El milagro que nos falta: dividir el poder para multiplicar la prosperidad

 

Ralph Raico insistía en algo que Colombia parece haber olvidado: las sociedades que prosperan no lo hacen porque un centro omnisapiente planifique su destino, sino porque miles de acuerdos libres –bajo reglas conocidas y aplicadas sin privilegios– coordinan mejor que cualquier buró. Ese fue, en buena medida, el “milagro europeo”: una política de la libertad asentada en contratos y en poderes divididos. Hoy, cuando vuelven las tentaciones de recentralizarlo todo –desde la salud hasta la energía y el transporte–, vale preguntarse qué ocurriría si Colombia apostara de veras por el camino contrario: menos concentración de mando y más imperio de la ley en cada transacción.

Partamos de un retrato sobrio. En 2023 la pobreza monetaria nacional siguió cediendo, pero aún ronda a casi un tercio de los colombianos; la informalidad laboral se mantiene alta –alrededor de la mitad de los ocupados–, y la justicia y la seguridad jurídica continúan rezagadas en los índices internacionales (DANE, 2024; World Justice Project, 2024). Ese lastre institucional se siente en la vida diaria: trámites que cambian según el funcionario, contratos que se incumplen con costos casi nulos, servicios públicos que dependen más del humor político que de incentivos claros. Todo ello se refleja en diagnósticos objetivos: el país ocupa posiciones intermedias en logística y en el Índice de Estado de Derecho, señal de reglas frágiles para competir y producir con productividad sostenida (World Bank, 2023; World Justice Project, 2024).

La discusión, sin embargo, no es una querella tecnocrática sobre indicadores. Es un debate político de fondo: ¿queremos una “república de contratos” o una “república de órdenes”? En la primera, el Estado fija reglas generales, abre mercados, adjudica de forma competitiva y hace cumplir los acuerdos; en la segunda, concentra decisiones, administra sectores completos y reemplaza la responsabilidad contractual por la discrecionalidad del despacho. Colombia ha probado ambas vías. Cuando apostó por marcos contractuales robustos, los resultados llegaron. La Ley 1508 de 2012 sobre Asociaciones Público Privadas y el programa de concesiones 4G atrajeron capital y conocimiento para cerrar brechas de infraestructura: la inversión en el sector alcanzó picos históricamente altos tras ese giro institucional (Ministerio de Transporte, 2021). No fue magia: fueron contratos mejores, riesgos mejor asignados y vigilancia exigente de cumplimiento.

Se dirá –con razón– que la contratación pública colombiana ha tenido “atajos” para eludir la competencia. Precisamente por eso es valioso que el país haya puesto la contratación en vitrina con datos abiertos (SECOP II) y el estándar internacional OCDS. Allí donde las entidades migran a procesos electrónicos, con competencia y trazabilidad, disminuyen las adjudicaciones directas y aumentan los oferentes; cuando los ciudadanos pueden ver, descargar y auditar, sube el costo de hacer trampa. No es teoría: la evidencia documenta mejoras en participación y en calidad de datos. Y en lo cotidiano, programas sensibles como la alimentación escolar en Bogotá mostraron que abrir datos y reglas puede traducirse en más proveedores, mejores precios y menos intermediación (Colombia Compra Eficiente, 2023).

¿Por qué funciona esa lógica contractual? Porque, como argumentaron Ostrom y Weingast, los órdenes policéntricos y el “federalismo que preserva mercados” generan disciplina y aprendizaje: múltiples centros de decisión compiten, copian lo que funciona, abandonan lo que falla y se vigilan mutuamente. La alternativa –un centro que decide por todos– tiende a concentrar errores, a suprimir la retroalimentación del precio y a diluir responsabilidades. Colombia no necesita inventar la rueda: necesita que sus municipios y departamentos sean verdaderos “laboratorios de soluciones” con reglas duras de presupuesto, transparencia y evaluación, y con jueces que hagan cumplir contratos sin favoritismos.

La tentación contraria es recentralizar bajo la promesa de “ordenar” lo que la diversidad territorial hace complejo. Lo vemos en el sector salud: iniciativas de reforma que trasladan decisiones financieras y de operación al nivel central –vía un ADRES hiperpoderoso y gestoras con menor autonomía– apuestan a administrar desde Bogotá lo que mejor se gobierna con contratos exigentes, competencia y vigilancia local. El riesgo es aumentar cuello de botella, politizar pagos y perder la disciplina de resultados que da un buen contrato con consecuencias claras por incumplimiento (Ministerio de Salud y Protección Social, 2024).

Otro terreno decisivo es el de las transferencias. El Sistema General de Participaciones nació para garantizar servicios básicos, pero con rigideces que asfixian la autonomía local: demasiados recursos “con etiqueta” y pocas palancas para innovar. En 2024 se aprobó una reforma que eleva el peso de las transferencias a las regiones, con el argumento –plausible– de cerrar brechas; voces técnicas advirtieron, sin embargo, sobre el riesgo fiscal si se multiplican funciones sin responsabilidad y sin presupuestos duros (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2024). El punto no es más o menos plata, sino para qué y bajo qué reglas: más autonomía con contratos y métricas, menos cheques en blanco.

