El mito igualitario: cuando la justicia se convierte en excusa para destruir la libertad

En las calles de Colombia, no faltan las voces que claman por igualdad. Igualdad de ingresos, de condiciones, de acceso, de oportunidades, de todo. Es un grito que se repite en aulas, medios de comunicación, discursos políticos y redes sociales, con una fuerza que parece moralmente incuestionable. ¿Cómo oponerse a algo que suena tan justo? ¿Quién, en su sano juicio, podría estar en contra de la igualdad? Pero es precisamente esa seductora apariencia de virtud la que ha convertido a la “igualdad” en uno de los mitos políticos más peligrosos de nuestro tiempo. No por lo que promete, sino por lo que oculta: una profunda desconfianza hacia la libertad individual y una peligrosa aceptación de la coacción estatal como medio legítimo para moldear la sociedad.

Bajo el actual gobierno colombiano, ese mito se ha institucionalizado con fuerza. Se multiplican los programas redistributivos, las retóricas contra “los ricos”, los ataques al emprendimiento privado y la romantización de una idea de justicia social que confunde necesidades con derechos, y derechos con exigencias al Estado. En un país donde el 85% de las empresas son microempresas y el 96% del empleo se genera en el sector privado, criminalizar la acumulación de riqueza o denigrar al empresario no solo es miope, es suicida. Mientras se exige “igualdad” desde el púlpito del poder, se sofocan las condiciones que hacen posible que alguien, desde abajo, pueda construir algo mejor para sí mismo y su familia.

La narrativa igualitaria parte de una premisa emocional, no lógica. Asume que la desigualdad económica es, por sí sola, una evidencia de injusticia. Pero eso es falso. La desigualdad puede ser síntoma de corrupción, de privilegios legales, de connivencia entre empresas y políticos… o puede ser simplemente el resultado natural de que cada individuo decide, actúa y produce de manera distinta. Que un joven de Soacha, con escasos recursos, logre montar una tienda virtual y escalar hasta generar empleos no es un fallo del sistema, es su mejor expresión. Que otro prefiera un trabajo estable y no asumir riesgos también es válido, pero no debe esperar las mismas recompensas. No se trata de quién “merece” más, sino de quién hace más, de quién arriesga, de quién crea. El mercado no premia intenciones, premia resultados útiles para otros. Y eso es lo más justo que existe.

Lo trágico es que, en nombre de la igualdad, estamos destruyendo los mecanismos que permiten salir de la pobreza. El capital, por ejemplo, es demonizado, cuando es precisamente el capital —la acumulación previa de ahorro e inversión— lo que permite mejorar la productividad, ampliar la oferta de bienes y generar empleos con mejores salarios. Según datos del DANE, en 2023 más del 58% del empleo en Colombia era informal. ¿Qué impide formalizarse? La carga tributaria, la tramitología, la rigidez laboral. Es decir, el Estado. No la desigualdad. Pero en lugar de atacar esas barreras, se inventan subsidios que perpetúan la dependencia y se construyen políticas públicas que desincentivan el esfuerzo individual. No es casualidad que, según Fedesarrollo, 4 de cada 10 colombianos prefieren recibir un ingreso garantizado por el Estado antes que emprender un negocio. Hemos sembrado la desconfianza en la libertad y cosechamos el estancamiento económico.

La Escuela Austriaca de Economía, ignorada por la mayoría de quienes diseñan política pública, ya había advertido hace un siglo que el intervencionismo no solo es ineficiente, sino que deriva inevitablemente en autoritarismo. Ludwig von Mises explicó que cuando el Estado interviene para corregir los “fallos del mercado”, genera nuevas distorsiones que requieren más intervención, en un ciclo que termina sofocando toda libertad económica. Y Hayek, en “El camino de servidumbre”, mostró cómo los planes centralizados —aunque bienintencionados— erosionan los fundamentos morales de una sociedad libre. En Colombia, ese proceso avanza silenciosamente. La presión fiscal aumenta, las trabas al empresario se endurecen, la narrativa oficial culpa al capital privado de las injusticias, y cada vez más jóvenes repiten el mantra igualitario sin entender que lo que se destruye no es la desigualdad, sino la posibilidad de progresar sin depender del poder.

En este contexto, la verdadera injusticia no es que unos tengan más que otros, sino que se impida a los demás alcanzarlos por sus propios medios. Un ejemplo palpable es el caso de las Zonas Francas. Mientras grandes conglomerados reciben exenciones tributarias y privilegios normativos, los pequeños emprendedores luchan por sobrevivir entre formularios, impuestos, licencias y amenazas de sanciones. ¿Qué igualdad se defiende allí? No es la igualdad ante la ley, sino la igualdad forzada de quienes no pueden crecer, porque el sistema castiga el éxito. Esta falsa igualdad no nivela hacia arriba, empuja hacia abajo.

Y sin embargo, el problema no es la desigualdad. Es la pobreza. Y combatir la pobreza requiere libertad, no planificación estatal. En un mercado abierto, con reglas claras y sin privilegios, las personas pueden especializarse, intercambiar, ahorrar, invertir y competir. Es la competencia lo que baja los precios, mejora la calidad y amplía el acceso. Es la innovación —fruto del interés individual— lo que transforma vidas. Un Estado que protege a todos por igual, sin interferir, permite que esas diferencias florezcan. Y en esas diferencias está la riqueza de una nación.

La igualdad como objetivo político absoluto no solo es inviable, es profundamente injusta. Implica que el esfuerzo de uno debe ser entregado al que no lo hizo. Que el resultado del sacrificio individual pertenece a la colectividad. Es, en el fondo, una forma sofisticada de robo legitimado por las mayorías. Bastiat lo dijo claramente: “El Estado es la gran ficción por la que todos tratan de vivir a costa de todos los demás”. Y esa ficción se mantiene a base de deuda pública, inflación, clientelismo y frustración social.

En lugar de preguntarnos por qué hay desigualdad, deberíamos preguntarnos si esa desigualdad es producto de la libertad o del privilegio. Si alguien se enriquece porque sirve bien a millones de personas —como un emprendedor exitoso—, su riqueza no es el problema, es la prueba de que el sistema funciona. Pero si alguien se enriquece por contratos amañados, monopolios legales o favores políticos, ahí sí hay una distorsión que merece intervención, pero no para igualar, sino para devolver la libertad al juego económico.

Colombia no necesita una cruzada contra la desigualdad. Necesita una cruzada por la libertad. Una libertad que implique responsabilidad, mérito, riesgo, propiedad y límites claros al poder. Necesita ciudadanos que comprendan que la verdadera justicia no está en que todos tengan lo mismo, sino en que cada uno pueda tener lo suyo sin ser despojado ni impedido por otros. La igualdad forzada es el disfraz amable de la tiranía. La desigualdad, cuando es fruto del esfuerzo libre, es la prueba de que todavía es posible prosperar.

Así que no, la desigualdad no es la crisis. La verdadera crisis es moral, intelectual y política: es haber renunciado al principio de libertad, en nombre de una justicia que no se puede imponer sin violencia. Y mientras sigamos rindiendo culto a ese falso dios igualitario, la pobreza no se irá: se hará eterna, porque la libertad será imposible.