Racionalidad, lógica y sentido común

La declaración de Friedrich Merz en Alemania, advirtiendo que el Estado del bienestar ya no es financieramente viable, resuena como un eco que trasciende fronteras y nos obliga a mirarnos al espejo en Colombia. Aunque los contextos históricos, políticos y económicos son diferentes, el mensaje de fondo es el mismo: los Estados están llegando al límite de lo que pueden prometer y sostener. La narrativa de que siempre habrá recursos para financiar subsidios, burocracia y programas sociales se enfrenta a la fría realidad de la escasez. En Alemania, el debate surge en una economía desarrollada, con superávits acumulados y una estructura industrial robusta; en Colombia, el dilema es aún más crudo porque se habla de un país con una base tributaria estrecha, altos niveles de informalidad y una dependencia constante de deuda y renta extractiva. El problema no está en la intención de garantizar bienestar, sino en la contradicción entre lo que se promete y lo que realmente puede sostenerse. En Co...

En Colombia se repite con frecuencia que el empleador es el explotador del trabajador, pues es quien concentra la riqueza y fija las condiciones de subordinación en la relación laboral. Sin embargo, pocas veces se advierte con la misma fuerza que el verdadero explotador se encuentra en otro lugar: el Estado. A diferencia del empleador, que corre riesgos, invierte capital y debe sostener su empresa para poder contratar, el Estado aparece como un tercero que no produce valor en esa relación, pero se apropia de una porción significativa del salario bajo la forma de aportes, contribuciones e impuestos disfrazados. Lo hace con herramientas legales, pero con una lógica que resulta profundamente inmoral, pues extrae recursos de los trabajadores y empleadores sin que estos tengan plena consciencia de cuánto terminan entregando. Un trabajador que recibe el salario mínimo en 2025 obtiene en su bolsillo \$1.423.500 COP, más un auxilio de transporte de \$200.000 COP. Sin embargo, el costo real de ...

Si volviéramos a la época de las cavernas no habría que esperar una orden, un decreto o una lección magistral para que los humanos volvieran a intercambiar entre sí. La necesidad obliga, la experiencia enseña y la reciprocidad surge como instrumento de supervivencia. Alguien trae más carne, otro domina mejor la cerámica, y pronto se aprende que conviene intercambiar; así aparece la primera noción de valor, por simple comparación. De ese intercambio rudimentario nace la intuición del dinero: un medio aceptado por todos para salvar la ineficiencia del trueque. Pero lo que verdaderamente transforma esa escena en civilización económica no es el metal o la concha, sino la aparición de precios: señales agregadas, condensadas en un número, que traducen preferencias dispersas, restricciones físicas y oportunidades cambiantes en información utilizable por cualquier productor o consumidor. Cuando hablamos del “problema del cálculo” no estamos entrando en un tecnicismo académico innecesario; esta...

La protección arancelaria se vende fácil en tiempos de incertidumbre: parece una solución rápida, una manta que cubre a las industrias que se sienten frágiles ante la competencia externa. Pero esa manta suele ser fina, calentura pasajera que, al menor roce, se desgarra y deja al descubierto efectos que nunca fueron parte del contrato político. En Colombia, donde la economía está tejida con hilos que atraviesan fronteras —exportaciones, cadenas de valor regionales, inversión extranjera y mercados de insumos— levantar nuevos muros es una decisión que no solo altera precios; redefine posibilidades de desarrollo. El comercio, entendido como motor de crecimiento, representa una porción fundamental de nuestro PIB, lo que deja claro que decisiones proteccionistas tienen efectos de gran escala, no marginales. No es mera teoría: los aranceles son impuestos implícitos sobre el consumo y, por extensión, sobre el poder adquisitivo de las familias. La política los vuelve atractivos porque ofrecen b...

La inflación no solo encarece la vida; adelgaza el tiempo. Cuando el peso pierde valor más rápido de lo que podemos planear, la cultura se recalibra hacia el ahora: compramos antes de que “suba”, cobramos hoy porque mañana “no alcanza”, renegociamos cada mes lo que ayer parecía estable. Ese giro silencioso —del largo plazo al día a día— está reescribiendo los códigos de convivencia, los pactos familiares y las expectativas de futuro en Colombia. No es un fenómeno abstracto: julio de 2025 cerró con una inflación anual de 4,9% y un aumento mensual de 0,28%. No estamos en hiperinflación, pero la persistencia de este fenómeno funciona como un impuesto difuso sobre el poder de compra y, sobre todo, sobre la capacidad de proyectarse. Cuando el valor del dinero se mueve, se mueve también la arquitectura de decisiones de los hogares. Pensemos en lo cotidiano: el mercado de “quincena” se volvió operativo militar; las neveras se llenan más por miedo a la próxima etiqueta que por menú semanal. La...

El mundo de hoy se mueve en una delgada línea entre la diplomacia y la fuerza, entre lo que se dice frente a los micrófonos y lo que se pacta en habitaciones cerradas donde la geopolítica decide el destino de naciones enteras. El caso de Venezuela, con Nicolás Maduro al frente, se ha convertido en una herida abierta para América Latina, una herida que no cicatriza porque está infectada de corrupción, narcotráfico y complicidades políticas que atraviesan fronteras. No se trata solo de un régimen autoritario que ha destruido las bases económicas de un país rico en petróleo, sino de la acusación, cada vez más sólida, de que Maduro lidera el llamado “Cartel de los Soles”, un entramado que mezcla militares, políticos y bandas criminales al servicio del narcotráfico internacional. Estados Unidos lo ha señalado como un narco-terrorista, y la historia reciente nos muestra que cuando Washington coloca una etiqueta de ese calibre, rara vez lo hace sin una estrategia de fondo. Es en este contexto...

