El poder de decidir: entre la autonomía y el caos

En toda organización, desde un ministerio hasta una pequeña empresa, existe una tensión constante entre la libertad y el control, entre la confianza y la norma. La frase “la necesidad de limitar la discreción de los subordinados está presente en toda organización” no es solo una observación técnica sobre la gestión administrativa; es, en realidad, una afirmación sobre la naturaleza humana y el poder. En Colombia, donde la estructura institucional se mueve entre la improvisación y la desconfianza, esta reflexión se vuelve urgente. Vivimos en un país donde la discrecionalidad ha sido confundida con libertad y la jerarquía con autoritarismo, generando un sistema donde las reglas se interpretan según conveniencia y no según principios.

Si uno observa la dinámica de la administración pública colombiana, es evidente que gran parte de los problemas estructurales —corrupción, ineficiencia, clientelismo, pérdida de confianza ciudadana— se originan en el uso excesivo o indebido de la discrecionalidad. La posibilidad de decidir sin control, bajo criterios personales o políticos, se ha convertido en el caldo de cultivo del abuso. Desde el funcionario que interpreta la norma según quién le pide el favor, hasta el alcalde que nombra asesores por amistad, la discrecionalidad sin límites destruye la meritocracia, erosiona la confianza institucional y pervierte el sentido de lo público. En Colombia, los controles formales existen, pero en la práctica, la cultura organizacional tiende a diluirlos con el argumento de la “autonomía funcional”.

Sin embargo, limitar la discreción no significa instaurar un régimen de control total. Significa definir con claridad los márgenes dentro de los cuales los subordinados pueden actuar con responsabilidad y criterio. La burocracia weberiana, tan criticada por su rigidez, fue precisamente el intento más serio por racionalizar la acción administrativa y reducir la arbitrariedad. Max Weber entendía que las organizaciones modernas no podían depender del carisma del líder ni de la lealtad personal, sino de reglas, jerarquías y procedimientos impersonales. En países donde esa lógica se consolidó —Alemania, Suecia, Reino Unido—, el ciudadano confía en que el sistema funciona más allá del funcionario de turno. En cambio, en Colombia seguimos atrapados en el feudo emocional de la autoridad carismática, donde la palabra del jefe sustituye la norma escrita, y el mérito es reemplazado por la recomendación.

Pero el problema no se agota en la estructura burocrática. También se extiende a la cultura política. La sociedad colombiana vive bajo una tensión permanente entre el deseo de autonomía y el miedo al desorden. Pedimos libertad, pero exigimos control; celebramos la independencia, pero desconfiamos del criterio del otro. En las instituciones públicas, esta contradicción se expresa en funcionarios que temen tomar decisiones sin una orden superior y en jefes que asumen que la obediencia es sinónimo de eficacia. El resultado es un sistema paralizado, donde la discreción mal entendida conduce a la arbitrariedad, y el control excesivo a la inacción.

Lo paradójico es que, mientras el sector público se ahoga en la tramitología y el control formal, el sector privado enfrenta el desafío opuesto: la pérdida de límites en el ejercicio del poder corporativo. Los escándalos de corrupción en conglomerados empresariales como Odebrecht o Interbolsa demuestran que la ausencia de controles éticos y regulatorios no solo es un problema del Estado. Cuando los subordinados carecen de límites, actúan según incentivos inmediatos y no según los principios que sostienen la organización. El poder, sin control, siempre degenera. Lo advirtió Lord Acton en el siglo XIX: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

En este punto vale la pena pensar en la discrecionalidad desde otro ángulo: el de la responsabilidad individual. En el modelo liberal clásico, defendido por autores como John Stuart Mill o Friedrich Hayek, la libertad individual es el motor del progreso, pero esa libertad exige responsabilidad moral y límites institucionales. Hayek advertía que las instituciones son el marco que permite a los individuos actuar libremente sin destruir el orden social. Sin normas que encaucen la acción humana, la libertad se convierte en arbitrariedad, y la creatividad en caos. En Colombia, el discurso de la libertad se ha desvirtuado: se invoca para justificar la desobediencia o el desorden, pero rara vez para asumir responsabilidad.

Esto se hace evidente en la gestión del Estado, donde cada funcionario, por pequeño que sea su cargo, es un engranaje de un sistema más amplio. Cuando ese engranaje decide actuar por cuenta propia, sin considerar el impacto de sus decisiones, el sistema colapsa. Ejemplos sobran: decisiones improvisadas en programas sociales que cambian las reglas a mitad del camino, políticas públicas desarticuladas porque cada entidad opera bajo su propio criterio, o proyectos de infraestructura paralizados por interpretaciones jurídicas opuestas entre oficinas del mismo Estado. No es la falta de normas el problema, sino la falta de coherencia en su aplicación.

Pero limitar la discreción también implica un desafío ético. No se trata de someter al subordinado a una obediencia ciega, sino de construir una cultura de rendición de cuentas. En sociedades maduras, el control no se impone desde arriba; se internaliza como un principio de responsabilidad. En Suecia o Finlandia, por ejemplo, el control es social y moral: los funcionarios saben que una decisión injustificada afecta la confianza de todo el sistema. En Colombia, en cambio, la sanción suele ser formal, no moral. El castigo llega —si llega— solo después del daño. Y mientras tanto, la discrecionalidad sigue siendo el terreno fértil donde germina la corrupción cotidiana.

Por eso, más que limitar la discreción por medio de la amenaza, debemos hacerlo a través del fortalecimiento institucional y del desarrollo de una ética pública. Un funcionario que entiende la misión de su institución y los fines que persigue el Estado no necesita actuar con miedo, sino con criterio. El límite no está en el temor al castigo, sino en la conciencia del deber. En ese sentido, la verdadera modernización del Estado colombiano no vendrá solo de nuevas leyes o reformas administrativas, sino de una transformación cultural profunda: pasar del “yo interpreto” al “yo cumplo con sentido”.

La necesidad de limitar la discreción de los subordinados no es un llamado a la obediencia, sino a la responsabilidad. No es una defensa del autoritarismo, sino del orden racional que permite la convivencia institucional. En un país donde la corrupción se justifica como costumbre y la impunidad como destino, los límites no pueden ser vistos como cadenas, sino como el marco que hace posible la libertad colectiva. Porque sin límites, la discreción se convierte en abuso; pero sin autonomía, la organización se convierte en tiranía. El equilibrio entre ambos es la esencia misma de una sociedad civilizada.

¿Queremos un Estado que confíe o un Estado que controle? Tal vez la respuesta esté en comprender que el control no es el enemigo de la libertad, sino su condición de posibilidad. Un Estado sin límites es tan peligroso como un subordinado sin criterio. Y si Colombia aspira a ser una nación moderna, debe entender que el poder, en todos los niveles, necesita ser contenido no por miedo, sino por convicción. Solo así la discreción dejará de ser un riesgo y se convertirá en una virtud al servicio del bien común.