La agenda de una “Colombia contractual y policéntrica” no es etérea; cabe en cinco giros concretos que cualquiera puede palpar en su municipio. Primero, competencia real y trazabilidad total en la compra pública: eliminar de tajo las subcontrataciones por la puerta de atrás en convenios interadministrativos y consolidar un principio preferente de licitación competitiva, como propone la reforma a la Ley 80 presentada este año (Congreso de la República de Colombia, 2024). Segundo, cláusulas de desempeño y sanciones efectivas en cada contrato público –desde el acueducto rural hasta un gran corredor vial–, con supervisión ciudadana apoyada en datos. Tercero, presupuesto y transferencias atados a resultados medibles, no a rubros rituales; y libertad local para elegir el “cómo” si se cumplen metas y se publican contratos y costos. Cuarto, justicia pro-contrato: más jueces especializados y plazos perentorios para controversias de infraestructura, salud o educación, con arbitraje abierto y la regla de que el incumplido paga. Quinto, competencia entre territorios: publicar ligas de desempeño logístico, urbanístico y de trámites para que los ciudadanos y empresas voten con los pies, y para que los alcaldes sientan la presión de mejorar.

No se trata de idealizar lo local. La captura también opera en lo cercano. Por eso la clave es la combinación correcta: mucha autonomía con mucha transparencia, mucha flexibilidad con muchos candados anticorrupción, y, sobre todo, presupuestos duros (sin rescates). Los contratos sirven justo para eso: fijan deberes y consecuencias, minimizan la discrecionalidad, facilitan la auditoría y reparten riesgos a quien puede gestionarlos. Cuando esa arquitectura funciona, la evidencia aparece: trámites más previsibles, proveedores que compiten, servicios que mejoran. Cuando no, volvemos al péndulo de decretar desde el centro, con el consuelo de los anuncios y la factura de la ineficiencia.

Vale recordar, además, que el emprendimiento no espera a que lo inviten. En 2024, la creación de nuevas unidades económicas volvió a crecer; cuando las reglas son claras, los colombianos inician negocios incluso en entornos difíciles (Confecámaras, 2024). Pero crear no basta: hay que sobrevivir y escalar, y para eso los cuellos de botella logísticos y regulatorios pesan. Un país que avanza a medias en innovación y que ocupa posiciones discretas en logística no puede darse el lujo de cambiar contratos por controles. La prosperidad cotidiana –esa que se mide en entregas a tiempo, facturas pagadas, pleitos resueltos rápido y servicios que funcionan– depende de que cada eslabón de la cadena tenga reglas que se cumplen y centros de decisión que compiten.

Quizá el ejemplo más pedagógico esté en lo pequeño. Un alcalde publica todo el ciclo de su contratación en SECOP II, con pliegos tipo que privilegian la experiencia relevante sobre los requisitos cosméticos; el contrato de aseo del municipio incluye indicadores de limpieza medidos por sensores y verificables por vecinos; la concesión de alumbrado exige niveles de luminancia y de mantenimiento con penalidades automáticas; el PAE compra con subastas inversas y rinde cuentas con fotos y rutas abiertas; la empresa de acueducto adopta un esquema APP para reducir agua no contabilizada y garantiza continuidad mínima. Nada de lo anterior requiere un “zar nacional”: exige contratos bien hechos, datos abiertos y supervisión ciudadana.

Colombia ha probado que cuando mezcla reglas claras, competencia y división del poder, puede dar saltos. No necesitamos un César, sino mil gobiernos de barrio compitiendo por servir mejor. La libertad no se preserva acumulando autoridad, sino partiéndola en pedazos manejables y responsables; la prosperidad no llega con planes quinquenales, sino con millones de transacciones voluntarias bajo un mismo imperio de la ley. El milagro europeo no fue inevitable; el colombiano tampoco. Pero está al alcance si recordamos –y defendemos– que los contratos son la política de los que creen en ciudadanos adultos.

 

Referencias

Colombia Compra Eficiente. (2023). Informe de gestión y avances en contratación pública abierta. Bogotá D.C.: Colombia Compra Eficiente.

Congreso de la República de Colombia. (2024). Proyecto de reforma a la Ley 80 de 1993. Bogotá D.C.: Gaceta del Congreso.

Confecámaras. (2024). Dinámica de creación de empresas en Colombia 2024. Bogotá D.C.: Confecámaras.

DANE. (2024). Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema en Colombia 2023. Bogotá D.C.: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2024). Análisis fiscal de la reforma al Sistema General de Participaciones. Bogotá D.C.: Ministerio de Hacienda.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Proyecto de reforma al sistema de salud colombiano. Bogotá D.C.: Ministerio de Salud.

Ministerio de Transporte. (2021). Avances en la infraestructura 4G en Colombia. Bogotá D.C.: Ministerio de Transporte.

World Bank. (2023). Logistics Performance Index 2023. Washington D.C.: The World Bank Group.

World Justice Project. (2024). Rule of Law Index 2024. Washington D.C.: World Justice Project.