Capital en retirada

La premisa es incómoda pero verificable: cuando el Estado grava el capital —ya sea mediante impuestos a las utilidades, al patrimonio, a los dividendos, a las ganancias de capital o a través de regulaciones que encarecen su uso— eleva el costo de oportunidad de invertir y empuja a las empresas a consumir capital en vez de acumularlo. No es una metáfora; es un mecanismo con nombre y apellido en la literatura: el “costo de uso del capital” de Hall y Jorgenson explica que la inversión se decide en el margen, comparando el rendimiento esperado de una máquina adicional con su costo total, que incluye impuestos, depreciación, riesgo e interés. Si ese costo sube por diseño fiscal, el proyecto marginal se cancela, el capital deja de reponerse y, lentamente, la economía produce menos con el mismo esfuerzo.

Ahora bien, conviene despejar una confusión común. No se trata de “defender a los ricos”; se trata de defender el sistema de herramientas que todos usamos para producir. El capital es la fábrica que abarata la canasta familiar, el camión que trae alimentos a Barranquilla, el software que permite exportar servicios desde Medellín, el invernadero que estabiliza cosechas en Boyacá. Cuando se castiga la reinversión, no se castiga un “exceso ocioso”, se castiga la productividad futura de los salarios. Harberger mostró hace décadas que la incidencia de los impuestos corporativos termina difusa entre salarios y precios; y, más tarde, Chamley y Judd demostraron que, en el largo plazo, la tasa óptima sobre el capital tiende a cero si el objetivo es maximizar bienestar intertemporal. La intuición es sencilla: gravar hoy el consumo no reduce la capacidad productiva de mañana; gravar hoy la formación de capital sí.

Dicho esto, Colombia ofrece un laboratorio vivo. Vivimos un ciclo reciente de inflación alta, tasas reales elevadas y reformas que han incrementado la carga efectiva sobre utilidades, dividendos y sectores extractivos, además de mantener gravámenes transaccionales que distorsionan el ahorro. No hace falta entrar en cifras puntuales para ver el cuadro: el Banco de la República subió con fuerza su tasa para contener la inflación y, aun cuando hoy la recorta gradualmente, el costo financiero de mantener inventarios, modernizar planta o expandir capacidad siguió siendo alto durante un tramo prolongado. Al mismo tiempo, la reforma de 2022 endureció la tributación de petróleo y carbón e introdujo señales ambiguas para otros sectores intensivos en capital. Resultado predecible desde la teoría del costo de uso: los proyectos marginales se posponen, la reposición de equipo se difiere, la inversión neta se adelgaza. No es “castigo” a un sector; es una dieta forzada de capital para toda la economía.

Pausa para una objeción legítima: “los impuestos al capital corrigen desigualdad y financian derechos”. Thomas Piketty y sus seguidores han insistido en gravámenes patrimoniales progresivos y en tasas fuertes a herencias y rentas del capital. La pregunta, sin embargo, es empírica: ¿mejora esto el bienestar agregado y sostenido de la población o termina reduciendo la base imponible futura al descapitalizar la economía? La evidencia comparada sugiere que los impuestos patrimoniales persistentes suelen ser difíciles de administrar, invitan a la emigración de bases móviles y terminan recaudando menos de lo esperado con costos de eficiencia altos. El punto no es moral; es contable: el Estado puede repartir solo lo que la economía produce, y la producción descansa en la profundidad y calidad del stock de capital. Si lo erosionamos, repartimos hoy a costa del ingreso de mañana.

Volvamos al terreno concreto de las decisiones que toman los empresarios en Colombia. Imagine a una mediana empresa de confecciones en Soacha que evalúa comprar telares nuevos. La tasa de interés bancaria encarece el crédito, la depreciación contable avanza, el peso es volátil, la demanda es incierta. Si además el retorno esperado después de impuestos cae porque el gravamen a utilidades es alto, los dividendos están gravados y la volatilidad regulatoria añade riesgo, el proyecto pierde atractivo frente a alternativas pasivas: un portafolio de TES, posiciones en CDT, o, para no pocos, el atajo de dolarizar ahorros y esperar. Nadie “malvado” decide; un sistema de precios y reglas los empuja. Eso es consumo de capital: seguir usando máquinas viejas un ciclo más, estirar el mantenimiento, no reponer inventarios críticos, migrar talento a actividades de menor valor agregado. La estadística oficial lo traduce meses después como caída en formación bruta de capital, cierres graduales, productividad menguante.

Cambio de foco: ¿y si el problema no fuera solo tributario, sino de moneda? Milton Friedman llamaba “impuesto inflacionario” al poder del emisor de reducir el valor real de los saldos monetarios. En una economía con brotes de estanflación, el banco central —aun haciendo su trabajo de anclar expectativas— suele tolerar rendimientos reales apenas positivos o incluso negativos por tramos. Si, además, el fisco grava la rentabilidad del capital físico, el mensaje compuesto es devastador: te cobro por invertir y te diluyo si mantienes efectivo. El resultado es un “huracán de preferencia temporal alta”: se prefiere liquidez, proyectos de retorno inmediato, rotación rápida, especulación sobre producción. Hayek y Mises lo describieron con crudeza: ciclos de auge-caída alimentados por crédito barato que se revierte, dejando inversiones mal coordinadas y capital mal asignado, seguidos de rescates que socializan pérdidas y consolidan expectativas de futuros rescates.

