Cuando la libertad pide permiso: por qué el Estado —y no el tendero— es el riesgo estructural

 

Cada día en Colombia empieza con una fila. La del SITP que no llega, la de la ventanilla para un trámite que “cambió el formato”, la del taxista que calcula si puede llenar el tanque con gasolina a más de 16.000 pesos por galón, precio fijado por decisión regulatoria y no por una negociación con su estación de servicio. Que el valor de un combustible básico se mueva por decreto nos recuerda una verdad incómoda: en un país donde demasiadas dimensiones de la vida dependen de permisos, topes, sellos o licencias, el poder que más condiciona la libertad cotidiana no es el de la ferretería de la esquina ni el de la tienda en línea, sino el único actor con monopolio legítimo de la fuerza, capacidad de gravar y de prohibir: el Estado. Lo sabían los liberales clásicos —los de Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville o Ralph Raico— cuando advirtieron que la coerción que de verdad anula libertades es la que no puede eludirse. El tendero puede subir precios o portarse mal; usted puede irse a otra tienda. El Estado, en cambio, decide el marco de lo posible.

La discusión vuelve a encenderse en la Colombia de 2025, entre quienes sostienen que “el privado es el verdadero peligro” y quienes ven en el Estado el riesgo estructural. Vale mirar la evidencia reciente: la inflación se ubicó en 4,90% anual en julio de 2025, un logro relevante tras el sobresalto de 2022–2023 (DANE, 2025a). Esa desinflación no ocurrió porque “alguien” del mercado se iluminó, sino por la combinación de ajustes de oferta y la política monetaria de un banco central independiente, precisamente una institución diseñada para limitar la discrecionalidad del poder político sobre el dinero que todos usamos. Cuando la autoridad es creíble y acotada por reglas, la gente recupera margen de acción: planifica, ahorra, invierte.

También el mercado laboral ofrece una fotografía matizada. En junio de 2025, la tasa de desocupación en las 13 principales áreas metropolitanas fue de 8,3%, lo cual representa una reducción frente a los años anteriores. Sin embargo, este dato convive con una tara más profunda: la informalidad laboral, que se ubicó en 57,2% durante el primer trimestre de 2025 (DANE, 2025b). Traducido a vidas concretas, más de la mitad de los ocupados trabaja sin contrato ni seguridad social, y no porque amen el “emprendimiento” precario, sino porque el costo y riesgo de formalizarse —dictado por el marco estatal— supera con frecuencia la capacidad de un negocio pequeño.

El contrapunto perfecto llegó con la reforma laboral aprobada en junio de 2025. El Congreso convirtió en ley un amplio paquete que elevó al 100% el recargo por trabajo en dominicales y festivos, movió la jornada nocturna a partir de las 7 p. m. y reconoció una relación laboral especial para repartidores de plataformas, obligando a garantizar aportes a seguridad social (Congreso de la República de Colombia, 2025). ¿Hay justicia en corregir asimetrías? Sin duda. Pero también hay trade-offs: para miles de pymes, el salto en costos no es una tesis; es caja. Subir umbrales de manera abrupta en economías con 57% de informalidad tiende a expulsar hacia afuera lo que se quería atraer hacia adentro. No es “el mercado” castigando a la gente; es el diseño de incentivos y cargas fijado desde el Estado empujando comportamientos.

“Pero las empresas también abusan”. Cierto. La historia colombiana es pródiga en carteles, privilegios y contratos a dedo. Sin embargo, cuando una empresa abusa en un entorno de competencia, usted puede castigarlo con su decisión: cambiarse de operador, dejar de comprar, denunciar. Cuando el abuso lo comete el Estado —o un privado protegido por regulación hecha a su medida— la salida ya no es “vote con la billetera”, sino litigue, haga fila, espere años… o resígnese. Por eso el liberalismo clásico desconfía de los monopolios de norma, no de la cooperación voluntaria entre iguales. El problema no es la empresa per se, sino el capitalismo de compadres que depende de puertas giratorias, aranceles a la carta o contratos reservados. Eso no es mercado; es política mal diseñada.

Tomemos un ejemplo con olor a gasolina. A comienzos de 2025, el Ministerio de Hacienda fijó precios de referencia en Bogotá de \$16.085 por galón de corriente y \$10.725 para ACPM; en agosto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas reportaba promedios de \$16.293 y \$10.976 en 13 ciudades (CREG, 2025). Estas cifras son el resultado de decisiones públicas sobre el Fondo de Estabilización, impuestos y márgenes regulados. No es “la avaricia” de una estación puntual; es un esquema de precios cuya palanca central está en el regulador.