La premisa es incómoda pero verificable: cuando el Estado grava el capital —ya sea mediante impuestos a las utilidades, al patrimonio, a los dividendos, a las ganancias de capital o a través de regulaciones que encarecen su uso— eleva el costo de oportunidad de invertir y empuja a las empresas a consumir capital en vez de acumularlo. No es una metáfora; es un mecanismo con nombre y apellido en la literatura: el “costo de uso del capital” de Hall y Jorgenson explica que la inversión se decide en el margen, comparando el rendimiento esperado de una máquina adicional con su costo total, que incluye impuestos, depreciación, riesgo e interés. Si ese costo sube por diseño fiscal, el proyecto marginal se cancela, el capital deja de reponerse y, lentamente, la economía produce menos con el mismo esfuerzo. Ahora bien, conviene despejar una confusión común. No se trata de “defender a los ricos”; se trata de defender el sistema de herramientas que todos usamos para producir. El capital es la fábr...

  Cada día en Colombia empieza con una fila. La del SITP que no llega, la de la ventanilla para un trámite que “cambió el formato”, la del taxista que calcula si puede llenar el tanque con gasolina a más de 16.000 pesos por galón, precio fijado por decisión regulatoria y no por una negociación con su estación de servicio. Que el valor de un combustible básico se mueva por decreto nos recuerda una verdad incómoda: en un país donde demasiadas dimensiones de la vida dependen de permisos, topes, sellos o licencias, el poder que más condiciona la libertad cotidiana no es el de la ferretería de la esquina ni el de la tienda en línea, sino el único actor con monopolio legítimo de la fuerza, capacidad de gravar y de prohibir: el Estado. Lo sabían los liberales clásicos —los de Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville o Ralph Raico— cuando advirtieron que la coerción que de verdad anula libertades es la que no puede eludirse. El tendero puede subir precios o portarse mal; usted puede irse a...

Decir “Estado de bienestar” suena benigno. En su semántica late la idea de que la política puede domesticar la incertidumbre de la vida y convertir derechos en garantías. El término, consolidado en Europa tras el Informe Beveridge de 1942 y nutrido por la expansión de seguros sociales desde Bismarck, pasó de nombrar un arreglo institucional a convertirse en una promesa cultural: el bienestar como expectativa permanente. En América Latina, y en Colombia en particular, esa promesa se tradujo en una arquitectura de transferencias, subsidios cruzados y precios administrados que, con frecuencia, confunde protección social con administración política de rentas. La palabra bienestar fue derivando en “bienestarismo”: un ethos que mide el éxito gubernamental por el anuncio de beneficios, más que por su financiación sostenida y su focalización efectiva. Ese desliz semántico importa, porque de él se desprende un ciclo político-económico que hoy condiciona nuestras discusiones sobre inflación, déf...

  Ralph Raico insistía en algo que Colombia parece haber olvidado: las sociedades que prosperan no lo hacen porque un centro omnisapiente planifique su destino, sino porque miles de acuerdos libres –bajo reglas conocidas y aplicadas sin privilegios– coordinan mejor que cualquier buró. Ese fue, en buena medida, el “milagro europeo”: una política de la libertad asentada en contratos y en poderes divididos. Hoy, cuando vuelven las tentaciones de recentralizarlo todo –desde la salud hasta la energía y el transporte–, vale preguntarse qué ocurriría si Colombia apostara de veras por el camino contrario: menos concentración de mando y más imperio de la ley en cada transacción. Partamos de un retrato sobrio. En 2023 la pobreza monetaria nacional siguió cediendo, pero aún ronda a casi un tercio de los colombianos; la informalidad laboral se mantiene alta –alrededor de la mitad de los ocupados–, y la justicia y la seguridad jurídica continúan rezagadas en los índices internacionales (DAN...

En la plaza pública de las ideas, la verdad ya no siempre habla más alto: compite con ella relatos simples, imágenes preparadas y certezas que suenan bien. En Colombia esa competencia tiene un culpable cómodo y un síntoma peligroso: la política narrativa que prescinde de la precisión y celebra la emoción. No se trata únicamente de señalar a un líder —que siempre podrá esgrimir la falacia del “ataque político”— sino de entender el daño estructural que provoca normalizar la inexactitud en voz alta. Cuando quien gobierna construye su autoridad sobre cifras estiradas o verdades a medias, el precio lo pagan las instituciones, el debate público y, en último término, los ciudadanos que necesitan datos fiables para decidir. No hablo de errores ocasionales. Equipos de verificación independientes han documentado patrones repetidos en discursos oficiales: un conjunto de afirmaciones verdaderas, otras ambiguas y algunas que, tras contrastarlas con fuentes primarias, resultan falsas o manipuladas. ...

En las calles de Colombia, no faltan las voces que claman por igualdad. Igualdad de ingresos, de condiciones, de acceso, de oportunidades, de todo. Es un grito que se repite en aulas, medios de comunicación, discursos políticos y redes sociales, con una fuerza que parece moralmente incuestionable. ¿Cómo oponerse a algo que suena tan justo? ¿Quién, en su sano juicio, podría estar en contra de la igualdad? Pero es precisamente esa seductora apariencia de virtud la que ha convertido a la “igualdad” en uno de los mitos políticos más peligrosos de nuestro tiempo. No por lo que promete, sino por lo que oculta: una profunda desconfianza hacia la libertad individual y una peligrosa aceptación de la coacción estatal como medio legítimo para moldear la sociedad. Bajo el actual gobierno colombiano, ese mito se ha institucionalizado con fuerza. Se multiplican los programas redistributivos, las retóricas contra “los ricos”, los ataques al emprendimiento privado y la romantización de una idea de jus...