Propiedad o servidumbre

En Colombia, la propiedad privada atraviesa un asedio silencioso, disfrazado de justicia social, progreso o seguridad. No es un ataque frontal, sino una erosión constante que avanza con la legitimidad de los decretos, el lenguaje de la equidad y la retórica del bien común. En medio de un país donde el Estado ha crecido desmesuradamente, donde la burocracia decide quién puede construir, vender o producir, y donde los tribunales justifican expropiaciones bajo el argumento de la utilidad pública, la propiedad —que debería ser el baluarte de la libertad— se ha convertido en una concesión temporal. Lo que fue concebido como un derecho inviolable, hoy pende de la discrecionalidad de los funcionarios que interpretan la ley según el clima político del momento.

El ciudadano colombiano promedio vive rodeado de advertencias sobre lo que puede o no hacer con lo suyo. Los permisos de uso del suelo, las licencias ambientales, las cargas impositivas y las inspecciones administrativas han convertido el acto de emprender o poseer en una carrera de obstáculos. No se trata de negar la necesidad de regulaciones, sino de reconocer que el exceso regulatorio ha transformado el derecho de propiedad en una ficción condicionada. En Bogotá, por ejemplo, miles de pequeños comerciantes han debido cerrar sus negocios ante la imposibilidad de cumplir con todos los requisitos urbanísticos o sanitarios exigidos por la administración distrital. El resultado no es un avance en la formalización, sino la ruina de quienes intentaron salir adelante. Lo que se castiga no es la ilegalidad, sino la autonomía.

La propiedad, como bien advertía John Locke, es el fundamento sobre el cual se levanta la libertad civil: quien no posee, no decide. Pero en Colombia, el discurso político dominante ha invertido esta lógica, asociando la propiedad con el privilegio y la redistribución forzada con la justicia. Así, mientras el presidente Gustavo Petro insiste en que “la tierra debe cumplir una función social” y promueve expropiaciones indirectas a través de la figura de la compra obligatoria, el mensaje implícito es que el Estado tiene un derecho superior sobre lo que pertenece al individuo. Ese mismo razonamiento ha llevado a la Corte Constitucional a legitimar mecanismos de extinción de dominio incluso sin condena judicial, ampliando el margen de discrecionalidad del poder público. Bajo la apariencia de combatir la corrupción o el narcotráfico, se ha institucionalizado una forma moderna de confiscación preventiva, donde el ciudadano debe demostrar su inocencia para no perder lo suyo.

Esta lógica no es nueva ni exclusiva de Colombia. En Estados Unidos, la expansión del “civil asset forfeiture” —la confiscación civil de bienes sospechosos de estar vinculados con delitos— ha sido duramente criticada por juristas de distintas corrientes ideológicas. Casos documentados por el Institute for Justice muestran cómo policías han incautado millones de dólares en propiedades y efectivo sin que sus dueños fueran acusados de crimen alguno. Ese mismo patrón de abuso, replicado con variantes en América Latina, revela el peligro de permitir que el Estado se convierta en juez y parte en los conflictos sobre la propiedad. La diferencia es que, en países con instituciones más frágiles, como Colombia, ese poder se ejerce con menor control y mayor discreción política.

Cuando los tribunales fallan con criterios políticos y los burócratas administran la ley según su conveniencia, la propiedad deja de ser un derecho y se convierte en un permiso. Y un permiso puede ser revocado. El ejemplo más claro es el de las reformas agrarias, que desde los años setenta se han anunciado como herramientas de equidad, pero han terminado siendo instrumentos de control. La concentración de la tierra es un problema real, pero la respuesta no puede ser la expropiación arbitraria. En los últimos años, el debate sobre la propiedad rural se ha contaminado de ideología: se celebra el despojo del que “tiene mucho” sin preguntarse si el mecanismo que se usa para quitarle hoy a unos, no será usado mañana para quitarle a todos.

Mientras tanto, en las ciudades, la burocracia se convierte en el verdugo invisible de la propiedad. Las normativas urbanas, ambientales y tributarias se superponen hasta el punto de hacer inviable la iniciativa privada. En Medellín, los retrasos en los trámites de licencias de construcción o las restricciones para el uso del suelo han paralizado proyectos productivos y encarecido el acceso a la vivienda. El ciudadano, atrapado entre ventanillas, se rinde ante un sistema que lo castiga por intentar ser independiente. Lo que se presenta como orden y planeación termina siendo control y dependencia.

Y es que la erosión de la propiedad no se da únicamente por la vía legal, sino también por la cultural. En un país donde el discurso público ha romantizado la idea de que lo privado es egoísta y lo estatal es solidario, la defensa de la propiedad suena sospechosa. Pero ningún modelo de sociedad puede sostenerse sobre la negación del esfuerzo individual. El Estado no puede distribuir lo que los ciudadanos no producen, y los ciudadanos no producirán si saben que el fruto de su trabajo puede ser arrebatado en nombre de la justicia o del progreso. Es una lección económica y moral que la historia ha demostrado una y otra vez, desde la Unión Soviética hasta Venezuela: cuando la propiedad muere, la libertad no tarda en seguirla.

Colombia, en su aparente búsqueda de equidad, está jugando con fuego. Cada vez que un juez justifica la expropiación con base en criterios políticos, cada vez que un funcionario confisca sin sentencia, cada vez que una norma impide producir sin permiso, el país se aleja un poco más de la libertad. El respeto a la propiedad privada no es una defensa del privilegio, sino una defensa de la dignidad. Es el límite que impide que el poder público se convierta en dueño de todo, incluyendo de las conciencias. Porque un pueblo que no puede proteger lo suyo, no puede tampoco proteger su palabra ni su pensamiento.

La propiedad es el primer territorio de la libertad. Es el espacio donde el individuo ejerce su voluntad sin pedir permiso, donde su esfuerzo tiene sentido y donde puede proyectar su futuro. Destruirla en nombre del bien común es condenar a la sociedad a la servidumbre. Si Colombia olvida este principio, no lo hará por ignorancia, sino por haber confundido justicia con revancha y equidad con control. Y cuando eso ocurra —si no ha ocurrido ya— descubriremos que la libertad no se pierde de golpe, sino por decreto.