El Monopolio de la Virtud

La convicción de que la bondad de las intenciones confiere inmunidad moral a los medios es una tentación recurrente en la vida pública. En Colombia, esa tentación no es un ejercicio teórico: es una práctica con consecuencias tangibles. Cuando los actores políticos, los gobiernos o los movimientos sociales asumen que “lo que se busca es justo, por tanto todo vale”, el debate público se desplaza del análisis de resultados hacia la exaltación moral de los fines. Y cuando eso ocurre, la política deja de ser un ejercicio de responsabilidad para convertirse en una cruzada moral.

El problema con esa idea —tan frecuente en el discurso progresista latinoamericano— es que transforma la autopercepción de virtud en una forma de poder. La “superioridad moral” se convierte en una licencia para la arbitrariedad: justifica la manipulación institucional, el ataque a los críticos y la descalificación de cualquier oposición. En el fondo, deja de importar si una política funciona o no; basta con que “represente el bien”. Pero las sociedades no se transforman con virtudes proclamadas, sino con resultados verificables.

En Colombia, el discurso político actual está impregnado de esa lógica. La administración de Gustavo Petro, por ejemplo, ha insistido en que su propósito es corregir siglos de desigualdad, y sin duda esa intención es legítima. Sin embargo, cuando esa narrativa se usa para desestimar cuestionamientos técnicos o advertencias económicas, el resultado puede ser contraproducente. Las reformas laboral, pensional y de salud —presentadas como actos de justicia social— han enfrentado resistencias no solo por motivos ideológicos, sino por dudas sobre su viabilidad fiscal y su impacto en el empleo. Según el DANE, la tasa de desempleo en agosto de 2025 fue del 10,2 %, y la informalidad sigue superando el 55 %. Ninguna de esas cifras se corrige con retórica moral; se corrige con políticas bien diseñadas, evaluadas y sostenibles.

El argumento de que “las buenas intenciones justifican cualquier medio” ignora una lección fundamental de la historia económica: los sistemas sociales son complejos, y las intervenciones apresuradas pueden agravar los problemas que buscan resolver. En los años ochenta, varios países latinoamericanos intentaron transformaciones redistributivas mal planeadas que terminaron en inflación, desabastecimiento y pérdida de inversión. Colombia no está exenta de ese riesgo. El Banco de la República ha advertido que la incertidumbre política y fiscal está afectando la confianza de los inversionistas, lo que se refleja en la devaluación del peso y en la ralentización del crecimiento proyectado para 2025, que el mismo gobierno redujo a 1,8 %.

Pero hay un efecto más sutil y corrosivo que la crisis económica: la erosión moral de la política. Cuando el discurso oficial o partidista divide a la sociedad entre “los buenos que luchan por el pueblo” y “los malos que lo obstaculizan”, se destruye la posibilidad de deliberación democrática. Toda crítica se convierte en traición, toda advertencia en conspiración. Ese clima ya se percibe en la manera como se gestionan los desacuerdos: los medios que cuestionan son atacados, los gremios que expresan preocupación son tildados de “enemigos del cambio”, y los organismos de control que investigan irregularidades son acusados de persecución. Así, la moral se vuelve un arma, y la transparencia una amenaza.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. En distintas latitudes —desde el chavismo en Venezuela hasta el kirchnerismo en Argentina o el sandinismo en Nicaragua— la retórica de la superioridad moral ha terminado convirtiendo causas legítimas en proyectos autoritarios. Se empieza justificando pequeñas irregularidades “por el bien del pueblo” y se termina anulando la independencia judicial, la libertad de prensa y la confianza institucional. La historia política latinoamericana es una advertencia sobre cómo las buenas intenciones, cuando no son moderadas por límites institucionales, terminan devorando su propia legitimidad.

Sin embargo, reconocer este riesgo no significa renunciar a la búsqueda de justicia social. Todo proyecto político necesita una base moral, pero también necesita modestia intelectual. La humildad metodológica —esa capacidad de escuchar al que piensa distinto y corregir cuando los resultados contradicen las expectativas— es una virtud más escasa que la pasión revolucionaria, pero mucho más útil para gobernar. En sociedades desiguales como la colombiana, el verdadero progreso no se mide por la cantidad de discursos inspiradores, sino por la eficacia de las políticas públicas para mejorar la vida de los ciudadanos sin destruir los incentivos productivos que las sostienen.

También debemos hablar del uso político de la victimización. En nombre de “representar a los excluidos”, muchos líderes se sitúan en el lugar del agraviado permanente. Todo fracaso se atribuye a la “resistencia de las élites”, toda crítica se explica como sabotaje. Esa narrativa no solo exime de responsabilidad, sino que perpetúa una visión infantil del poder: el gobernante como víctima incomprendida. Pero el poder no se mide por la pureza de las intenciones, sino por la capacidad de resolver problemas concretos. Y la justicia social no se construye desde la queja, sino desde la competencia institucional.

La historia enseña que las sociedades avanzan cuando sus dirigentes son capaces de equilibrar moral y técnica, convicción y evidencia, ideología y pragmatismo. El moralismo político, en cambio, sustituye la política por la teología: divide el país en creyentes y herejes, y convierte la gestión pública en cruzada. La democracia liberal, con todas sus imperfecciones, nació precisamente para evitar eso: para que nadie se arrogue el monopolio de la virtud.

Colombia necesita menos prédica y más resultados; menos épica y más gestión. No es la pureza de las intenciones lo que garantiza el bienestar, sino la calidad de las decisiones. La verdadera superioridad moral no consiste en creerse dueño de la verdad, sino en aceptar el error, corregir a tiempo y rendir cuentas. Porque al final, el mayor peligro de la virtud política no es su ausencia, sino su exceso.