Aranceles: el abrigo que quema la economía

La protección arancelaria se vende fácil en tiempos de incertidumbre: parece una solución rápida, una manta que cubre a las industrias que se sienten frágiles ante la competencia externa. Pero esa manta suele ser fina, calentura pasajera que, al menor roce, se desgarra y deja al descubierto efectos que nunca fueron parte del contrato político. En Colombia, donde la economía está tejida con hilos que atraviesan fronteras —exportaciones, cadenas de valor regionales, inversión extranjera y mercados de insumos— levantar nuevos muros es una decisión que no solo altera precios; redefine posibilidades de desarrollo. El comercio, entendido como motor de crecimiento, representa una porción fundamental de nuestro PIB, lo que deja claro que decisiones proteccionistas tienen efectos de gran escala, no marginales.

No es mera teoría: los aranceles son impuestos implícitos sobre el consumo y, por extensión, sobre el poder adquisitivo de las familias. La política los vuelve atractivos porque ofrecen beneficios concentrados a unos pocos productores, mientras sus costos se diluyen entre millones de consumidores. Pero la economía real responde distinto. Diversos estudios han demostrado que aumentos generalizados en la protección arancelaria se asocian con caídas persistentes en el crecimiento económico y efectos adversos sobre el empleo y la distribución del ingreso. Los aranceles encarecen la producción, distorsionan los mercados y reducen la competitividad, un costo que se paga en el mediano y largo plazo, cuando la aparente ganancia se transforma en estancamiento.

Si lo trasladamos al lenguaje cotidiano, cuando el Estado decide subir barreras, algunos talleres, fábricas o cultivos pueden respirar un poco más, pero la factura llega pronto al supermercado, al almacén de repuestos de la moto, a la ferretería del barrio o a la tienda de electrodomésticos. Un aumento arancelario sobre insumos como el acero, por ejemplo, se refleja directamente en el precio de la vivienda y de la obra pública, afectando a familias de clase media que sueñan con adquirir casa propia o a gobiernos locales que dependen de la construcción como motor de empleo. Así, un beneficio puntual se convierte en un golpe silencioso a sectores enteros de la población.

Conviene recordar que, hasta hace poco, Colombia no era un país de aranceles altos. De hecho, el arancel promedio aplicado ha sido históricamente bajo en comparación con economías proteccionistas, lo que permitió acceso a bienes de capital más baratos y facilitó encadenamientos productivos. Pero cada vez que surgen crisis o se avivan discursos políticos nacionalistas, aparecen las presiones para elevar la protección. El problema es que las medidas puntuales abren la puerta a nuevas exigencias y a una carrera hacia atrás en la integración productiva. Cuando un sector obtiene protección, otros exigen lo mismo, y lo que comienza como una excepción termina erosionando el principio de apertura que permite dinamismo y competitividad.

Los aranceles, además, son armas de doble filo en la arena internacional. Una decisión arancelaria puede ser interpretada como un gesto hostil por los socios comerciales, lo que abre la puerta a represalias y sanciones. En una economía como la nuestra, donde Estados Unidos es destino de buena parte de las exportaciones, un mal cálculo en política comercial puede golpear los puntos neurálgicos de ingreso de divisas y empleo. Las relaciones diplomáticas y los acuerdos comerciales no se construyen levantando muros, sino creando confianza. La credibilidad internacional se fortalece cuando el país demuestra consistencia y apertura, no cuando se refugia en medidas defensivas que recuerdan al aislacionismo de otras épocas.

Quien escucha a un empresario local defender un arancel suele encontrar razones legítimas: proteger empleos, dar tiempo para modernizar plantas, evitar prácticas desleales. Pero la mirada macroeconómica obliga a preguntar: ¿esa protección crea oportunidades de largo plazo o simplemente prolonga una ineficiencia? ¿Se traduce en innovación, productividad y capacidad exportadora o en dependencia de favores estatales? La experiencia internacional demuestra que la protección sin condiciones claras ni planes de modernización se convierte en una camisa de fuerza que condena a las empresas a sobrevivir gracias al Estado y no a la competencia. Y la historia económica está llena de ejemplos de industrias que, tras años de protección, nunca lograron despegar porque no tuvieron incentivos para hacerlo.

Por eso, si la preocupación es legítima, existen alternativas más inteligentes que los aranceles indiscriminados. Es posible incentivar la innovación mediante créditos blandos o beneficios fiscales ligados a inversión en tecnología y capital humano, fortalecer las cadenas logísticas para reducir costos de importación, fomentar compras públicas con criterios de eficiencia y apoyar reconversiones productivas que apunten a sectores con verdadero potencial competitivo. Estas medidas no elevan los precios al consumidor ni distorsionan el comercio, pero sí fortalecen la base productiva nacional.

En Colombia, con una estructura exportadora aún dependiente de materias primas y con una industria que requiere insumos importados para producir, cerrar las puertas es un suicidio económico. Un país que se aísla por miedo a la competencia pierde la posibilidad de diversificar su matriz productiva y de sembrar las capacidades que sostendrán ingresos estables y empleos de calidad en el futuro. Nuestra política comercial debe buscar un equilibrio: proteger lo esencial, pero nunca sacrificar el dinamismo que surge de la apertura y de la integración global.

La discusión pública debe abandonar el simplismo que presenta a los aranceles como salvavidas. Proteger hoy es pagar mañana con más inflación, con menor inversión extranjera, con menos innovación y con un mercado doméstico que se ahoga en su propia ineficiencia. Es urgente abrir el debate hacia políticas que fortalezcan la competitividad de manera genuina y que preparen al país para competir en mercados internacionales, en lugar de esconderse detrás de barreras que solo dan una ilusión de seguridad.

La manta que cubre en la primera noche de frío puede volverse un sudario si se usa para ocultar la falta de políticas serias. Colombia necesita estrategias comerciales e industriales que entiendan la realidad de su economía: una nación mediana, abierta, que depende de la confianza de los mercados internacionales y de la capacidad de sus empresarios para innovar y competir. Insistir en los aranceles como respuesta primaria es hipotecar la competitividad futura a cambio de un alivio efímero. Y un país que apuesta su futuro a soluciones efímeras corre el riesgo de condenarse al rezago permanente.