Del bienestar al bienestarismo: la promesa infinita y la factura que siempre llega

Decir “Estado de bienestar” suena benigno. En su semántica late la idea de que la política puede domesticar la incertidumbre de la vida y convertir derechos en garantías. El término, consolidado en Europa tras el Informe Beveridge de 1942 y nutrido por la expansión de seguros sociales desde Bismarck, pasó de nombrar un arreglo institucional a convertirse en una promesa cultural: el bienestar como expectativa permanente. En América Latina, y en Colombia en particular, esa promesa se tradujo en una arquitectura de transferencias, subsidios cruzados y precios administrados que, con frecuencia, confunde protección social con administración política de rentas. La palabra bienestar fue derivando en “bienestarismo”: un ethos que mide el éxito gubernamental por el anuncio de beneficios, más que por su financiación sostenida y su focalización efectiva. Ese desliz semántico importa, porque de él se desprende un ciclo político-económico que hoy condiciona nuestras discusiones sobre inflación, déficit, tarifas y desigualdad.

Aquí conviene hablar de incentivos. La teoría de la elección pública lleva décadas recordando que los miembros de una legislatura no son custodios abstractos del “interés nacional”, sino agentes con horizontes electorales y distritos concretos. Su función objetivo —si lo ponemos en términos sobrios— se parece menos a optimizar el bienestar agregado y más a maximizar la probabilidad de reelección. En Colombia, la historia de los “cupos indicativos” y, en general, de la distribución particularista de gasto, ilustra esa deriva: el legislador que amarra recursos para su territorio obtiene réditos visibles, mientras el costo (deuda, impuestos futuros, inflación) se diluye en el tiempo y el espacio. No hace falta caricaturizar: la evidencia empírica muestra que la lógica clientelar y el diseño institucional de nuestro Congreso han favorecido la asignación particularista de recursos, con débiles filtros de eficiencia.

Ese sistema de incentivos no opera en el vacío; se acopla con un presupuesto crecientemente rígido. Entre 2019 y 2024, el gasto del Gobierno Nacional Central subió a máximos históricos, con presiones en funcionamiento e intereses que estrechan el margen para invertir mejor y ajustar a tiempo. La propia institucionalidad fiscal ha reconocido tensiones recientes, y los organismos técnicos han advertido sobre la necesidad de reencauzar la senda del déficit y la deuda en los próximos años. Cuando el gasto duro crece más rápido que los ingresos estructurales, el “bienestarismo” se financia con deuda o con impuestos futuros; cuando ese margen se agota, la economía paga con más prima de riesgo, depreciación y, eventualmente, más inflación.

La foto social es ambivalente. Hay avances innegables: la pobreza monetaria nacional bajó a 31,8% en 2024, lo que representa cientos de miles de personas con ingresos por encima de la línea de pobreza frente a los picos de la pospandemia. Pero la cifra recuerda también un hecho incómodo: pese a décadas de programas, casi uno de cada tres colombianos sigue siendo pobre. Esta persistencia sugiere que la solucionática basada en anuncios incrementales y caídas de recursos por goteo no basta; necesitamos instituciones que produzcan movilidad sostenida, no solo alivios transitorios.

Vayamos a los mecanismos concretos por los cuales un gobierno intervencionista —cuando no disciplina su presupuesto— termina empujando la inflación. El primero es el más prosaico: el financiamiento del bienestar con déficit crónicos deteriora la percepción de solvencia soberana y presiona el tipo de cambio; un peso más débil encarece importados y se filtra a los precios. El segundo es menos visible pero igual de corrosivo: los controles de precios y subsidios mal diseñados difieren costos hoy para cobrarlos mañana. El caso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es el ejemplo pedagógico: al “suavizar” los precios domésticos frente al ciclo internacional se acumularon obligaciones con Ecopetrol que en 2022 cerraron en más de 36 billones y en 2023 en otros 20 billones, un total de más de 57 billones en solo dos años. Esa cuenta terminó pagándose con caja pública y, por momentos, con tensiones cuasi-fiscales sobre la petrolera; la fiesta del precio “bajo” en la bomba se convirtió, inevitablemente, en presión sobre el déficit o en ajustes bruscos de precios que, esta vez sí, aparecen en el índice de inflación.

