El verdadero explotador

En Colombia se repite con frecuencia que el empleador es el explotador del trabajador, pues es quien concentra la riqueza y fija las condiciones de subordinación en la relación laboral. Sin embargo, pocas veces se advierte con la misma fuerza que el verdadero explotador se encuentra en otro lugar: el Estado. A diferencia del empleador, que corre riesgos, invierte capital y debe sostener su empresa para poder contratar, el Estado aparece como un tercero que no produce valor en esa relación, pero se apropia de una porción significativa del salario bajo la forma de aportes, contribuciones e impuestos disfrazados. Lo hace con herramientas legales, pero con una lógica que resulta profundamente inmoral, pues extrae recursos de los trabajadores y empleadores sin que estos tengan plena consciencia de cuánto terminan entregando.

Un trabajador que recibe el salario mínimo en 2025 obtiene en su bolsillo \$1.423.500 COP, más un auxilio de transporte de \$200.000 COP. Sin embargo, el costo real de su vinculación para el empleador asciende a más de \$2.3 millones, porque casi \$800.000 adicionales van al Estado en forma de aportes parafiscales, seguridad social y provisiones de prestaciones sociales que, en la práctica, se convierten en tributos obligatorios. El trabajador común desconoce este cálculo. Solo percibe lo que recibe en su cuenta, sin advertir que casi la mitad de lo que produce con su trabajo es absorbido antes de llegar a sus manos. El resultado es un espejismo: cree ganar \$1.4 millones, cuando en realidad su esfuerzo laboral equivale a más de \$2.3 millones, de los cuales el Estado es el gran beneficiado.

Este diseño no es neutro ni inocente. En países como Canadá, el salario se paga íntegramente al trabajador, y es él quien debe encargarse de cumplir sus obligaciones fiscales de manera directa. Eso genera un efecto pedagógico: cada ciudadano comprende cuánto aporta al Estado y puede cuestionar el uso de esos recursos. En Colombia ocurre lo contrario: el sistema está diseñado para ocultar al trabajador la magnitud de la extracción fiscal. Es un mecanismo de invisibilización que diluye la responsabilidad política y perpetúa la desinformación. El trabajador cree que paga poco o nada de impuestos, cuando en realidad financia, sin saberlo, gran parte de la burocracia estatal y, en muchos casos, el despilfarro y la corrupción.

Basta pensar en un ejemplo cotidiano. Un trabajador que recibe \$1.4 millones siente que vive al límite, que todo se va en arriendo, comida y transporte. No sabe que en términos reales su trabajo produce \$2.3 millones. La diferencia es que una buena parte se evapora en el aparato estatal. Y lo más irónico es que, del neto recibido, también debe seguir pagando impuestos cada vez que compra gasolina, cuando paga IVA en los alimentos procesados, cuando paga servicios públicos o incluso al comprar un tiquete de bus. Colombia es uno de los países con más cargas tributarias del mundo: existen más de 170 impuestos diferentes entre nacionales, departamentales y municipales. Prácticamente todo lo que se mueve paga un gravamen. Así, lo que empezó como un salario de \$2.3 millones se reduce a menos de la mitad en capacidad real de consumo.

Este mecanismo tiene una consecuencia cultural y política grave: el trabajador colombiano no desarrolla conciencia tributaria. No percibe que el Estado es su principal acreedor y cree que la carga proviene únicamente del empleador. Esto le permite al gobierno seguir ampliando el tamaño de la burocracia, aprobar reformas que aumentan impuestos disfrazados de contribuciones y mantener la narrativa de que “los que más tienen deben pagar más”, mientras en la práctica quienes más cargan con el peso del Estado son los trabajadores formales, que representan apenas un porcentaje reducido de la fuerza laboral nacional. La mayoría de los colombianos se encuentran en la informalidad, donde no se pagan estas obligaciones, lo que hace aún más injusto el sistema: los pocos que están vinculados legalmente terminan financiando al conjunto de la sociedad.

Algunos defensores del sistema dirán que estos aportes no son impuestos sino garantías de derechos: salud, pensiones, prestaciones, cesantías. Pero basta ver la realidad. La salud pública se encuentra en crisis permanente, con EPS quebradas y hospitales colapsados. Las pensiones son un privilegio de una minoría, porque la mayoría de los trabajadores nunca logra cotizar lo suficiente para jubilarse. Las cesantías, en la práctica, funcionan como un ahorro obligatorio que el trabajador no controla libremente. El Estado, entonces, se queda con una narrativa de justicia social mientras retiene recursos que no administra con eficiencia ni transparencia.

La teoría económica clásica defendía que los impuestos debían ser proporcionales y justos, y que el Estado debía limitarse a funciones básicas como la seguridad, la justicia y la infraestructura. Economistas liberales como Milton Friedman advertían que todo gasto público debe analizarse bajo la pregunta: ¿quién paga y quién se beneficia? En Colombia la respuesta es evidente: pagan los trabajadores formales y se beneficia un aparato estatal que ha demostrado una enorme capacidad para sostener burocracia y corrupción, pero poca eficacia en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Cuando un trabajador colombiano cree que solo destina su tiempo a producir para su empleador, ignora que en realidad dedica casi la mitad de su jornada a producir para el Estado. Si trabaja ocho horas, cuatro de ellas son, en los hechos, para sostener una burocracia que rara vez le devuelve en servicios lo que le quita en contribuciones. Es una forma moderna de servidumbre fiscal.

No es casualidad que figuras como Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, afirmara que “el poder de gravar es el poder de destruir”. O que Friedrich Hayek alertara sobre cómo la expansión del Estado reduce inevitablemente la libertad individual. La lógica es la misma: cuando el ciudadano no controla ni comprende la magnitud de lo que entrega, se convierte en súbdito y no en contribuyente consciente.

Hoy, en Colombia, ese debate es más urgente que nunca. Porque mientras la clase política discute reformas tributarias y laborales, los trabajadores siguen sin tener claridad sobre el verdadero costo de su trabajo. Se dice que el salario mínimo sube cada año como un gesto de protección social, pero en la práctica, ese aumento solo amplía la base de recursos que el Estado extrae. No es un camino hacia el bienestar, sino una vía de mayor recaudo. El Estado no sube el salario mínimo para que la gente viva mejor, lo sube para asegurarse de que habrá más fondos disponibles para su propio sostenimiento.

La verdadera explotación, entonces, no está en la relación directa entre empleador y empleado, donde existe al menos un acuerdo contractual transparente. Está en la intromisión de un Estado que, sin participar en la producción, se convierte en socio forzoso de la riqueza generada. El trabajador común colombiano no sabe cuánto paga en impuestos, y ese desconocimiento es precisamente lo que perpetúa el abuso. En un país con más de 170 tributos, la conclusión es clara: más de la mitad del esfuerzo laboral termina en manos del Estado. Ese es el verdadero explotador que nadie se atreve a señalar con suficiente claridad.