Probando el comunismo a sorbos

El comunismo nunca se impone de un solo golpe; se filtra, lentamente, bajo la piel de las sociedades que bajan la guardia frente a la concentración del poder. En Colombia, hoy, asistimos a un proceso que recuerda con inquietante precisión los primeros años del experimento cubano: un gobierno que, en nombre del cambio, erosiona la confianza en las instituciones, desincentiva la producción privada y siembra la idea de que solo el Estado puede resolverlo todo. Esa fue exactamente la promesa que, hace más de seis décadas, llevó a Cuba del entusiasmo revolucionario a la ruina económica y la represión política.

La historia cubana es una advertencia viva. En 1959, el discurso de Fidel Castro prometía justicia social, soberanía y dignidad para el pueblo. En pocos años, las libertades políticas fueron reemplazadas por la vigilancia estatal, la economía privada desapareció y el pensamiento crítico fue silenciado. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el PIB per cápita de Cuba en 2022 representaba menos de una cuarta parte del de Chile o Panamá, reflejando más de seis décadas de control estatal ineficiente. La educación y la salud —tan defendidas por el régimen— terminaron siendo vitrinas ideológicas: servicios estandarizados que se sostienen a costa de la miseria generalizada y la emigración masiva.

Ese modelo, disfrazado de “revolución social”, sigue exportando su lógica de poder. Cuba ha mantenido por décadas una política exterior basada en la infiltración ideológica, la formación de cuadros políticos y la asesoría a gobiernos afines. Intelectuales como Carlos Alberto Montaner documentaron cómo el castrismo construyó una red de influencia regional que sobrevivió incluso a la Guerra Fría, usando la narrativa antiimperialista como vehículo de expansión (Montaner, Viaje al corazón de Cuba, 2019). En ese marco, Colombia ha sido, desde los años sesenta, un laboratorio indirecto de esa influencia: guerrillas formadas bajo el ideario marxista-leninista, movimientos políticos adoctrinados en La Habana, y hoy, una narrativa de “justicia social” que reproduce los viejos dogmas del igualitarismo impuesto.

Bajo el actual gobierno de Gustavo Petro, esas influencias no son abstractas. Son tangibles en las políticas, los discursos y las alianzas internacionales. Desde su llegada al poder, el presidente ha sostenido relaciones privilegiadas con el régimen cubano, al que considera mediador en procesos de paz y aliado en su agenda de integración regional. Sin embargo, esa cercanía no es gratuita. La doctrina política cubana siempre ha sabido disfrazar la subordinación como cooperación. La Habana ha sido, según diversos informes de inteligencia internacional, un centro articulador de la izquierda latinoamericana y del llamado “socialismo del siglo XXI”, corriente impulsada por Hugo Chávez y replicada en gobiernos como el de Nicaragua, Bolivia o Venezuela, con resultados similares: concentración de poder, empobrecimiento y exilio masivo.

En Colombia, el comunismo no llega con fusiles, sino con reformas. La reforma laboral, por ejemplo, propone un esquema que encarece la contratación y reduce la flexibilidad empresarial, lo que —según la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI)— podría destruir entre 400.000 y 600.000 empleos formales. La reforma a la salud, orientada a reducir el papel de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), avanza hacia la estatización del sistema, trasladando el control financiero y administrativo al gobierno central. Expertos como Luis Jorge Garay y Jorge Iván González, aunque ideológicamente cercanos al progresismo, han advertido sobre el riesgo de implosión técnica si la red pública no está preparada para asumir ese rol. No se trata de teorías: son señales de un proceso de sustitución institucional que recuerda la estrategia cubana de absorber, poco a poco, todo espacio privado hasta volverlo dependiente del Estado.

Esa tendencia se refuerza con una narrativa que demoniza la riqueza y glorifica la precariedad como símbolo de pureza moral. En sus discursos, Petro insiste en la idea de que “la economía del pueblo” —es decir, la informalidad— es el verdadero motor del país, ignorando que el 58 % de los trabajadores colombianos están en la informalidad (según el DANE, 2025) y carecen de seguridad social, estabilidad o acceso a crédito. En lugar de facilitar la transición hacia la formalidad, el gobierno parece preferir consolidar esa dependencia estructural, mientras aumenta subsidios y programas clientelistas que, aunque útiles a corto plazo, generan una población cada vez más dependiente del Estado.

La historia demuestra que los regímenes de corte socialista o comunista comienzan justificándose con argumentos de equidad, pero terminan concentrando poder en manos de unos pocos. El propio economista Thomas Sowell lo explicó con precisión: “No hay manera más segura de destruir una economía que confiarle sus recursos a quienes no tienen que pagar el precio de sus errores.” (Sowell, Basic Economics, 2015). En Cuba, los errores del Estado se pagaron con hambre; en Venezuela, con hiperinflación; en Colombia, se pagarán con desempleo, desinversión y pérdida de confianza internacional si la tendencia continúa.

El problema no es la búsqueda de justicia social, sino la idea de que solo el Estado puede administrarla. Esa concepción paternalista, profundamente arraigada en el comunismo cubano, reemplaza la libertad individual por una falsa sensación de igualdad. En Cuba, todos son iguales, sí, pero igualmente pobres. En Colombia, el peligro es que el discurso del “cambio” se convierta en una excusa para justificar la concentración del poder, la persecución de la iniciativa privada y el debilitamiento de la institucionalidad.

Resulta preocupante que, mientras el país enfrenta un decrecimiento del 0,6 % en el PIB durante el primer semestre de 2025 (según el Banco de la República), el gobierno insista en aumentar el gasto público, expandir la burocracia y confrontar al sector productivo. Los inversionistas se retiran, las calificadoras internacionales advierten sobre el deterioro del clima de negocios, y el dólar se mantiene alto, no solo por factores externos, sino por la desconfianza interna. Es la versión económica del “comunismo a sorbos”: cada regulación, cada expropiación simbólica, cada insulto al empresario va minando la base de la libertad económica hasta dejar a la nación sin motor productivo.

Pero lo más grave no es la economía; es el espíritu de la nación. Cuando un pueblo comienza a aceptar que el éxito es sospechoso, que la crítica es traición y que el Estado debe resolver hasta el último problema personal, la libertad se apaga sin necesidad de dictaduras formales. Esa es la estrategia más refinada del comunismo: lograr que el ciudadano se autocensure, que deje de confiar en su capacidad de crear, producir y decidir por sí mismo.

Colombia aún está a tiempo de reaccionar. La advertencia no es ideológica, sino empírica. Basta mirar el destino de los países que siguieron este camino: Cuba, Venezuela, Nicaragua, y más recientemente, la deriva populista de Bolivia. Todos comenzaron con promesas de justicia, todos terminaron con éxodos masivos. Hoy, millones de venezolanos caminan por nuestras calles recordándonos, sin discursos ni teorías, lo que ocurre cuando el Estado reemplaza la libertad por el control.

Estamos probando el comunismo a sorbos. No se siente al principio, como el veneno diluido que adormece antes de matar. Cada medida populista, cada ataque al sector productivo, cada intento por monopolizar la verdad, son tragos lentos de ese veneno político. Y si no despertamos pronto, si no defendemos la libertad como principio y no como privilegio, cuando queramos reaccionar, el comunismo ya no será un sorbo: será todo el vaso, y no habrá vuelta atrás.