La tierra como excusa

En Colombia, cada cierto tiempo vuelve a resonar el eco de la “reforma agraria” como si fuera el conjuro que todo lo soluciona. Políticos, activistas y voceros de izquierda agitan el discurso de la tierra como si en ella se hallara la raíz de todos los males nacionales. Dicen que sin redistribución no habrá paz, que sin justicia agraria no habrá igualdad, y que sin tierra no hay futuro. Sin embargo, la realidad económica y social del país demuestra lo contrario: la insistencia en una reforma agraria no es un proyecto de desarrollo, sino un relato ideológico que se mantiene vivo porque sirve para justificar la lucha política de quienes ven en el campo no un espacio de producción, sino un escenario de poder.

El mito agrario de la izquierda colombiana tiene larga data. Nació de la lectura marxista que dominó el pensamiento político en América Latina durante el siglo XX, donde la propiedad de la tierra era el símbolo de la opresión y el campesino el sujeto revolucionario. Desde los años cincuenta, esa idea fue la bandera moral de las guerrillas, en especial de las FARC, que se autoproclamaron defensoras de los desposeídos mientras instauraban un sistema de control territorial basado en el miedo, la extorsión y el narcotráfico. La tierra se convirtió en un botín, no en un bien productivo. Quienes decían liberar al campesino lo sometieron a un nuevo poder armado. Lo que se sembró en muchas regiones no fue maíz ni café, sino coca y miedo.

Hoy, el discurso no ha cambiado mucho. Los partidos y movimientos de izquierda siguen hablando de “deuda histórica” con el campesinado y de “latifundio improductivo”, aunque la realidad rural de 2025 sea muy distinta a la de 1960. Según el DANE, menos del 30% del Producto Interno Bruto nacional proviene del sector agropecuario, y las nuevas fuentes de riqueza se concentran en servicios, tecnología y manufactura. Mientras tanto, más del 70% de la población vive en zonas urbanas. La discusión sobre la tierra, entonces, parece anclada a un pasado que ya no existe, pero que sigue siendo útil para mantener viva la narrativa del conflicto y la desigualdad estructural.

La pregunta de fondo no es quién tiene la tierra, sino qué se hace con ella. El Banco Mundial ha señalado que las verdaderas causas de la pobreza rural no están tanto en la concentración de la propiedad como en la baja productividad, la falta de infraestructura, la ausencia de crédito y la inseguridad jurídica. En Colombia, más del 40% de los predios rurales carece de títulos formales, lo que impide a sus dueños acceder a financiación o programas de desarrollo. Redistribuir hectáreas sin resolver esos problemas estructurales es una ilusión. La historia lo demuestra: las reformas agrarias impulsadas desde los años sesenta no generaron desarrollo sostenible, sino más fragmentación, informalidad y pobreza.

Pero el discurso de la izquierda no apunta al desarrollo, sino al simbolismo. La tierra, más que un recurso económico, se ha convertido en un tótem político. Controlar el territorio equivale a controlar las comunidades, las economías locales y, en muchos casos, los corredores del narcotráfico. Por eso, detrás de cada reivindicación agraria hay también una disputa por la soberanía del poder local. Las antiguas guerrillas lo entendieron a la perfección: donde el Estado es débil, quien controla la tierra controla la vida. Y en ese vacío institucional, la narrativa de la “reforma agraria” sigue sirviendo como vehículo de legitimación para nuevas formas de clientelismo y populismo rural.

La izquierda colombiana, al igual que la latinoamericana, ha encontrado en la tierra una metáfora revolucionaria. Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador usaron el mismo argumento: devolver la tierra al pueblo como acto de justicia. Sin embargo, en todos esos países la concentración del poder político aumentó, la productividad agrícola se estancó y la dependencia del Estado creció. La tierra fue solo la excusa para construir hegemonía. En Colombia, esa narrativa se repite con distintos rostros y acentos, pero con idéntico propósito: mantener vivo un relato que enfrenta a “ricos y pobres”, “terratenientes y campesinos”, sin mencionar que la pobreza rural no se resuelve con discursos, sino con inversión, tecnología y seguridad jurídica.

Cambiar la estructura rural del país exige algo más que repartir hectáreas: requiere transformar la lógica institucional que castiga la productividad y premia la dependencia. Un productor rural en el Urabá o en el Catatumbo enfrenta impuestos, inseguridad, falta de vías y competencia desleal de importaciones, mientras ve cómo el Estado subsidia con programas políticos a quienes no producen. Esa asimetría destruye el incentivo de invertir en el campo. En lugar de facilitar el emprendimiento agrícola, el Estado termina administrando la pobreza, perpetuando la idea de que el campesino solo puede vivir de lo que le da el gobierno.

La tierra, en realidad, dejó de ser el centro de la economía hace mucho tiempo. El valor ya no está en la propiedad física, sino en el conocimiento, la innovación y el acceso a los mercados. Pero esa revolución mental aún no ha llegado a la política colombiana, donde los discursos agraristas funcionan como anclajes emocionales para movilizar masas y justificar ideologías. Es más fácil hablar de “justicia agraria” que de competitividad rural. Es más rentable políticamente ofrecer tierra que garantizar infraestructura, y más cómodo culpar al “terrateniente” que asumir la responsabilidad de construir instituciones eficientes.

El problema no es que se discuta sobre la tierra; el problema es que se discute con categorías ideológicas que ya no explican la realidad. Hoy, muchos campesinos quieren ser empresarios rurales, exportar, tecnificarse, competir; pero el Estado sigue tratándolos como víctimas perpetuas. Mientras tanto, los líderes políticos usan su causa para negociar poder en las ciudades, y las comunidades rurales siguen atrapadas en el círculo vicioso del abandono y la promesa incumplida.

En última instancia, la tierra es solo un escenario donde se representa una vieja batalla entre dos visiones de país: una que cree en la libertad económica y la creación de riqueza, y otra que busca redistribuirla a través del Estado. La primera mira hacia el futuro y apuesta por la innovación; la segunda se aferra a los símbolos del pasado y a las narrativas de lucha. La ironía es que, después de tantas décadas, quienes dicen hablar por los campesinos siguen siendo los mismos que viven de su pobreza.

Colombia necesita menos romanticismo agrario y más realismo productivo. El campo no requiere héroes ideológicos, sino instituciones sólidas, crédito, infraestructura y libertad para producir. La verdadera reforma no es repartir tierra, sino liberar el potencial de quienes pueden hacerla fructificar. Todo lo demás es puro relato. Y los relatos, aunque conmuevan, no siembran nada.