La democracia en tiempos de narrativas: cuando la verdad pierde su turno

En la plaza pública de las ideas, la verdad ya no siempre habla más alto: compite con ella relatos simples, imágenes preparadas y certezas que suenan bien. En Colombia esa competencia tiene un culpable cómodo y un síntoma peligroso: la política narrativa que prescinde de la precisión y celebra la emoción. No se trata únicamente de señalar a un líder —que siempre podrá esgrimir la falacia del “ataque político”— sino de entender el daño estructural que provoca normalizar la inexactitud en voz alta. Cuando quien gobierna construye su autoridad sobre cifras estiradas o verdades a medias, el precio lo pagan las instituciones, el debate público y, en último término, los ciudadanos que necesitan datos fiables para decidir.

No hablo de errores ocasionales. Equipos de verificación independientes han documentado patrones repetidos en discursos oficiales: un conjunto de afirmaciones verdaderas, otras ambiguas y algunas que, tras contrastarlas con fuentes primarias, resultan falsas o manipuladas. En uno de los chequeos más recientes sobre un balance presidencial ante el Congreso, se registraron afirmaciones “cuestionables” y otras directamente falsas, junto a varios casos de uso amañado de datos para favorecer una narrativa triunfalista. Esto no es anecdótico: es evidencia de que no siempre se respeta el principio elemental de la rendición de cuentas, que consiste en decir las cosas como son, no como conviene presentarlas.

Las consecuencias de esa práctica son concretas. Cuando un presidente atribuye a un solo factor la mejora económica, por ejemplo, es necesario comprobar si esa atribución resiste el escrutinio técnico. En uno de sus discursos más recientes se afirmó que el aumento real del salario mínimo fue la palanca principal del repunte económico. Sin embargo, análisis independientes apuntan a que la reducción de las tasas de interés, la caída de la inflación y el aumento del gasto público tuvieron un peso mayor. Presentar una explicación parcial como si fuera la única verdad no solo distorsiona la política pública, porque conduce a soluciones mal calibradas, sino que empobrece la deliberación democrática: la ciudadanía merece saber la complejidad detrás de los números, no explicaciones simplistas que suenan bien en un mitin.

No es menor, además, la distancia entre la retórica y los indicadores reales de bienestar. El dato del mercado laboral es ilustrativo. La tasa de desempleo ha mostrado una reducción en comparación con el año anterior, una señal favorable para muchos hogares. Pero mejorar una cifra agregada no es lo mismo que resolver la precariedad ni implica automáticamente que la percepción social sobre la calidad de vida vaya en el mismo sentido. Cuando el discurso oficial presume logros sin matices —sin explicar quiénes se benefician, qué sectores siguen en crisis o qué tipo de empleo se crea— la distancia entre datos y experiencia cotidiana se expande, y ahí nace la semilla de la desconfianza.

La inflación ofrece otra lección. Aunque en algunos meses se registró una desaceleración, recientemente volvió a repuntar, afectando de forma directa el costo de la canasta básica. Explicar la inflación con slogans o señalar triunfos económicos sin reconocer el impacto que los precios tienen en los hogares es minimizar el malestar real de la gente. Cuando las palabras del poder no reconocen la experiencia material de los ciudadanos —el mercado, el transporte, la educación, la salud— la política se vuelve una afirmación performativa desconectada de la vida diaria.

Más inquietante aún es la técnica retórica utilizada: presentar el dato sin contexto, omitir periodos comparativos relevantes, seleccionar gráficas caprichosamente o atribuir logros colectivos a acciones individuales. En algunos discursos, las cifras sobre salud pública, educación o seguridad han sido presentadas de manera que impide una lectura completa: se destacan partes convenientes y se omiten elementos de contexto que cambiarían la interpretación. Esa práctica no es inocente; es una forma sofisticada de comunicar verdades a medias, enseñando solo el trozo que encaja con la historia que se quiere vender.

Hay una razón social por la que estas estrategias funcionan: vivimos una era de fatiga informativa y polarización. Muchos ciudadanos consumen política a través de recortes de video, titulares y frases compartidas en redes que confirman lo que ya piensan. En ese terreno, la narrativa emotiva —que promete enemigos claros, soluciones simples y culpables identificables— vence a los matices técnicos. Eso explica por qué, aunque la evidencia contradiga una afirmación presidencial, la persistencia de la narrativa mantiene adhesiones: no es que la gente sea irracional, sino que la información disponible y la forma en que se comunica la política empuja hacia atajos cognitivos. Combatir esto es una responsabilidad colectiva: medios, universidades, verificadores y sociedad civil deben insistir en la cultura del dato y en la exigencia de coherencia entre promesas y acciones.

Exigir verdad no es antipolítica; es la condición mínima para la política con mayúscula. Cuando se demanda transparencia en las cifras públicas, rendición de cuentas clara y acceso a las fuentes, se fortalece la deliberación. Cuando se auditan las promesas de campaña y las políticas implementadas se comparan con indicadores verificables, la discusión pública gana seriedad y la ciudadanía puede decidir con información, no con pura emoción.

La democracia necesita ciudadanos que no se conformen con consignas, pero también necesita instituciones que devuelvan la confianza mediante prácticas rigurosas. Si queremos que la política deje de ser espectáculo y vuelva a ser instrumento de mejora material, debemos reclamar tres cosas al unísono: pluralidad informativa, alfabetización numérica y transparencia institucional. No es un proyecto pequeño, pero sí urgente. Porque en la batalla entre relato y veracidad, la única victoria duradera es la que se consigue cuando el relato se somete a la prueba de los hechos.