Petro en la Lista: crisis de soberanía y política exterior

Ha ocurrido algo que trasciende la política cotidiana y nos obliga a mirar de frente la relación entre soberanía, justicia y poder en el mundo contemporáneo. La reciente inclusión del presidente Gustavo Petro, su familia y parte de su círculo cercano en la llamada “Lista Clinton” —una medida de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos— no es un hecho menor. Es, en esencia, una declaración internacional sobre el estado del gobierno colombiano y sobre la confianza que el sistema financiero global deposita en su conducción. No se trata simplemente de un titular o de un episodio diplomático, sino de un evento que puede alterar la arquitectura económica y política del país.

Esa lista, creada en 1995 y formalmente conocida como la “Specially Designated Nationals and Blocked Persons List”, surgió para combatir el lavado de activos y el narcotráfico en América Latina, pero a lo largo de las décadas se ha convertido en una herramienta geopolítica de enorme poder. Quien es incluido en ella queda aislado del sistema financiero internacional: sus activos bajo jurisdicción estadounidense son congelados, las empresas y ciudadanos de ese país no pueden realizar transacciones con los sancionados, y los bancos de todo el mundo, por temor a sanciones secundarias, suelen evitar cualquier relación comercial. Dicho en términos simples, estar en la Lista Clinton equivale a una muerte económica y reputacional dentro del orden global dominado por el dólar.

Lo grave no es solo el gesto, sino lo que sugiere. Estados Unidos no requiere una condena judicial para imponer una sanción de esta naturaleza; basta con un informe de inteligencia, una investigación administrativa o una decisión política respaldada por agencias del Tesoro, la DEA o el Departamento de Estado. Esto significa que la inclusión de Petro y su entorno no es el resultado de un proceso judicial, sino de una decisión de política exterior sustentada en lo que Washington considera “evidencia suficiente”. En ese punto se abre una grieta peligrosa: mientras el gobierno colombiano habla de soberanía, el sistema financiero internacional reacciona con desconfianza, y esa desconfianza tiene efectos inmediatos en los mercados, la inversión y la cooperación.

Los bancos colombianos y las entidades internacionales comienzan a activar filtros de riesgo. La reputación del país, ya golpeada por el aumento de la producción de cocaína y por las tensiones con los Estados Unidos en materia de seguridad, se resiente aún más. Las cooperaciones internacionales en seguridad, defensa, medio ambiente y desarrollo pueden entrar en revisión. En las bolsas, la percepción de riesgo país puede aumentar; y en la diplomacia, Colombia pierde margen de maniobra frente a actores que la observan ahora como un Estado en crisis de credibilidad.

La medida se justifica, según el gobierno estadounidense, en la creciente permisividad frente a los cultivos ilícitos y en la estrategia de “paz total” que ha permitido la expansión territorial de grupos criminales. Las cifras de Naciones Unidas respaldan parcialmente esa narrativa: el Informe Mundial sobre las Drogas de 2024 registró un aumento sostenido de los cultivos de coca en Colombia, superando las 230.000 hectáreas. El país, nuevamente, produce más del 60% de la cocaína del mundo. Para Washington, el problema no es solo de narcotráfico, sino de gobernanza: un Estado que negocia con criminales sin resultados concretos y que, desde su discurso, cuestiona el modelo de cooperación antidrogas que durante décadas fue la columna vertebral de la relación bilateral.

Pero la pregunta de fondo es otra: ¿hasta qué punto puede una potencia extranjera sancionar al presidente de un país sin romper los límites de la soberanía nacional? El derecho internacional reconoce la inmunidad de los jefes de Estado, pero la política internacional suele moverse con lógica propia. Que Estados Unidos haya decidido actuar directamente contra un mandatario en ejercicio es un acto de excepcionalidad, una señal de que su diplomacia está dispuesta a usar mecanismos financieros como sustituto del poder militar o judicial. No se trata de invadir ni de intervenir físicamente, sino de asfixiar reputacional y económicamente, una estrategia que ya se ha aplicado con líderes de Venezuela, Nicaragua o Rusia.

En Colombia, la reacción es previsible: la oposición interpreta la sanción como confirmación de sus críticas y exige explicaciones; el oficialismo la presenta como una maniobra imperialista para desestabilizar un gobierno que no se subordina a Washington. Ambos discursos son comprensibles, pero igualmente peligrosos. La verdad puede estar en un punto intermedio: Estados Unidos reacciona a una pérdida de confianza institucional y a una política antidrogas errática, mientras el gobierno colombiano enfrenta la peor crisis de legitimidad internacional de los últimos treinta años.

El impacto doméstico no se reduce al plano político. Los empresarios temen por los efectos en la inversión extranjera directa, las calificadoras de riesgo evalúan la situación, y los municipios que dependen de la cooperación internacional ven peligrar proyectos de desarrollo. En los barrios, la noticia se traduce en una sensación de vergüenza y desorientación: la gente común se pregunta cómo un país que hace pocos años era ejemplo de estabilidad democrática puede ahora estar bajo sospecha de su principal aliado.

Resulta fundamental recordar que estar en la Lista Clinton no equivale a ser culpable penalmente, pero sí implica una condena moral y económica anticipada. Si las acusaciones resultan infundadas, el daño ya está hecho; si son ciertas, la legitimidad del gobierno se desmorona. En ambos casos, la consecuencia es la misma: Colombia queda atrapada en una espiral de desconfianza que compromete su futuro económico y político.

Pensar que Petro podría ser extraditado al término de su mandato es, por ahora, una hipótesis lejana. No existen cargos penales en firme ni una acusación judicial formal por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, la historia enseña que los procesos de sanción pueden evolucionar: lo que empieza como una medida administrativa puede derivar en investigaciones judiciales si surgen pruebas adicionales. La extradición de un expresidente requeriría una acusación penal, una solicitud formal y la voluntad política de ambos gobiernos. Hoy no existe tal escenario, pero tampoco puede descartarse si la situación se deteriora.

Desde un punto de vista moral y político, la decisión de Estados Unidos de actuar contra personas y no contra el Estado colombiano es una forma de castigo selectivo que evita dañar a la población, pero no deja de ser una señal contundente: la confianza internacional en la institucionalidad colombiana está resquebrajada. Esa fractura no se resuelve con discursos ideológicos, sino con hechos. Se resuelve con transparencia, con rendición de cuentas y con la restauración de una relación basada en la confianza y no en la confrontación.

Colombia enfrenta una de las coyunturas más complejas de su historia reciente. No se trata solo de un conflicto entre gobiernos, sino de un desafío a la integridad institucional del país. Si el gobierno reacciona con victimismo y nacionalismo vacío, la crisis se agravará. Si, por el contrario, enfrenta las acusaciones con seriedad, transparencia y respeto por la justicia, la historia podría recordarlo como un punto de inflexión para fortalecer la democracia.

El verdadero peligro no es la sanción, sino la reacción política que puede destruir los pocos consensos que aún sostienen a la nación. La política exterior no puede convertirse en campo de batalla ideológica. En momentos como este, el deber patriótico consiste en defender la soberanía, pero también en garantizar la verdad. No basta con culpar a los Estados Unidos ni con defender a ciegas a un gobierno cuestionado. Colombia necesita madurez política, instituciones sólidas y una ciudadanía consciente de que la independencia no se proclama, se construye.