Aquí aparece un contraste útil con personajes de otras orillas. John Maynard Keynes nunca fue enemigo de la inversión; temía la insuficiencia crónica de demanda efectiva. Pero su receta de estímulos en recesión, sin una regla clara de consolidación en expansión, terminó convertida en práctica permanente de déficits y deuda. James Tobin imaginó un impuesto a transacciones financieras para “enfriar” la especulación; en la práctica, impuestos como el gravamen a los movimientos financieros en Colombia encarecen la intermediación y desincentivan la formalización del ahorro. Raghuram Rajan, desde un enfoque más financiero, recordó que los países emergentes no pueden construir prosperidad duradera con capital volátil y señales confusas; necesitan reglas predecibles, moneda creíble y un sistema bancario que premie la inversión productiva de largo plazo. La pregunta para Colombia no es ideológica; es técnica: ¿estamos enviando señales que convocan capital paciente o que expulsan capital, premiando rentas pasivas de corto plazo?

Otro giro necesario: el debate no debería caricaturizarse como “impuestos sí o no”. La sociedad debe financiar bienes públicos y un piso de protección social. La cuestión es dónde recaer la carga y cómo minimizar el daño a la acumulación de capital. Gravámenes amplios al consumo, con devolución focalizada a hogares vulnerables, tienden a ser menos distorsionantes que tasas altas sobre la inversión. Reglas claras de depreciación acelerada y tributación neutral entre deuda y patrimonio reducen sesgos de apalancamiento. Unificar tratamientos entre sectores y eliminar regímenes ad hoc disminuye la arbitrariedad. Sostener una regla fiscal creíble y un banco central comprometido con una moneda dura reduce la prima de riesgo y, por esa vía, el costo de capital. Nada de esto es radical; es ortodoxia de manual que países de ingreso medio exitosos han aplicado con paciencia.

Pero no nos engañemos: la credibilidad es la variable oculta que pone todo junto. Si el empresario cree que la norma tributaria cambiará cada dos años, que el arancel subirá o bajará por decreto, que el precio de la energía seguirá inestable, que el licenciamiento ambiental se politizará, entonces el descuento sobre el flujo de caja esperado destruye el proyecto antes de que el Excel se cierre. La previsibilidad es el “bien público superior” de la inversión. Por eso los mensajes importan: cuando figuras políticas demonizan sectores enteros —energía, financiero, agroindustrial— no “corrigen fallas”, confirman a los inversionistas que la regla es móvil. Y cuando, en el extremo, se coquetea con impuestos extraordinarios o “solidarios” de emergencia, el mercado entiende que el capital es rehén. El retiro, entonces, no es un capricho empresarial; es una estrategia de sobrevivencia.

Una última comparación ilumina la escala de los costos. En mercados relativamente libres y con monedas estables, los cierres se dan por obsolescencia tecnológica —como la transición de VHS a streaming— y la reasignación de factores es rápida y poco traumática. En economías donde los impuestos al capital, la inflación y la incertidumbre regulatoria coexisten, los cierres son “no creativos”: empresas viables que no alcanzan a financiar su reposición, industrias enteras que se achican por decreto, empleos que se pierden sin que aparezcan sustitutos de mayor productividad. El ciclo auge-caída se vuelve rutina, y con él la respuesta política: más deuda, más emisión, más rescates. Es la carrera a la baja que usted describe.

No todo está perdido. Colombia tiene activos enormes: una demografía que aún puede ser bono, una base empresarial resiliente, instituciones macro que —con todas sus tensiones— han evitado derivas extremas. La pregunta es si aprovecharemos ese terreno para reconstruir un ambiente pro-capital, entendiendo capital como la suma de herramientas, conocimiento e infraestructura que multiplica nuestros salarios futuros. Eso exige, sí, reducir la cuña fiscal sobre la inversión; pero también blindar la regla fiscal, estabilizar la senda de gasto, consolidar una moneda creíble y depurar el menú tributario de gravámenes que desalientan el ahorro formal. Exige, además, moderación retórica y respeto por la propiedad privada como garantía para el empleo de mañana, no como privilegio del ayer.

Concluyamos sin eufemismos. Gravar el capital no es gratuito: se paga en proyectos que no nacen, en máquinas que no se compran, en ingenieros que emigran, en salarios que no suben. Cuando esa decisión se combina con inflación y tasas reales altas, el resultado es consumo de capital y retiro productivo. Y cuando se institucionaliza la respuesta de rescatar cada caída con más emisión y deuda, el juego se vuelve adictivo. Si de verdad queremos crecimiento incluyente y sostenido, debemos dejar de comer el pan del futuro. La economía colombiana necesita, con urgencia, un pacto de capital: reglas estables, moneda sana y una tributación que no castigue el acto de invertir. Solo así el capital dejará de retirarse y volverá a hacer lo único que sabe hacer cuando lo dejan trabajar: multiplicar posibilidades.