La falsa virtud de la experiencia

La Universidad del Atlántico vuelve a ser el reflejo más claro de una enfermedad que carcome no solo a la educación superior sino a las instituciones públicas del país: la idea de que la “experiencia” es sinónimo de capacidad moral, técnica y liderazgo. Detrás de esa palabra, convertida en fetiche burocrático, se oculta la coartada perfecta de los mismos grupos que han gobernado los espacios académicos y administrativos por décadas. En la reciente elección de Leyton Barrios como rector, más que una discusión sobre méritos o visión institucional, se evidenció la pugna entre dos fuerzas: una que defiende el statu quo amparada en la retórica de la trayectoria, y otra que reclama un nuevo comienzo basado en valores, ética y vocación de servicio.

El relato de la experiencia se ha transformado en un argumento de poder. En teoría, se valora por el conocimiento acumulado y la madurez que otorga el tiempo; en la práctica, se usa como una barrera invisible para excluir a quienes no forman parte de los círculos políticos o familiares que dominan las universidades públicas. Así, la experiencia deja de ser una virtud y se convierte en una herramienta de control. Cuando un candidato con larga hoja de vida se presenta como el “más preparado”, lo que suele esconder es una red de alianzas, favores, cargos ocupados y compromisos adquiridos. Esa experiencia, que debería servir para orientar a la institución hacia la excelencia, termina legitimando la repetición de los mismos errores y la reproducción del clientelismo académico.

El problema no es que la experiencia sea mala, sino que en Colombia se ha vaciado de contenido. Tener experiencia ya no significa haber demostrado resultados ni haber actuado con integridad. Significa haber ocupado cargos. El país está lleno de ejemplos: políticos que han hecho de su carrera una secuencia de nombramientos, asesores y contratos sin haber dejado un solo legado tangible. En las universidades públicas, ese patrón se repite con precisión quirúrgica: decanos que se convierten en rectores, rectores que regresan a ser decanos, docentes que alternan entre lo académico y lo administrativo mientras las instituciones se hunden en burocracia, desactualización y desconfianza social.

Basta mirar la reacción que desató la elección en la Universidad del Atlántico: protestas, paros, bloqueos y descontento generalizado entre estudiantes y docentes. Lo que se disputa no es solo un nombre, sino un modelo de poder. El Consejo Superior, compuesto en buena parte por actores políticos o designados por ellos, reitera un mensaje peligroso: la universidad es un botín que se administra según cuotas, no un espacio de pensamiento libre ni de mérito. Según datos del Ministerio de Educación (2024), el 63 % de las universidades públicas del país presentan conflictos derivados de disputas políticas en la elección de sus directivos. Esa cifra revela que la politización de la academia es una constante, no una excepción.

Pero lo más grave es que esta disputa está lejos de mejorar la calidad de la educación o de garantizar la no interrupción de las clases. Por el contrario, cada nuevo conflicto interno debilita el propósito educativo, interrumpe procesos académicos, desmotiva a los estudiantes y aleja de la Universidad a aquellos jóvenes que alguna vez la vieron como un modelo de formación superior en Colombia. Cada paro, cada bloqueo y cada enfrentamiento político deteriora la confianza social en la institución, y convierte lo que debería ser un espacio de conocimiento en un campo de batalla ideológica. Mientras la Universidad siga siendo el escenario de pugnas entre grupos políticos y económicos, su fin no será la educación sino la repartición del poder a través de la politiquería.

Esta fractura entre la política universitaria y la misión académica tiene un costo invisible pero profundo: erosiona el valor simbólico de la educación pública. Los jóvenes que deberían estar pensando en proyectos de investigación o emprendimiento terminan atrapados en asambleas interminables, defensas ideológicas y protestas que, aunque legítimas en su origen, son producto de una crisis estructural que se repite cada cuatro años. El mensaje es devastador: estudiar en una universidad pública no es garantía de estabilidad ni de progreso, sino un acto de resistencia frente a las redes del poder que se la disputan.

Pero esta no es una anomalía colombiana. En distintos países, la confrontación entre la “vieja política” y la irrupción de líderes sin experiencia ha redefinido el debate sobre legitimidad y renovación. Ronald Reagan, antes de llegar a la presidencia de Estados Unidos, fue criticado por su falta de experiencia política y su pasado como actor. Sin embargo, su gobierno logró recuperar la confianza del electorado conservador tras el desencanto del Estado grande y la inflación de los años setenta. Nayib Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina representan, con todas sus diferencias ideológicas, la misma reacción: el rechazo al sistema tradicional que se protege con el argumento de la experiencia. La gente ya no confía en quienes han estado “toda la vida” en el poder; prefiere arriesgarse con quien no parece estar contaminado por los vicios del pasado.

En el ámbito universitario, ese fenómeno es más urgente aún. Las universidades públicas deberían ser laboratorios de pensamiento crítico, pero se han convertido en miniaturas del sistema político nacional: feudos, redes clientelares, órganos cooptados y procesos viciados. En ese contexto, exigir “experiencia” como condición principal para dirigir una institución es perpetuar el círculo. Los jóvenes académicos o profesionales que podrían aportar innovación quedan marginados por no tener los años suficientes de burocracia. Paradójicamente, los mismos que defienden la meritocracia académica son quienes más la traicionan en la práctica, exigiendo “trayectoria” como sinónimo de fidelidad al poder.

En sociedades que aspiran a transformarse, lo que debería valorarse no es cuántos cargos ha ocupado una persona, sino cuánta honestidad, coherencia y liderazgo moral ha demostrado. La gestión pública universitaria requiere menos experiencia acumulada y más convicción ética. En la Universidad del Atlántico, como en tantas otras, lo que la comunidad reclama no es un rector con décadas de carrera política, sino uno con capacidad para escuchar, construir y rendir cuentas. La academia no se rescata desde los títulos ni los años de servicio, sino desde la voluntad de romper con los esquemas que han degradado su esencia.

La crisis actual de la Universidad del Atlántico no se resolverá reemplazando un nombre por otro. Se resolverá cuando la comunidad universitaria entienda que la palabra “experiencia” debe ser revisada críticamente. No se trata de despreciar la trayectoria, sino de distinguir entre la experiencia que construye y la que corrompe. Cuando los cargos se convierten en escudos para mantener privilegios, la experiencia deja de ser una virtud y se vuelve una trampa.

En el fondo, el caso de la Universidad del Atlántico es una radiografía de lo que ocurre en el Estado colombiano: un país donde los puestos se heredan, las instituciones se colonizan y la palabra “mérito” se pronuncia solo cuando conviene. Mientras sigamos confundiendo antigüedad con capacidad, seguiremos atrapados en el mismo ciclo: los mismos de siempre gobernando sobre los mismos problemas de siempre. Y la educación pública, que debería ser la semilla de la renovación moral y social, seguirá administrada por quienes confunden experiencia con derecho perpetuo al poder.

La verdadera experiencia que Colombia necesita no es la de los burócratas con pasado, sino la de los ciudadanos con futuro.