El Estado contra el empleo

Colombia atraviesa una paradoja que pocos reconocen con franqueza: mientras el gobierno proclama su compromiso con el empleo, sus políticas lo están destruyendo desde adentro. La obsesión estatal por intervenir, controlar y “proteger” el mercado laboral ha terminado asfixiando la capacidad de las empresas para generar trabajo formal. En nombre de la justicia social y la dignidad del trabajador, el Estado ha creado un entramado de regulaciones, costos y rigideces que hacen casi imposible contratar o despedir sin temor a la ruina. Y aunque el discurso oficial sostiene que se trata de garantizar derechos, la realidad económica demuestra que esas intervenciones han convertido al empleo formal en un lujo cada vez más inaccesible.

La raíz del problema está en la concepción ideológica que guía al actual gobierno y a buena parte de la clase política. Desde el Palacio de Nariño se habla de “democratizar la economía”, de “equilibrar las fuerzas del trabajo y del capital”, y de “fortalecer los derechos laborales”. Pero detrás de ese lenguaje progresista se esconde un proyecto de control: la idea de que el Estado debe dirigir el mercado, intervenir las decisiones empresariales y sustituir la libertad económica por una planificación moralmente justificada. En la práctica, esta visión se traduce en políticas que castigan la inversión privada, desalientan la formalización y erosionan la confianza de los emprendedores.

El ejemplo más visible es la negociación anual del salario mínimo. Cada diciembre, el gobierno se sienta a “concertar” con los sindicatos y los gremios empresariales, pero todos saben que el resultado ya está decidido: un aumento por encima de la inflación, justificado en la necesidad de “mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores”. Para 2025, el incremento fue del 9.54 %, muy por encima del crecimiento de la productividad, que apenas rozó el 3 %. Ese desfase no es menor. Un salario mínimo que crece más rápido que la productividad no genera riqueza, sino costos artificiales. Las pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 90 % del tejido productivo nacional, no pueden absorber esos aumentos sin reducir personal o trasladar el costo al consumidor. El resultado es predecible: más desempleo o más informalidad.

La inflación laboral inducida por el Estado tiene efectos más profundos de lo que se reconoce en el discurso político. Aumentar el salario mínimo puede sonar justo, pero cuando ese incremento no proviene de una mejora real en la productividad, se convierte en un golpe al mercado formal. Muchos empleadores, incapaces de asumir la nueva carga, prefieren no contratar, o hacerlo por fuera de la ley. El gobierno, en lugar de fomentar la competencia y la eficiencia, opta por imponer aumentos que solo son sostenibles en el papel. Es la economía moral sustituyendo a la economía real.

A esta distorsión se suma la creciente influencia de los sindicatos en las decisiones públicas. El Estado ha convertido a las organizaciones sindicales en aliados políticos, concediéndoles un poder que ya no se limita a la defensa de los trabajadores, sino que se extiende a la coadministración del aparato estatal. El sindicalismo, en su origen, fue una fuerza legítima de equilibrio; hoy se ha transformado en un actor político que presiona al gobierno para aprobar normas laborales más restrictivas, subsidios más amplios y una legislación que subordina la lógica empresarial a la lógica de la protesta. En ese contexto, la libre empresa deja de ser un motor de desarrollo para convertirse en sospechosa de explotación.

La nueva regulación laboral que el gobierno impulsa —inspirada en modelos europeos pero aplicada sobre una economía frágil y altamente informal— refuerza esta tendencia. La propuesta incluye mayores indemnizaciones por despido, mayor rigidez en los contratos temporales y mayores cargas para las empresas que contraten por horas o servicios. La retórica oficial dice que busca “empleo digno y estable”, pero en realidad está empujando a los empresarios a no contratar. Una economía en la que despedir es tan costoso como contratar, es una economía que no crece. El miedo al riesgo laboral paraliza la inversión.

Basta observar los datos. Según el DANE, aunque la tasa de desempleo ha bajado ligeramente, el 56 % de los trabajadores sigue en la informalidad. Esto significa que más de la mitad de los colombianos trabaja sin contrato, sin prestaciones y sin seguridad social. ¿Cómo puede explicarse semejante contradicción en un país que se vanagloria de su política laboral progresista? La respuesta es simple: el exceso de regulación y los altos costos de la formalidad expulsan a los trabajadores hacia la informalidad. El Estado crea leyes para “proteger” al trabajador, pero termina dejándolo fuera del sistema.

En el fondo, lo que está ocurriendo en Colombia no es una política laboral, sino una política de control. El gobierno busca sustituir la autonomía de la empresa privada por la dirección estatal. En lugar de confiar en la iniciativa individual y en la competencia como fuentes de prosperidad, impone decretos, subsidios y regulaciones que tratan de corregir desde arriba los resultados del mercado. Es la vieja tentación intervencionista disfrazada de justicia social. Pero ningún país ha prosperado controlando sus empresas ni encareciendo artificialmente el trabajo. La riqueza se crea cuando se libera la producción, no cuando se castiga.

Personajes como Milton Friedman o Ludwig von Mises advirtieron que los controles salariales y las regulaciones excesivas no eliminan el desempleo, solo lo desplazan o lo ocultan. La historia reciente de América Latina lo confirma: Argentina, Venezuela y Nicaragua siguieron el mismo camino de regulación laboral y control estatal, y el resultado fue un colapso del empleo formal, una espiral de inflación y una fuga masiva de capital. Colombia, aunque todavía no ha llegado a esos extremos, parece recorrer la misma senda. La retórica del “Estado protector” puede ganar aplausos, pero sus efectos son devastadores para la economía real.

La situación del empresariado es cada vez más asfixiante. No solo enfrentan un sistema tributario complejo y una carga parafiscal alta, sino también una narrativa política que los señala como responsables de la desigualdad. Las empresas, que deberían ser aliadas naturales del desarrollo, son tratadas como enemigos a los que hay que vigilar y someter. En ese ambiente de desconfianza, el capital se retrae, las inversiones se postergan y el empleo se estanca. Cada nueva regulación que el Estado promulga en nombre del trabajador se traduce en un obstáculo más para contratarlo.

El drama es que muchos colombianos creen que el Estado puede crear empleo, cuando en realidad solo puede redistribuirlo. El verdadero empleo nace de la inversión privada, del riesgo individual y de la capacidad de producir valor. Cuando el Estado interviene para fijar salarios, imponer condiciones y controlar despidos, está saboteando las fuerzas que generan riqueza. Es un autoengaño colectivo: se aplaude al gobierno por “proteger al trabajador”, mientras se destruyen las condiciones para que exista trabajo.

Colombia necesita menos decretos y más libertad económica. Un mercado laboral flexible, con reglas claras pero no asfixiantes, atrae inversión, fomenta la productividad y genera empleo real. Mientras el Estado siga empeñado en dirigir la economía como si fuera un patrón benevolente, el empleo seguirá cayendo, la informalidad crecerá y la pobreza persistirá. La verdadera justicia social no consiste en controlar a las empresas, sino en permitirles crear. Un país no progresa castigando al que produce, sino confiando en su capacidad para generar bienestar. Y hoy, lamentablemente, el Estado colombiano parece haber olvidado esa lección elemental.