La Política Como Botín

 

La afirmación que sostiene este texto —que buena parte de quienes hoy aspiran a un cargo público en Colombia lo hacen motivados por la perspectiva de enriquecerse a partir del control del gasto público— no es una invectiva moral sin anclaje, sino una hipótesis que explica un conjunto de observaciones empíricas, patrones institucionales y señales de incentivo que están presentes en nuestra realidad contemporánea. No se trata de negar la existencia de gobernantes honestos ni de agentes públicos con vocación de servicio; se trata de entender por qué la política, con su promesa de acceso a recursos, contratos, nombramientos y discrecionalidad, termina siendo para muchos la mejor forma de movilidad social y económica en un país donde las alternativas legítimas de ascenso son limitadas y la rendición de cuentas es débil. Esta lectura exige mirar datos, instituciones, casos y la cultura política que entrelaza todo ello.

Para empezar por las cifras: los diagnósticos sobre impunidad y percepción de la corrupción en Colombia son contundentes. La evaluación internacional y los estudios locales coinciden en que la percepción de corrupción persiste en niveles altos. Según el índice de percepción de la corrupción 2024, divulgado por el capítulo colombiano de Transparencia Internacional, nuestro país obtuvo 39 puntos sobre 100 y se ubicó en una posición baja en la clasificación mundial, lo que refleja una sensación extendida de que las prácticas indebidas en lo público no se sancionan con rigor (Transparencia por Colombia, 2025). A ese dato hay que añadir la evidencia sobre la impunidad: análisis oficiales y académicos han mostrado mapas donde, en la agregación de denuncias registrada en sistemas judiciales, la mayor parte de las investigaciones nunca llega a una sanción efectiva; Secretario de Transparencia y otras instancias han informado de niveles de impunidad que superan el 90% en periodos y registros concretos (Secretaría de Transparencia, 2023). Es decir: la expectativa de que “si me descubren no me sancionarán” dejó de ser una conjetura y se convirtió en un hecho estadístico que orienta comportamientos.

Esos datos explican por qué el incentivo cambia radicalmente: si ser funcionario o dirigente permite acceder a contratos, plazas, bolsas de prestación y herramientas de nominación, y si además la probabilidad de enfrentar una sanción ejemplar es baja, la racionalidad individual cambia. En un mercado laboral estructuralmente desigual y con movilidad social limitada, la carrera política deja de ser un terreno exclusivo del idealismo y se transforma en una oportunidad económica. No es coincidencia que, históricamente, en contextos de alta desigualdad y débil Estado de derecho, la política se convierta en una vía de acumulación patrimonial: la captura del Estado no es solo un fenómeno moral sino una estrategia racional frente a un sistema de incentivos fallido.

Ese fenómeno tiene raíces institucionales concretas. Primero: la discrecionalidad en la contratación pública y en los nombramientos. Cuando los criterios para adjudicar contratos o para designar cargos de confianza son opacos, se abren ventanas para el direccionamiento hacia empresas afines, para la adjudicación a intermediarios y para la fragmentación de contratos con el fin de eludir controles. Segundo: la debilidad de los controles y la lentitud de la justicia. Procesos judiciales que duran años, investigaciones que se diluyen en tecnicismos procesales y sanciones administrativas que son meramente cosméticas generan la sensación de que la práctica del saqueo tiene un costo bajo. Tercero: la privatización de la política por la venta de avales y clientelas. Los partidos, lejos de formar cuadros técnicos y promover mérito, han devenido a menudo en mercancías electorales donde se intercambian apoyos por favores y cuotas. Todo ello configura una arquitectura donde el poder público funciona como un botín sistemático.

