Racionalidad, lógica y sentido común

Hace unos días, entre amigos, surgió una discusión aparentemente sencilla: ¿por qué dos municipios de un mismo departamento, relativamente cercanos y con características económicas y sociales similares, pueden terminar teniendo realidades tan diferentes? La conversación terminó llevándonos a una discusión mucho más profunda: ¿qué esperamos realmente del Estado y, sobre todo, quién paga la cuenta de todo aquello que esperamos de él? La respuesta que más se repite cuando hablamos de los problemas de un municipio parece sacada de un catálogo: necesitamos un programa social, una política pública, más subsidios, más transferencias, más inversión. Y muchas de esas necesidades pueden ser absolutamente legítimas. El problema aparece cuando hablamos de ellas como si fueran deseos que simplemente pueden cumplirse frotando la lámpara de Aladino. Pero el Estado no crea dinero porque existan necesidades. Detrás de cada programa hay un presupuesto. Detrás del presupuesto hay ingresos. Y ...

Hay una costumbre profundamente arraigada en la administración pública colombiana que deberíamos empezar a cuestionar: cuando aparece un problema social, la primera reacción suele ser crear una política pública. Si hay jóvenes sin oportunidades, una política pública. Si hay mujeres desempleadas, una política pública. Si existen vendedores informales, una política pública. Si aumenta la pobreza, otra política pública. Si determinado grupo poblacional enfrenta una dificultad, se propone una política pública específica. Y si ya existe una política pública que no funciona, la respuesta muchas veces termina siendo crear otra política pública para corregir la anterior. En algún momento deberíamos detenernos y formular una pregunta mucho más incómoda: ¿realmente todos los problemas de una sociedad necesitan una política pública? La pregunta parece sencilla, pero tiene implicaciones enormes porque detrás de cada política pública existe una estructura institucional, una decisión pre...