La ilusión igualitaria: el espejismo de la distribución socialista en Colombia

Colombia atraviesa una etapa de profunda confusión ideológica, en la que el discurso de la justicia social se ha transformado en una herramienta política para justificar la intervención creciente del Estado en la economía. Bajo el pretexto de proteger a los más vulnerables y garantizar una supuesta “igualdad material”, el actual gobierno ha comenzado a coquetear con viejas fórmulas socialistas de redistribución que, en lugar de reducir la pobreza, terminan anulando los incentivos para crear riqueza. La historia ya ha demostrado —una y otra vez— que los sistemas que buscan controlar la producción y la distribución de los bienes de consumo terminan generando escasez, corrupción y privilegios para quienes se encuentran cerca del poder. Sin embargo, en Colombia parece haber una peligrosa fascinación con repetir los mismos errores que hundieron a otras naciones en la pobreza estructural.

La lógica de la planificación socialista parte de una idea aparentemente noble: garantizar que todos tengan acceso a los bienes básicos sin depender de la competencia del mercado. Pero esa promesa se convierte en un espejismo cuando se enfrenta a la realidad. En una economía centralizada, el Estado se atribuye la capacidad de decidir qué se produce, cuánto se produce y a quién se entrega, lo que inevitablemente conduce a la ineficiencia. La historia económica del siglo XX está plagada de ejemplos: desde la Unión Soviética hasta la Cuba de Fidel Castro, donde el control estatal de la producción y la distribución derivó en desabastecimiento, colas interminables y un mercado negro que se convirtió en el verdadero termómetro del valor de los bienes. En estos sistemas, la igualdad prometida termina siendo reemplazada por una desigualdad más perversa: la que depende de la cercanía al poder político o la capacidad de obtener privilegios dentro de la estructura estatal.

Colombia, aunque formalmente es una economía de mercado, avanza con rapidez hacia un modelo híbrido que combina una retórica socialista con prácticas burocráticas que sofocan la productividad. El control de precios, la creación de subsidios sin respaldo productivo y la intervención en sectores estratégicos como la salud o la energía revelan una tendencia clara: sustituir la dinámica del mercado por la lógica de la planificación. Cuando el Estado asume el papel de distribuidor de la riqueza, termina debilitando la capacidad del ciudadano para generar valor por sí mismo. Y sin producción no hay nada que distribuir, solo miseria compartida.

Lo preocupante es que este modelo se disfraza de justicia. El discurso oficial insiste en que las reformas son necesarias para “democratizar la economía”, pero en realidad lo que se busca es consolidar un sistema de dependencia donde la población viva del subsidio y no del trabajo. Gustavo Petro ha hecho de la narrativa igualitarista su bandera, utilizando un lenguaje emocional que apela a la indignación social más que a la razón económica. Sin embargo, los resultados de su política intervencionista ya se reflejan en la realidad: caída en la inversión extranjera directa, desaceleración del empleo formal y aumento del déficit fiscal. Según cifras del DANE, la tasa de desempleo en las principales ciudades superó el 10% en 2025, mientras que la informalidad continúa rondando el 55%. Estos datos evidencian que, lejos de mejorar las condiciones de vida, la intervención estatal las deteriora.

Lo que muchos no comprenden es que la verdadera justicia social no se construye a partir de la redistribución forzada, sino de la generación de oportunidades. Ningún país se ha desarrollado confiscando la iniciativa privada ni subordinando el esfuerzo individual a la voluntad de un burócrata. Friedrich Hayek advertía que toda economía planificada conduce inevitablemente a la servidumbre, porque para garantizar la igualdad material es necesario suprimir la libertad. Cuando el Estado decide quién recibe qué, no solo controla los bienes, sino también las vidas. Y esa es precisamente la trampa del socialismo: ofrece igualdad a costa de la libertad, prometiendo prosperidad mientras siembra dependencia.

El caso cubano es emblemático. La famosa “libreta de abastecimiento”, creada para asegurar el acceso equitativo a los alimentos, terminó convirtiéndose en símbolo de escasez y resignación. Los cubanos reciben mensualmente una cantidad fija de productos básicos, insuficiente para cubrir sus necesidades, mientras el mercado informal se convierte en la única vía para conseguir lo que el Estado no puede ofrecer. En ese sistema, la igualdad proclamada por el socialismo se traduce en una pobreza uniformemente distribuida, donde la élite política vive en la abundancia y el pueblo en la necesidad. Este modelo, que algunos sectores políticos en Colombia parecen admirar, es un recordatorio de lo que ocurre cuando la planificación sustituye la libertad económica.

En Colombia, la distribución socialista se disfraza de programas de “equidad”. Se promete justicia fiscal, acceso universal a servicios y protección laboral, pero detrás de esas promesas se esconde una estructura de control. Los subsidios, las transferencias directas y las políticas asistencialistas generan votos, no desarrollo. Es más fácil entregar ayudas que promover empleo formal o inversión privada, porque las ayudas crean dependencia y, por tanto, lealtad política. Mientras tanto, el aparato productivo se debilita, los emprendedores enfrentan más trabas, y el país se convierte en un campo de batalla entre quienes producen y quienes viven del Estado.

La verdadera distribución justa no se logra igualando por abajo, sino permitiendo que todos puedan llegar más alto. La prosperidad no puede planificarse, se construye con trabajo, innovación y libertad. Cuando el Estado se convierte en el distribuidor universal, inevitablemente termina siendo juez y parte, premiando a unos y castigando a otros según su cercanía al poder. Ese es el riesgo que enfrenta Colombia: reemplazar la economía del mérito por la economía del favor.

En tiempos donde la retórica socialista gana terreno en el discurso público, es necesario recordar que la desigualdad no se elimina destruyendo la riqueza, sino multiplicándola. Ningún país ha salido de la pobreza confiscando la propiedad privada ni sometiendo al empresario a la sospecha constante. Las naciones que prosperan —desde Corea del Sur hasta Irlanda— lo hacen porque entienden que la libertad económica es la base de toda justicia social. Si Colombia continúa el camino del intervencionismo disfrazado de compasión, terminará atrapada en la paradoja del socialismo: un sistema que promete igualdad, pero solo reparte pobreza.

El reto para los colombianos no es exigir que el Estado les dé más, sino que les deje hacer más. Porque donde el gobierno reparte, el ciudadano obedece; pero donde el individuo produce, la sociedad progresa. La verdadera igualdad no nace del control estatal, sino del derecho a prosperar sin que el poder político decida quién merece consumir y quién no. Colombia aún está a tiempo de elegir entre dos caminos: el de la libertad creadora o el de la dependencia planificada. Pero ambos no pueden coexistir. Uno construye riqueza; el otro, solo la reparte hasta que se agota.