Algo similar ocurre con la inversión extranjera. En el primer trimestre de 2025, Colombia recibió US\$3.142 millones, una caída de 15% frente al año anterior, con menores flujos en minería, petróleo y comercio (Banco de la República, 2025). La señal es transparente: la incertidumbre regulatoria se traduce en dólares que no entran y proyectos que no arrancan. Un país puede transitar hacia energías limpias, pero esa transición requiere reglas estables y previsibles, no decretos que cambian al ritmo de una entrevista presidencial.

¿Cómo se ve esto a pie de calle? La dueña de una panadería en Soacha hace cuentas para formalizar dos ayudantes. Con la reforma laboral, el recargo dominical se duplica, la jornada nocturna empieza antes y los repartidores que usa por app deben ser afiliados a seguridad social. Todo ello puede ser justo como ideal normativo. Pero si el salto regulatorio supera su margen, la respuesta típica será reducir turnos, contratar por días o, sencillamente, seguir en la informalidad. El resultado no es una “victoria moral” del trabajador, sino la perpetuación de un equilibrio precario.

En paralelo, un dato político confirma la importancia de los contrapesos institucionales. La reforma pensional, pilar del programa social del gobierno, fue devuelta por la Corte Constitucional por vicios de trámite y debió repetirse la última votación en Cámara (Corte Constitucional, 2025). Más allá del contenido, el episodio enseña algo central para la libertad: no hay reforma —de derecha o de izquierda— que deba pasar por encima de las reglas de juego. En un país de instituciones fuertes, el “quién” importa tanto como el “qué”. Ese, de nuevo, es el corazón liberal: limitar el poder, no divinizarlo cuando coincide con mis preferencias.

¿Dónde queda entonces el privado como “amenaza real”? Existen abusos privados reales —fraude, colusión, corrupción—, pero en casi todos los casos su materialización exige indulgencia, captura o ceguera de quien tiene el silbato. Cuando fallan las agencias de competencia, cuando la DIAN complica al pequeño y perdona al grande, cuando la justicia tardía equivale a justicia denegada, la frontera entre abuso estatal y abuso privado se diluye porque el segundo se alimenta del primero. Y aquí la evidencia más tozuda sigue siendo la informalidad estructural. Si formalizar cuesta un mundo y cumplir la ley es heroico, la ley deja de ser piso civilizatorio y se vuelve club para pocos.

Este enfoque no exonera a las empresas ni idealiza al mercado. El liberalismo clásico no es una teología del lucro; es una ética de límites. Defiende la competencia porque disciplina a los privados y defiende el Estado de derecho porque disciplina al Estado. Por eso celebra a los jueces que paran un exceso, a los reguladores que publican metodologías, a los bancos centrales que se atienen a objetivos claros y a las agencias que abren datos. Y por eso mira con recelo cualquier proyecto —sea para “proteger al pueblo” o para “defender la inversión”— que concentre facultades y prometa milagros por decreto.

Colombia no necesita un Estado más grande o más pequeño: necesita un Estado más limitado y más competente. Limitado para no asfixiar la iniciativa que crea riqueza y empleo; competente para hacer lo que solo él puede hacer: garantizar seguridad, justicia rápida, infraestructura y bienes públicos. Un Estado que ponga reglas generales, no contratos singulares; que recaude bien y gaste mejor; que no convierta la formalidad en deporte extremo. Y un sector privado que compita sin privilegios, rinda cuentas, pague sus impuestos y trate a sus trabajadores como socios de un proyecto común, no como costos descartables.

La próxima vez que alguien le diga que “el verdadero peligro es el privado”, pregúntele quién puede hoy, aquí, prohibir, multar, embargar, cerrar, expropiar o encarcelar. Pregúntele quién decide el precio de la gasolina, la hora en que “empieza la noche” o los requisitos para abrir un restaurante; quién puede cambiar mañana las reglas del juego por una mayoría ocasional. Y, sobre todo, pregúntele qué mecanismos tiene usted para salir de esa relación si no le gusta. El comerciante compite por su preferencia; el Estado define su perímetro. Por eso, si de cuidar la libertad se trata, el debate honesto no es “mercado contra gente”, sino “poder controlado contra poder sin freno”. Lo demás son filas más largas.