencia ni la iniciativa individual como mecanismos de coordinación social. Ignorar esto es creer que un algoritmo puede sustituir al mercado, cuando en realidad solo puede operar dentro de reglas previamente definidas por el poder político o corporativo.

El dilema colombiano, por tanto, no es si la IA nos llevará al socialismo, sino si consolidará una cultura de dependencia administrada. Una sociedad donde el individuo deja de ser protagonista económico para convertirse en beneficiario, donde el éxito se mide por la capacidad de acceder a programas y no por la de crear valor. En ese escenario, la desigualdad no desaparece; se redefine. Ya no separa al capital del trabajo, sino a quienes entienden, controlan y diseñan sistemas de quienes solo los usan para sobrevivir.

La inteligencia artificial no es neutral, pero tampoco es destino. Amplifica lo que somos. En un país que desconfía del mercado, castiga la iniciativa privada y delega en el Estado la solución de casi todos los problemas, la IA puede convertirse en la coartada perfecta para renunciar a la libertad económica. No con discursos épicos ni expropiaciones, sino con interfaces amables, subsidios automatizados y una dependencia tan eficiente que ya no parece dependencia. Ese es el verdadero riesgo que deberíamos estar debatiendo hoy.