Para ilustrarlo con ejemplos de nuestro presente, no es aventurado mirar casos que han ocupado la agenda pública en los últimos años sin convertir este texto en un tribunal. El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y las investigaciones y condenas que de ese episodio han surgido ilustran cómo redes clientelares y direccionamiento pueden funcionar: investigaciones periodísticas y judiciales han descrito contratos con sobrecostos y pagos que terminaron en manos de intermediarios; la justicia ha comenzado a avanzar con detenciones y, en algunos casos, condenas, en un proceso que todavía avanza (El País, 2025; Reuters, 2025). El hecho de que estos casos deban necesariamente ser investigados, y que solo a raíz de confesiones y colaboraciones se lleguen a condenas, confirma lo que la estadística ya anunciaba: la sanción es la excepción, no la regla. Eso, paradójicamente, convierte a la excepción judicial en una noticia extraordinaria y a la norma impune en la experiencia cotidiana.

La lógica del clientelismo —dar recursos a determinadas redes a cambio de votos, favores o protección— no es una abstracción académica sino una práctica normalizada en múltiples esferas del Estado. Desde alcaldías hasta ministerios, pasando por entes descentralizados, la gestión pública se ha vuelto un tablero de repartición de puestos y contratos que sostienen maquinarias políticas. Ese reparto no siempre se hace mediante grandes conspiraciones: muchas veces se trata de una microeconomía del poder, hecha de pequeños contratos, empleos temporales, “alianzas” con organizaciones de la sociedad civil y convenios que, acumulativamente, sustentan clientelas. La fragilidad de los controles de auditoría y la facilidad para externalizar servicios a través de organizaciones interpuestas multiplican el riesgo de que recursos públicos sean capturados por intereses privados.

No es menor el rol de la normalización cultural. Cuando una sociedad termina interiorizando que “la política es así”, la denuncia se vuelve meramente retórica y el escrutinio ciudadano se debilita. La desconfianza generalizada, lejos de ser una fuerza de corrección, puede volverse resignación: si “todos roban”, la presión social efectiva para cambiar reglas disminuye y la ventana de impunidad se amplía. La política se convierte entonces en un campo donde la competencia por recursos deviene en competencia por inmunidades y alianzas, en un ciclo que retroalimenta tanto el acceso al poder como la captura del Estado.

¿Qué se puede proponer desde la perspectiva de la reforma institucional para alterar esos incentivos? Primero, reducir la discrecionalidad: restringir la contratación directa, estandarizar pliegos, profesionalizar las entidades públicas y crear sistemas de compras absolutamente trazables. Segundo, profesionalizar la administración pública para que determinadas decisiones técnicas no dependan de funcionarios de libre nombramiento; la estabilidad y la meritocracia en la carrera administrativa son formas de aislar la gestión de la presión política. Tercero, acelerar y fortalecer la justicia en materia de corrupción: procesos más ágiles, medidas cautelares efectivas, protección real para denunciantes y recuperación expedita de activos son disuasivos necesarios. Cuarto, transparencia sistémica: datos abiertos, auditoría ciudadana y acceso real a la información sobre contratos y gastos. No basta con leyes si el cumplimiento es voluntarioso o meramente declarativo.

Pero hay una dimensión política y cultural que no puede soslayarse: la formación y la demanda ciudadana. La política dejará de ser un botín cuando la ciudadanía haga de la integridad una condición electoral no negociable. Eso implica educar democráticamente sobre el valor del bien público, desnormalizar la práctica de “poner a la familia” o “llevar la minga” al Estado y, sobre todo, activar mecanismos de sanción social que complementen a la sanción judicial. El voto informativo, las veedurías vecinales, los observatorios ciudadanos y una prensa libre que no sea doméstica frente al poder son instrumentos irremplazables.

Finalmente, conviene recordar que la visión nihilista —“todos son iguales porque todos roban”— es peligrosa porque puede ser funcional a los peores vicios del sistema. La sospecha generalizada sin distinción no produce rendición de cuentas; la produce pereza política. La alternativa consiste en combinar cinismo crítico con propuestas concretas de reforma institucional y movilización ciudadana. Hay que exigir menos retórica y más reglas; menos discursos y más procedimientos; menos impunidad y más justicia eficaz. Hasta tanto no modifiquemos tanto los incentivos como la cultura política, la certeza que hoy muchos comparten —que en Colombia aspirar a un cargo público es, en demasiados casos, aspirar a enriquecerse a costa del Estado— seguirá siendo, lamentablemente, una tesis con demasiada evidencia empírica detrás.