La burocracia no innova

La ciencia, por definición, debería ser la búsqueda libre del conocimiento, un proceso que se alimenta de la curiosidad, el error y la competencia. Pero cuando esa búsqueda se somete al control del Estado, su naturaleza cambia: deja de ser un instrumento de descubrimiento para convertirse en un instrumento de poder. En Colombia, la ciencia gubernamental se ha transformado en una estructura burocrática que premia la obediencia política más que la innovación, y que depende de presupuestos sostenidos artificialmente por la política, no de resultados ni avances reales. Hablar de “ciencia pública” en un país donde el mérito se somete a la lógica del clientelismo y donde las universidades públicas se politizan antes que modernizarse, es aceptar que el conocimiento se ha vuelto un medio de negociación, no de progreso.

El incentivo es el motor silencioso de toda acción humana. En la ciencia privada, ese incentivo es claro: la rentabilidad. Cuando una empresa invierte en investigación, lo hace porque espera un retorno, y si no lo obtiene, ajusta o abandona el proyecto. Esa disciplina es cruel, pero precisamente en su crudeza radica su eficiencia. Cada peso invertido tiene que justificar su existencia. En cambio, en la ciencia financiada por el Estado, los incentivos se diluyen. Ningún burócrata asume las consecuencias del fracaso. Los proyectos que no producen resultados continúan, no porque sean útiles, sino porque están protegidos por un entramado político. Las instituciones públicas, una vez creadas, desarrollan su propia inercia: necesitan justificar su presupuesto cada año, por lo que inventan programas, informes o congresos para demostrar actividad. Así, la burocracia científica se convierte en un fin en sí misma, y el conocimiento pierde su sentido original.

Colombia es un ejemplo contemporáneo de esa contradicción. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado con el propósito de fortalecer la investigación nacional, se ha convertido en un órgano que distribuye subsidios con criterios muchas veces políticos y no científicos. El problema no radica en la existencia del ministerio, sino en su estructura de incentivos: quienes deciden las convocatorias no son necesariamente quienes conocen las necesidades reales del sector productivo, y quienes las ganan no siempre son los proyectos más innovadores, sino los mejor conectados. Mientras tanto, la inversión privada en investigación y desarrollo apenas alcanza el 0.3% del PIB, una cifra irrisoria frente al 2.8% de Estados Unidos o el 4.9% de Corea del Sur. No porque el empresario colombiano sea reacio a la innovación, sino porque el entorno estatal desincentiva su participación: competir con una estructura subsidiada y politizada no solo es ineficiente, es inútil.

La historia demuestra que los grandes avances de la humanidad no surgieron de ministerios ni comisiones, sino de la libre interacción entre mentes creativas y mercados competitivos. Thomas Edison no necesitó de un plan estatal para inventar la bombilla; Steve Jobs no esperó subsidios públicos para revolucionar la informática personal; Elon Musk no depende de presupuestos políticos para enviar cohetes al espacio. Detrás de cada uno de esos nombres hay capital privado, riesgo, fracaso y libertad. En cambio, cuando el Estado pretende dirigir la innovación, el resultado es predecible: corrupción, gasto sin retorno y estancamiento. En Colombia, basta observar cómo los programas de innovación se llenan de consultores, auditores y evaluadores que jamás han innovado nada, pero que deciden qué idea “merece” ser financiada.

La ciencia pública, cuando depende de presupuestos y no de resultados, se convierte en un sistema de control ideológico. Se premian las investigaciones que refuerzan el discurso dominante, se financian temas “políticamente correctos” y se excluyen aquellos que podrían cuestionar la narrativa oficial. En los últimos años, el discurso de “la ciencia con enfoque social” ha servido para justificar proyectos sin impacto real, pero con abundante retórica. Lo que debería ser un laboratorio de pensamiento libre termina siendo un eco del poder. En este sentido, la ciencia gubernamental es una extensión más de la política, una forma de propaganda revestida de tecnicismo.

El problema de fondo no es que el Estado participe en la ciencia, sino que pretenda dirigirla. Cuando los políticos deciden en qué áreas investigar o a quién financiar, lo hacen con criterios electorales. Si una región promete votos, allí habrá un “centro de innovación”; si un tema es popular entre los grupos de presión, se convertirá en prioridad nacional. El conocimiento deja de responder a la curiosidad humana para responder al cálculo político. Así, los presupuestos crecen, pero los resultados no. Y cuando alguien propone reducir el gasto, se le acusa de estar “en contra de la ciencia”, como si la ciencia dependiera de decretos y no de ideas.

Reducir el gasto público en ciencia no es un ataque al conocimiento; es una oportunidad para liberar la innovación de las cadenas de la burocracia. Cuando los recursos se asignan por mérito y no por política, cuando el investigador busca inversores en lugar de padrinos, cuando el éxito se mide por resultados y no por informes, la ciencia florece. En países como Estados Unidos, el 75% de la inversión en investigación y desarrollo proviene del sector privado. Ese equilibrio genera competencia, eficiencia y velocidad en los descubrimientos. En Colombia, en cambio, seguimos creyendo que un Estado ineficiente puede crear un ecosistema de innovación con los mismos métodos con los que administra subsidios o reparte contratos.

La ciencia no necesita ser administrada; necesita ser liberada. Los países que han avanzado no lo hicieron porque sus gobiernos fueran más ilustrados, sino porque crearon condiciones para que los individuos experimentaran, arriesgaran y compitieran. El progreso nace del caos creativo, no de los planes quinquenales. En Colombia, donde la dependencia del Estado se ha vuelto una forma de vida, pensar en una ciencia sin subsidios parece una herejía. Pero quizás esa sea la única manera de recuperar la autenticidad del conocimiento: devolverlo al terreno donde pertenece, el de la libertad.

La ciencia gubernamental, entonces, no es ciencia; es política disfrazada de investigación. Y mientras sigamos creyendo que la innovación necesita permiso, seguiremos condenados a imitar en lugar de crear. Porque el genio no nace de un presupuesto, sino de una idea que nadie quiso financiar y alguien se atrevió a perseguir. Colombia necesita menos ministerios y más mentes libres, menos planes estratégicos y más competencia. Solo así la ciencia dejará de ser un oxímoron burocrático para volver a ser lo que siempre fue: la manifestación más pura de la libertad humana.