Racionalidad, lógica y sentido común

La ciencia, por definición, debería ser la búsqueda libre del conocimiento, un proceso que se alimenta de la curiosidad, el error y la competencia. Pero cuando esa búsqueda se somete al control del Estado, su naturaleza cambia: deja de ser un instrumento de descubrimiento para convertirse en un instrumento de poder. En Colombia, la ciencia gubernamental se ha transformado en una estructura burocrática que premia la obediencia política más que la innovación, y que depende de presupuestos sostenidos artificialmente por la política, no de resultados ni avances reales. Hablar de “ciencia pública” en un país donde el mérito se somete a la lógica del clientelismo y donde las universidades públicas se politizan antes que modernizarse, es aceptar que el conocimiento se ha vuelto un medio de negociación, no de progreso. El incentivo es el motor silencioso de toda acción humana. En la ciencia privada, ese incentivo es claro: la rentabilidad. Cuando una empresa invierte en investigación, lo hace ...

En Colombia la violencia política nunca ha sido un fenómeno nuevo, pero su significado se transforma con el tiempo. Lo que antes se interpretaba como un acto de represión o lucha por el poder, hoy adquiere el matiz más perverso de todos: el de una señal. En una democracia debilitada por la polarización, el asesinato o la agresión política no solo son hechos condenables por su naturaleza violenta, sino también mensajes que refuerzan identidades tribales y narrativas de poder. Cada muerte, cada atentado, cada insulto en redes sociales se convierte en una oportunidad para los bandos de reafirmar su “verdad” y señalar culpables, incluso antes de que los hechos sean esclarecidos. La democracia, en su forma más pura, se construye sobre la deliberación y el intercambio de argumentos racionales. Sin embargo, la nuestra ha mutado en un escenario donde la emoción supera al razonamiento. Los incentivos para buscar la verdad son cada vez más débiles, porque en un sistema donde el voto individual p...

En toda organización, desde un ministerio hasta una pequeña empresa, existe una tensión constante entre la libertad y el control, entre la confianza y la norma. La frase “la necesidad de limitar la discreción de los subordinados está presente en toda organización” no es solo una observación técnica sobre la gestión administrativa; es, en realidad, una afirmación sobre la naturaleza humana y el poder. En Colombia, donde la estructura institucional se mueve entre la improvisación y la desconfianza, esta reflexión se vuelve urgente. Vivimos en un país donde la discrecionalidad ha sido confundida con libertad y la jerarquía con autoritarismo, generando un sistema donde las reglas se interpretan según conveniencia y no según principios. Si uno observa la dinámica de la administración pública colombiana, es evidente que gran parte de los problemas estructurales —corrupción, ineficiencia, clientelismo, pérdida de confianza ciudadana— se originan en el uso excesivo o indebido de la discreciona...

Durante más de veinte años, una parte importante de la juventud colombiana ha sido educada bajo una narrativa política que encontró en un solo hombre la explicación de todos los males del país. En colegios, universidades y redes sociales se consolidó la idea de que Álvaro Uribe Vélez era la raíz de la corrupción, la violencia, la desigualdad y el atraso nacional. Se construyó un relato eficaz, emocional y persistente: el del villano que representaba el mal absoluto, el enemigo que justificaba cualquier lucha, cualquier radicalismo. Así, una generación entera creció repitiendo un dogma ideológico sin detenerse a examinar sus fundamentos, sin contrastar datos ni analizar procesos históricos más amplios. Se volvió más fácil odiar a un símbolo que entender la complejidad de la historia política colombiana. Esa simplificación de la realidad, impulsada por sectores de izquierda y reproducida por movimientos estudiantiles, sindicatos, colectivos y algunos medios, generó un efecto cultural pro...

Vivimos un momento histórico en el que la salud mental y el comportamiento de los líderes políticos se han convertido en parte de la conversación pública sobre la legitimidad del poder. Ya no basta con saber si un gobernante cumple con la ley o si sus políticas son efectivas; ahora se examina su mente, su cuerpo y hasta sus hábitos personales. En Colombia, el debate sobre los presuntos problemas mentales y la supuesta adicción del presidente Gustavo Petro ha desatado una discusión que trasciende lo político y entra en el terreno de lo ético, lo institucional y lo humano. Lo que comenzó como una carta del exministro Álvaro Leyva, quien afirmaba que Petro sufría de “problemas de adicción”, se transformó rápidamente en un torbellino mediático. Las denuncias —que mencionaban supuestas ausencias y comportamientos erráticos durante una visita oficial a Francia— abrieron una grieta profunda entre la confianza y la sospecha. Sin embargo, esa misma carta carecía de pruebas concretas: no se pres...

Colombia vive un tiempo político donde la verdad se ha vuelto un acto de rebeldía. Ya no importa si algo es cierto o falso, sino quién lo diga. La verdad ha dejado de ser un valor universal para convertirse en una bandera de guerra ideológica. Si la pronuncia alguien de derecha, se le acusa de odio de clase; si la repite alguien de izquierda, se eleva como palabra sagrada. En este escenario, el pensamiento libre se extingue, y el ciudadano común, confundido, termina creyendo que los hechos son opinables. Gustavo Petro ha hecho del discurso una herramienta para fabricar realidades. En sus intervenciones, las cifras se inflan, los errores se maquillan y las crisis se justifican. Habla de una “Colombia potencia mundial de la vida” mientras el desempleo crece, la inversión cae y el país retrocede en confianza. Aplaude su supuesta lucha contra la corrupción mientras sus cercanos se hunden en escándalos semanales. Y aun así, logra que una parte de la población lo vea como un salvador incompr...

En las democracias sanas, el poder político se sostiene sobre una premisa básica: la confianza. Cuando la confianza se quiebra, la legitimidad se disuelve y la autoridad se convierte en una caricatura de sí misma. Colombia atraviesa un momento en el que esa confianza pública está fracturada no por un hecho aislado, sino por una cadena de episodios que exhiben una preocupante normalización de la indecencia en el ejercicio del poder. No se trata solo de corrupción material —de contratos o sobornos— sino de la erosión moral que ocurre cuando los gobernantes, lejos de asumir la responsabilidad política de sus actos, permanecen en sus cargos amparados por la impunidad cultural y la tibieza institucional de un país acostumbrado a tolerarlo todo. El gobierno de Gustavo Petro, que llegó al poder con la promesa de ser el gobierno del cambio, enfrenta un rosario de escándalos que, en cualquier democracia consolidada, habrían precipitado renuncias inmediatas, investigaciones profundas y sanciones...