La decencia ausente

En las democracias sanas, el poder político se sostiene sobre una premisa básica: la confianza. Cuando la confianza se quiebra, la legitimidad se disuelve y la autoridad se convierte en una caricatura de sí misma. Colombia atraviesa un momento en el que esa confianza pública está fracturada no por un hecho aislado, sino por una cadena de episodios que exhiben una preocupante normalización de la indecencia en el ejercicio del poder. No se trata solo de corrupción material —de contratos o sobornos— sino de la erosión moral que ocurre cuando los gobernantes, lejos de asumir la responsabilidad política de sus actos, permanecen en sus cargos amparados por la impunidad cultural y la tibieza institucional de un país acostumbrado a tolerarlo todo.

El gobierno de Gustavo Petro, que llegó al poder con la promesa de ser el gobierno del cambio, enfrenta un rosario de escándalos que, en cualquier democracia consolidada, habrían precipitado renuncias inmediatas, investigaciones profundas y sanciones ejemplares. Desde el caso de la UNGRD, que reveló sobornos y desvíos de recursos públicos mediante una red de carrotanques, hasta las investigaciones por financiación irregular de la campaña presidencial, pasando por los nombramientos de allegados y familiares en cargos estratégicos, el discurso del cambio se ha visto contaminado por prácticas que, aunque con nuevos protagonistas, conservan el mismo tufo del clientelismo tradicional. Lo más alarmante no es la existencia de los hechos, sino la persistencia de sus protagonistas, que lejos de ser apartados, son defendidos, reciclados o premiados con nuevos puestos.

A esta lista se suma el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente, cuya detención por lavado de activos y enriquecimiento ilícito sacudió al país en 2023. El propio implicado admitió haber recibido dinero de personajes vinculados al narcotráfico, parte del cual —según la Fiscalía— habría terminado en la campaña presidencial. En cualquier democracia madura, este solo hecho habría desatado una tormenta política insostenible: un hijo del presidente recibiendo fondos de origen oscuro para una campaña electoral. En Alemania, un ministro dimitió por plagiar su tesis; en los Países Bajos, todo un gabinete renunció por un error administrativo que afectó a familias de clase media. En Colombia, en cambio, seguimos discutiendo si el hijo de un presidente debe o no responder ante la justicia sin que el padre se aparte del cargo ni se cuestione seriamente la legitimidad de los recursos que impulsaron su victoria.

La contradicción es abrumadora: mientras en Austria un vicecanciller abandonó su cargo por un video filtrado donde negociaba favores con una supuesta inversionista, en Colombia los videos de tono íntimo de la primera dama o las grabaciones del presidente en encuentros polémicos son tratados como memes o ataques políticos sin consecuencia. Lo privado, que en otros países suele erosionar la credibilidad pública, aquí se trivializa. Y esa banalización del escándalo es una forma de anestesia colectiva: nos hemos acostumbrado tanto a la indecencia que ya no nos indigna, solo nos entretiene.

El problema no es únicamente moral, sino institucional. En Colombia, la frontera entre lo ético y lo legal se ha vuelto difusa. La responsabilidad política —esa práctica elemental de dimitir ante el error o la sospecha— no forma parte de nuestra cultura política. Los funcionarios no renuncian porque no sienten que la decencia sea una obligación, sino una opción. Y los partidos no exigen esas renuncias porque las alianzas, los favores y la lealtad política pesan más que la integridad. En el Reino Unido, la doctrina del “ministerial responsibility” es tan poderosa que un ministro puede renunciar por un error cometido por su subalterno. En Colombia, ni siquiera los errores propios provocan una sanción moral.

Esa diferencia revela algo más profundo: la distancia entre una democracia funcional y una democracia resignada. En los países donde el escándalo político tiene consecuencias inmediatas, la rendición de cuentas no depende del capricho judicial, sino de la presión cultural de una ciudadanía que no tolera la vergüenza pública. Aquí, en cambio, la impunidad ha dejado de ser un privilegio para convertirse en una costumbre. Nadie parece creer que el poder exige una conducta ejemplar. El gobernante colombiano, cualquiera sea su ideología, ha aprendido que basta con dividir a la opinión pública entre “enemigos” y “defensores” para sobrevivir al escándalo. Así, la corrupción se transforma en una disputa tribal, no en un delito moral.

Pero esta tolerancia social tiene raíces históricas. Durante décadas, el país ha convivido con un sistema político basado en el intercambio de favores, el reparto burocrático y la cultura del “todo vale”. De allí nace esa sensación de que “todos son iguales”, un escepticismo que neutraliza cualquier exigencia de transparencia. Sin embargo, el costo de esa indiferencia es alto: la descomposición institucional se alimenta de la apatía ciudadana. Cada vez que justificamos la falta de ética por afinidad ideológica, renunciamos a nuestro derecho a exigir un Estado decente.

El filósofo Karl Popper decía que “la libertad solo puede existir si la sociedad castiga el abuso de poder antes de que el abuso destruya la libertad misma”. Y eso es exactamente lo que ocurre en Colombia: hemos permitido que el poder se vuelva impune, que el escándalo se vuelva paisaje y que la rendición de cuentas dependa del humor del día. Mientras en otros países la sospecha basta para renunciar, aquí ni la evidencia más clara basta para avergonzar.

La corrupción, en su forma más peligrosa, no es la que roba dinero público sino la que roba la conciencia colectiva. Y en eso estamos perdiendo. Porque cuando un país normaliza la indecencia, lo que desaparece no es la moral individual, sino la dignidad nacional. Colombia necesita recuperar algo más valioso que la transparencia: la vergüenza. Sin ella, ninguna reforma, ningún cambio y ninguna ideología podrá salvarnos del colapso moral que hoy parece rondar nuestras instituciones.

La verdadera revolución, la que este país necesita, no está en los discursos incendiarios ni en las plazas llenas de consignas; está en el acto más simple y más valiente de la vida pública: asumir responsabilidad y renunciar cuando se ha fallado. Ese gesto, que en las democracias avanzadas es un deber, en Colombia sería un milagro. Y mientras sigamos celebrando la audacia de los corruptos y no la decencia de los íntegros, seguiremos siendo una república atrapada en la costumbre de la impunidad, incapaz de distinguir entre el poder y la vergüenza.

Porque el día en que la decencia deje de ser un valor opcional, Colombia dejará de ser un país acostumbrado al escándalo y empezará, por fin, a ser una nación digna de respeto.