El tercer canal es la indexación y su primo cercano, el congelamiento parcial. Cuando se frena o se administra un precio clave —gasolina, electricidad— para “proteger el bolsillo”, el alivio es transitorio: el desfase se acumula como pasivo y el ajuste posterior llega en ráfagas, alimentando expectativas y desanclando nominales. Los incrementos en combustibles y otros regulados, cuando llegan de manera concentrada, se transmiten a la inflación observada, incluso si la inflación subyacente viene cediendo. Esto es especialmente cierto cuando la política económica manda señales mixtas: se pide bajar tasas mientras se aplaza el ajuste de precios relativos o se promueve un gasto rígido al alza. La coordinación macro importa tanto como el nivel de gasto.

Quien paga la volatilidad, al final, es el hogar. Piénsese en la factura eléctrica: durante 2022–2024 la discusión en la Costa Caribe expuso un cóctel de indexaciones, rezagos regulatorios y decisiones políticas que derivaron en picos de tarifas, seguidos de intentos de “amortiguar” subiendo subsidios o modulando fórmulas. Cada capa de intervención mal calibrada deja cicatrices: cuentas por cobrar de empresas, mayor presión sobre el Presupuesto General y más temperatura política alrededor de un precio que, por diseño, debería reflejar costos reales y una regulación estable. La academia y centros regionales han insistido en reducir la volatilidad de la tarifa con reglas más claras, menos discrecionalidad y mejor focalización del subsidio. Es una lección extrapolable a toda la política de precios administrados.

Alguien dirá: “pero la inflación ya bajó”. Y es cierto que, tras el pico de 13,34% en marzo de 2023, el dato anual rondó 4,9% en julio de 2025, gracias a la normalización de alimentos, el ciclo monetario y ajustes de precios relativos que ya ocurrieron. El peligro es confundir una victoria coyuntural con una victoria institucional. Si los incentivos legislativos siguen premiando el anuncio fácil, si la rigidez presupuestal continúa estrechando el margen, y si se reactiva el reflejo de “amarrar” precios clave para ganar tiempo político, el péndulo puede regresar. La historia macro de Colombia —y de la región— lo ha demostrado.

Bajemos a la política real. Programas como Renta Ciudadana pueden —bien focalizados y evaluados— mejorar el bienestar de hogares vulnerables. El problema no es la protección social, sino su captura por la lógica del “si no se siente, no cuenta” y del “si no es para mi municipio, tampoco”. Cuando el debate se reduce a quién firma la transferencia y cuántas familias salen en la foto del pago, perdemos la brújula de la evidencia: mejoran los ingresos hoy, sí, pero ¿a qué costo fiscal, con qué incentivos laborales y por cuánto tiempo? Si la respuesta honesta es “no sabemos”, el bienestarismo habrá ganado otra batalla. El reto es pasar de la política del anuncio a la política del resultado: focalización estricta, metas de movilidad social medibles y evaluaciones públicas que sobrevivan al próximo titular.

Mientras tanto, el reloj macro no se detiene. Con la deuda y el gasto en intereses creciendo como proporción del PIB, y con un presupuesto 2025 que ya nace comprimido por inflexibilidades y mayores pagos de deuda, la disciplina fiscal deja de ser una postura ideológica para convertirse en requisito de justicia intergeneracional: cada peso de gasto corriente mal justificado hoy es un peso de menos en inversión productiva mañana. Colombia no necesita un Estado más grande, sino un Estado más confiable. Eso exige alinear los incentivos de congresistas y gobierno hacia resultados verificables para la nación, no para su electorado inmediato; blindar la regla fiscal de atajos retóricos, de modo que el ciclo político no erosione su credibilidad; y despolitizar precios regulados y subsidios, permitiendo que reflejen costos y se focalicen con evidencia, no con presiones del día. El bienestar no es gratis: o lo pagamos con productividad y buena política, o lo pagamos con inflación.

Si algo nos enseñó la secuencia 2022–2025 es que la inflación no es una “maldad del banco central” ni un accidente meteorológico; es la manifestación final de pequeñas concesiones políticas acumuladas en el tiempo. Hoy tenemos una ventana: la inflación bajó, el desempleo retrocede y la pobreza cedió algunos puntos. Precisamente por eso conviene discutir lo incómodo ahora. Si preferimos otra ronda de bienestarismo sin cuentas claras, no hará falta un enemigo externo para que vuelva el fantasma de la inflación; bastarán nuestros propios incentivos.