El mercado nacería otra vez: el precio como brújula y la tragedia del cálculo ausente

Si volviéramos a la época de las cavernas no habría que esperar una orden, un decreto o una lección magistral para que los humanos volvieran a intercambiar entre sí. La necesidad obliga, la experiencia enseña y la reciprocidad surge como instrumento de supervivencia. Alguien trae más carne, otro domina mejor la cerámica, y pronto se aprende que conviene intercambiar; así aparece la primera noción de valor, por simple comparación. De ese intercambio rudimentario nace la intuición del dinero: un medio aceptado por todos para salvar la ineficiencia del trueque. Pero lo que verdaderamente transforma esa escena en civilización económica no es el metal o la concha, sino la aparición de precios: señales agregadas, condensadas en un número, que traducen preferencias dispersas, restricciones físicas y oportunidades cambiantes en información utilizable por cualquier productor o consumidor.

Cuando hablamos del “problema del cálculo” no estamos entrando en un tecnicismo académico innecesario; estamos discutiendo la posibilidad real de decidir racionalmente sobre inversiones, producción y consumo. Ludwig von Mises lo enunció con brutal claridad: sin propiedad privada de los medios de producción y sin mercados libres donde se formen precios de factores, la economía pierde las unidades de medida que permiten comparar alternativas y asignar recursos eficientemente. Un funcionario puede decretar toneladas de acero o hectáreas de caña, pero no puede reproducir la complejidad y rapidez de millones de decisiones descentralizadas que se expresan en los precios. El cálculo económico —esto es, la posibilidad de contrastar costos esperados con ingresos esperados para decidir qué proyectos emprender— exige precios reales, no números puestos por decreto.

Hayek complementó esa idea con otra lección que hoy debería ser obvia: el conocimiento relevante para la acción económica es disperso, local y, en muchos casos, tácito. Nadie —por bien intencionado que sea— puede reunir en un solo despacho la información que poseen millones de productores, consumidores y trabajadores: cuánto cuesta un repuesto en Tunja, qué faltará tras una mala siembra en la región Caribe, qué tecnología está emergiendo en el software en Medellín. Los precios agregan esa información y la canalizan; los intentos de sustituir ese proceso por planificación central incurren en la arrogancia de creer que se puede diseñar todo desde arriba sin las señales que los precios aportan. Donde se pierde el precio genuino, se pierde la coordinación.

La historia ofrece ejemplos contundentes. El modelo soviético, con todas sus variaciones, probó que la ausencia de precios de mercado para los medios de producción y la imposición de planes conducen a escaseces crónicas, sobreproducción de bienes inútiles y distorsiones masivas. Las colas, la rapiña de recursos y un mercado negro creciente fueron síntomas de un sistema que no podía traducir preferencias y costos en señales fiables. Lo mismo ocurrió en Cuba, donde se ordenó sembrar caña de azúcar a gran escala mientras la población padecía escasez de alimentos básicos. Esas fallas no fueron accidentes, sino consecuencias lógicas de intentar sustituir un mecanismo descentralizado de descubrimiento por órdenes centralizadas.

Si trasladamos la discusión al presente colombiano, la conversación debe volverse pragmática. Nuestro país cerró 2024 con reducciones modestas en los índices de pobreza monetaria y multidimensional, según los reportes oficiales, pero al mismo tiempo la economía creció a un ritmo bajo y la inversión privada mostró signos de estancamiento. La tensión es evidente: sin incentivos claros para producir, invertir y arriesgar, la base que sostiene los programas sociales se erosiona. Redistribuir sin cuidar la producción equivale a repartir sobre un terreno que se encoge. Colombia ha vivido ya momentos de controles de precios que, con la intención de proteger al consumidor, terminaron provocando desabastecimiento en las tiendas de barrio. Del mismo modo, cada vez que se anuncian impuestos extraordinarios a los empresarios bajo la bandera de la justicia social, se genera incertidumbre que desincentiva la inversión productiva.

La redistribución masiva y forzada puede sonar atractiva en el discurso, pero en la práctica reduce los incentivos a innovar y crear riqueza. Si el fruto de mi esfuerzo no me pertenece, si será tomado y repartido por un burócrata, mi motivación para arriesgar e invertir se desploma. El resultado es una sociedad donde todos esperan recibir, pero pocos quieren producir. Esa paradoja explica por qué las economías planificadas terminan empobrecidas y dependientes de racionamientos. En cambio, allí donde se respeta la propiedad, el cálculo económico y el precio, florece la productividad.

No se trata de idealizar el mercado como si fuera infalible. Los mercados fallan, generan desigualdades y externalidades que deben ser corregidas. Pero la respuesta a esos problemas no es suprimir la formación de precios ni la propiedad privada; es crear instituciones que corrijan esas fallas sin destruir la base que hace posible la prosperidad. Infraestructura para reducir costos logísticos, educación de calidad para aumentar la productividad, seguridad jurídica para proteger contratos: esas son las políticas que refuerzan la capacidad del precio para transmitir información fiable y permiten que la cooperación social a gran escala funcione.

En un hogar colombiano la lógica es sencilla. Cuando un comerciante sabe que los impuestos serán razonables, la energía predecible y las reglas estables, planifica, invierte y contrata. Pero si teme cambios arbitrarios, controles de precios o reformas improvisadas, lo racional es dejar de invertir o migrar a la informalidad. El cálculo económico funciona en pequeña y gran escala, en la tienda de barrio y en la multinacional, y siempre se basa en precios que reflejan realidad, no en cifras inventadas por decreto.

La lección de fondo es que, si regresáramos a las cavernas, el mercado volvería a nacer porque es una respuesta natural a la condición humana. El socialismo, en cambio, fracasa una y otra vez porque suprime el lenguaje mismo de la economía: el precio. Y en Colombia, en pleno siglo XXI, esa reflexión debería ser advertencia y guía. El reto no es destruir la brújula del mercado con controles y discursos, sino aprovecharla para diseñar políticas que, sin ahogar la iniciativa privada, logren que la prosperidad alcance a más personas. En la medida en que olvidemos esta premisa, corremos el riesgo de repetir la tragedia del cálculo ausente: sociedades que quisieron ser justas, pero que terminaron empobrecidas y dependientes de la dádiva estatal.