Peor que una pandemia

Colombia sobrevivió a una pandemia que paralizó al mundo, destruyó millones de empleos y llevó a la economía global a una recesión sin precedentes. Sin embargo, en medio de ese caos, el país demostró una resiliencia admirable: se levantaron pequeñas y medianas empresas, la producción interna se adaptó, y el sector privado —con sus propias fuerzas— logró reactivar una economía que en 2021 crecía al 10,7%, una cifra que parecía anticipar una nueva etapa de dinamismo. Pero ese impulso se detuvo abruptamente con la llegada de un gobierno que, paradójicamente, en nombre del cambio, ha terminado afectando las bases más sensibles de la estabilidad nacional. Hoy, según múltiples analistas, la situación económica, política y social de Colombia ha alcanzado un nivel de deterioro que algunos califican como “peor que la pandemia”, no por el número de vidas perdidas, sino por la magnitud del daño institucional y la profundidad de la incertidumbre generada.

El contraste entre una crisis sanitaria global y una crisis política autoinfligida es evidente. Durante la pandemia, la causa del colapso era externa: un virus desconocido que obligó al aislamiento y a detener la producción. En cambio, lo que ocurre bajo el mandato de Gustavo Petro es un proceso interno, progresivo y estructural, alimentado por decisiones políticas que han minado la confianza, paralizado la inversión y desorientado al aparato productivo. Los datos hablan con claridad: el crecimiento económico, que en 2022 alcanzó un 7,3%, se redujo en 2023 a 0,6%, y el Banco de la República proyecta para 2025 apenas un 2,5%, una cifra que no compensa el crecimiento poblacional ni la inflación acumulada. La caída de la inversión extranjera directa en sectores estratégicos, especialmente en hidrocarburos, es una señal de alarma que recuerda lo que Friedrich Hayek advertía: cuando los gobiernos creen poder planificar mejor que el mercado, destruyen los incentivos que sostienen la prosperidad.

El problema no es ideológico, sino práctico. Las reformas anunciadas —laboral, pensional, de salud y tributaria— han desatado un ambiente de incertidumbre tan profundo que muchas empresas han optado por congelar inversiones o despedir personal. El propio DANE ha reportado que el desempleo juvenil supera el 18% y que el empleo formal se ha estancado. A pesar de que la pandemia destruyó millones de puestos de trabajo, la economía se recuperó rápidamente gracias a la flexibilidad del mercado; hoy, sin confinamiento, sin restricciones sanitarias, y con un escenario internacional más estable, el empleo no despega porque los empresarios no confían en la dirección del país. Lo que antes era una crisis de salud pública hoy es una crisis de confianza.

Pero más allá de los números, hay un daño simbólico: la narrativa del gobierno ha sustituido el diálogo por la confrontación. Petro insiste en la idea de una lucha entre “el pueblo y las élites”, un discurso que puede rendir frutos políticos, pero que divide profundamente a la sociedad y paraliza la cooperación. Durante la pandemia, empresarios, trabajadores y ciudadanos se unieron para sobrevivir; hoy, el país se fragmenta bajo una retórica que demoniza la riqueza y premia la dependencia del Estado. Lo que en 2020 nos unió en la adversidad, en 2025 nos separa en la desconfianza.

La suspensión de la regla fiscal, el aumento del déficit y la tendencia a financiar gasto corriente con deuda reflejan un manejo irresponsable de las finanzas públicas. En 2020 el endeudamiento se justificaba por la emergencia sanitaria; hoy, se expande sin propósito claro, bajo la promesa de una “transformación social” que no se traduce en productividad. La deuda pública roza el 60% del PIB y las calificadoras internacionales advierten deterioro en la calificación crediticia. En otras palabras, el país gasta más, produce menos y confía en que la retórica compense la realidad. En términos de política económica, es como si un enfermo decidiera ignorar la fiebre y confiar en el discurso del médico en lugar del tratamiento.

Mientras tanto, el sector energético, columna vertebral de la economía colombiana, vive una asfixia ideológica. La decisión de frenar nuevas exploraciones de petróleo y gas ha espantado inversiones y debilitado las reservas. Colombia exporta menos, recauda menos y, al mismo tiempo, promete más subsidios. El resultado es un Estado obeso y una economía raquítica. La paradoja es que, durante la pandemia, cuando todo estaba cerrado, el sector energético fue uno de los pocos que mantuvo ingresos al fisco; hoy, con el país abierto, se le restringe deliberadamente. Esta contradicción entre discurso ambiental y realidad económica muestra lo que Ludwig von Mises llamaba “la ilusión del control”: el Estado cree que puede rediseñar la economía desde la moral, olvidando que sin riqueza no hay redistribución posible.

La crisis actual no se mide solo en cifras macroeconómicas. También se siente en la calle, en el deterioro del ánimo colectivo. La inflación ha reducido el poder adquisitivo de las familias más pobres, los alimentos siguen caros y el peso colombiano ha perdido valor ante la desconfianza internacional. Muchos colombianos sienten que, aunque la pandemia fue dura, al menos sabían que era temporal; lo que hoy viven parece una decadencia indefinida. Y en política, la incertidumbre prolongada es peor que cualquier crisis momentánea.

Incluso las relaciones institucionales se han deteriorado. La tensión entre el Ejecutivo y los organismos de control, la presión sobre la Corte Suprema y la descalificación constante de la prensa recuerdan un patrón autoritario que en otros países terminó sofocando la democracia. El aislamiento durante el COVID-19 fue físico; el aislamiento actual es político y moral. Colombia se aísla del capital internacional, de la cooperación regional y del consenso interno. Ningún confinamiento fue tan largo como este encierro ideológico que impide el diálogo entre quienes producen y quienes gobiernan.

Lo más grave es que, mientras la pandemia enseñó humildad —esa conciencia de que somos vulnerables—, el poder actual parece haber aprendido soberbia. Se habla de revolución desde la tribuna, pero no se gobierna con prudencia. Se ignora que las economías no se transforman con decretos, sino con confianza, inversión y trabajo. La verdadera enfermedad no es el capitalismo ni el libre mercado, sino el intervencionismo desbordado que pretende reemplazar la lógica del esfuerzo por la del subsidio permanente.

Hoy, Colombia no enfrenta un virus, sino un modelo de gobierno que amenaza con hacer endémica la crisis. Y aunque el daño no se mide en contagios, sí en desinversión, desempleo y pobreza. La pandemia paralizó un país, pero lo unió para salir adelante; el actual gobierno lo divide y lo detiene. La diferencia es que aquella tragedia fue impuesta por la naturaleza; esta, en cambio, es consecuencia de la política. Por eso, para muchos, Gustavo Petro no es simplemente un mal presidente: es un fenómeno político que, al igual que un virus, se propaga a través de la desinformación, la polarización y la falsa promesa de una cura mágica para los males de la sociedad.

La historia demostrará si Colombia logra inmunizarse a tiempo contra este tipo de populismo o si, como advierten los economistas más lúcidos, terminaremos recordando los años de confinamiento no como los peores, sino como los últimos en los que aún creíamos que el futuro dependía de nosotros y no del Estado.