La verdad sitiada

En Colombia la violencia política nunca ha sido un fenómeno nuevo, pero su significado se transforma con el tiempo. Lo que antes se interpretaba como un acto de represión o lucha por el poder, hoy adquiere el matiz más perverso de todos: el de una señal. En una democracia debilitada por la polarización, el asesinato o la agresión política no solo son hechos condenables por su naturaleza violenta, sino también mensajes que refuerzan identidades tribales y narrativas de poder. Cada muerte, cada atentado, cada insulto en redes sociales se convierte en una oportunidad para los bandos de reafirmar su “verdad” y señalar culpables, incluso antes de que los hechos sean esclarecidos.

La democracia, en su forma más pura, se construye sobre la deliberación y el intercambio de argumentos racionales. Sin embargo, la nuestra ha mutado en un escenario donde la emoción supera al razonamiento. Los incentivos para buscar la verdad son cada vez más débiles, porque en un sistema donde el voto individual parece insignificante y las instituciones pierden credibilidad, la recompensa no está en informarse, sino en pertenecer. El ciudadano promedio no se informa para decidir con autonomía, sino para reafirmar lo que ya cree. Los políticos, por su parte, han entendido que persuadir requiere esfuerzo, mientras que complacer exige solo repetir las consignas que movilizan a su base. Y así, la política se convierte en una competencia de fidelidades emocionales, más que de ideas o resultados.

La muerte, la tragedia y el miedo se transforman en combustible para esas emociones. Basta observar cómo en los últimos años, cada hecho violento con connotaciones políticas en Colombia —desde atentados, hasta las recientes agresiones a líderes sociales o figuras mediáticas— genera un inmediato estallido discursivo en redes y medios: unos culpan al gobierno, otros a la oposición, otros al “odio incubado” por la izquierda o la derecha. Pero casi nadie se detiene a esperar los hechos o a investigar con rigor. En cuestión de minutos, ya hay narrativas cerradas, teorías conspirativas y moralizaciones absolutas. La tragedia se convierte en materia prima para la guerra simbólica.

Esta dinámica no es exclusiva de Colombia, pero aquí tiene raíces más profundas. El país carga una historia de conflictos donde la violencia fue siempre un lenguaje político, un instrumento para enviar mensajes. Hoy, aunque la forma cambió, el fondo es el mismo: el asesinato o la amenaza ya no buscan solo eliminar al adversario, sino reafirmar una identidad política. La violencia es simbólica y performativa; no se mide solo en sangre, sino en visibilidad, en trending topics, en la viralización del dolor. El poder ya no está solo en el fusil o el discurso presidencial, sino en el algoritmo. Y ese algoritmo responde mejor a la indignación que a la verdad.

Los líderes —de todas las corrientes— parecen atrapados en esta lógica. Gustavo Petro, por ejemplo, ha sabido aprovechar el lenguaje emocional de la política contemporánea: un discurso de confrontación permanente que apela al resentimiento histórico, al antagonismo pueblo-élite y a la idea del enemigo interno. Pero su oposición ha caído en el mismo juego. El anti-petrismo no se articula como un movimiento racional de propuestas, sino como una réplica simétrica de la emoción contraria. En ambos lados se premia la lealtad ideológica y se castiga la duda. Quien cuestiona, traiciona. Quien busca matices, es tibio. Así, el país se divide en una moral binaria donde cada bando se siente poseedor exclusivo de la verdad.

En ese contexto, la violencia política deja de ser un hecho excepcional para convertirse en una señal funcional. Una muerte, una amenaza o un ataque no solo impactan emocionalmente: ordenan el campo político, reafirman los bandos y fortalecen las trincheras. Los actores políticos y mediáticos lo saben, y por eso las tragedias se interpretan, no se investigan. Se capitalizan simbólicamente, no se lamentan en silencio. Cada hecho doloroso se convierte en una pieza dentro del tablero de la política expresiva, donde el objetivo ya no es deliberar, sino amplificar emociones.

Lo paradójico es que, mientras las redes sociales multiplican el acceso a la información, la verdad se vuelve más difusa. En Colombia, más del 80 % de las personas obtienen su información política a través de plataformas digitales, según el Centro Nacional de Consultoría, y el 65 % afirma no verificar las fuentes antes de compartir una noticia. Este entorno crea un ecosistema perfecto para la posverdad: una democracia saturada de información pero desnutrida de pensamiento crítico. Y en ese vacío, los políticos no necesitan demostrar, solo emocionar. Los ciudadanos no exigen coherencia, sino confirmación de sus prejuicios.

En este escenario, la violencia política no solo destruye cuerpos, sino también las bases epistémicas de la democracia. Cuando los hechos dejan de importar, el debate público se convierte en una competencia de ficciones. El asesinato de un líder social, por ejemplo, debería provocar una reflexión colectiva sobre la fragilidad institucional y la responsabilidad estatal. Pero termina siendo absorbido por la polarización: unos lo usan para denunciar el fracaso del gobierno, otros para acusar a la oposición de manipulación. El dolor pierde su humanidad y se convierte en argumento.

Esta deformación de la vida democrática tiene consecuencias profundas. Cuando los ciudadanos perciben que la verdad ya no importa, que las instituciones no la buscan y que la política solo responde a emociones, se instala una desconfianza estructural. Esa desconfianza erosiona la legitimidad del Estado, del sistema judicial, de los medios y de cualquier intento de mediación social. Es lo que los teóricos contemporáneos llaman “fatiga democrática”: una sensación colectiva de hartazgo frente a un sistema que ya no inspira credibilidad, pero del que no se puede escapar.

Colombia, en su historia reciente, ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse a la adversidad, pero no para superar la manipulación emocional. Los mismos mecanismos que antes se usaban para justificar la guerra, hoy se usan para justificar la polarización digital. Las emociones políticas, una vez liberadas, son casi imposibles de contener. Y cuando la política se alimenta de ellas, la violencia deja de ser un medio para transformarse en un lenguaje, una forma de comunicación que todos entienden y pocos cuestionan.

La democracia, al dispersar el poder, también dispersa la responsabilidad. Nadie es completamente culpable, pero todos contribuyen a la degradación del discurso. Los votantes que comparten sin leer, los periodistas que opinan antes de confirmar, los políticos que incendian antes de argumentar. La suma de estas pequeñas irresponsabilidades construye una sociedad donde el ruido sustituye al pensamiento.

Tal vez la pregunta no sea cómo evitar la violencia política, sino cómo devolverle a la verdad su valor público. Porque mientras la política siga siendo un escenario de expresividad tribal y no de deliberación racional, los hechos seguirán siendo irrelevantes. Y cuando los hechos dejan de importar, lo único que queda es la fuerza.

En una nación donde la palabra ha sido degradada por el grito, la verdad se convierte en una forma de resistencia. No una verdad absoluta ni partidista, sino una verdad buscada con rigor, paciencia y humildad. Esa es la tarea más difícil en tiempos donde todos quieren tener razón, pero pocos quieren tener conciencia. Y quizás esa sea la señal más alarmante de todas: que en Colombia, la violencia ya no busca el poder, sino el aplauso.